2018: cuatro tendencias en seguridad para Venezuela

Crímenes sin castigo | 30 de diciembre de 2018

Blogger, Criminalidad

-En un período de hiperinflación y destrucción institucional, los cambios en el entorno de seguridad para Venezuela también afectan a los países de la subregión, en múltiples formas

@javiermayorca

Durante el año que está por finalizar, el país cambió de forma acelerada. Las alteraciones ocurrieron en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada, en sentidos y con magnitudes que quizá no conocemos todavía de manera racional, pero que ya sentimos a diario como una profunda angustia.

Estos cambios también se han manifestado en el plano de la seguridad ciudadana. La descripción detallada de cada uno de los aspectos tomaría mucho tiempo. Además, se correría el riesgo de incurrir en imprecisiones, en virtud de la violencia con la que suceden una tras otra las nuevas realidades.

En esta entrega, se plantean cuatro grandes tendencias que, debido a sus características de inevitabilidad en el actual estado de cosas, probablemente veremos con mayor fuerza en los meses por venir.

1) El costo de la seguridad excedió la capacidad del Estado. En un contexto de incremento acelerado de todos los precios, un gobierno manejado en términos más o menos racionales se concentraría en sus labores básicas, y dejaría lo demás a la iniciativa privada. En Venezuela, esto no es así. En consecuencia, estamos ante un régimen que incumple con sus deberes mínimos, entre ellos el de proveer seguridad a sus ciudadanos. Antes, podía ocultar esta deficiencia con una propaganda que destacaba las adquisiciones y gastos en asuntos meramente accesorios, pero que servían para dar la impresión de que algo se hacía. Cámaras por aquí, patrullas por allá, globos aerostáticos que nunca sirvieron, tecnología chatarra… Ahora, el costo de la seguridad es trasladado como nunca a los ciudadanos y lo que resta de empresariado, lo que representa un fenómeno de doble y hasta triple tributación. En Falcón, por ejemplo, el departamento de seguridad de un hotel costeó la reparación completa de dos motos para que la Policía Nacional pueda cumplir con la ficción de los circuitos de patrullaje, pero especialmente para que acuda al hotel cuando se le llama. En Caracas y Nueva Esparta, se puede ver a los policías “preventivos” metidos en panaderías y joyerías durante las horas de cierre, haciendo el trabajo de “parceleros” de manera totalmente ostensiva. Esto no es gratis, ni se paga solo con los impuestos.

2)El Gobierno se consolidó como factor de violencia. Cuando se analiza las cifras de homicidios, conocidas de manera extraoficial, el eufemismo de los “ajustes de cuentas” sigue siendo el principal móvil. No existe un protocolo para definir esta expresión. Sin embargo, uno supone que la mayoría de estas muertes obedece a disputas por el control de los territorios donde se lleva a cabo algún comercio ilegal, ya sea de drogas, algún mineral precioso o mercancías subsidiadas por el Gobierno.

Inmediatamente después de los “ajustes de cuentas”, encontramos que la segunda causa de homicidios en el país ocurre en contextos de supuestos enfrentamientos con agentes policiales o militares, llamados “resistencia a la autoridad”. Si se revisa los registros sobre este tipo de muertes durante los últimos tres años, encontraremos que el número de fallecidos por cada expediente es cada vez mayor. En 2018 hubo prácticamente un fallecido por cada caso de “resistencia a la autoridad” reportado en el país. Esto podría definirse como letalidad policial.

La letalidad policial va en aumento

Esto tiene implicaciones en cuestiones que van más allá del tema de seguridad ciudadana. Una de las razones para la instauración del “nuevo modelo policial” fue precisamente la percepción de que los cuerpos policiales tenían una alta propensión a resolver los conflictos mediante la fuerza letal, lo cual de hecho los convertía en un combustible para esos conflictos. Ocho años después de instaurado ese nuevo modelo, la situación ha empeorado, lo que sugiere la existencia de un estamento político que utiliza a estas instituciones como herramienta para consolidarse en el poder. De allí que la mayoría de estos casos quede impune.

3)Delincuencia desplazada. Las tácticas de “mano dura” aplicadas desde el Gobierno, en un ambiente de escasa o nula institucionalidad unido a la crisis económica, han estimulado desplazamientos también entre los delincuentes. Los primeros destellos de lo que se vive en la actualidad fueron advertidos en este mismo espacio en abril de 2016. Solo que ahora esto ha adquirido dimensiones mucho más preocupantes.

La llamada “diáspora” no es solo de personas de bien. Este año vimos a elementos de la megabanda Tren de Aragua capturados en Lima, luego de participar en robos a comercios. Cuando se le preguntó a uno de estos detenidos por qué había viajado hasta la capital peruana, él afirmó que fue una reacción a las amenazas de muerte por parte de elementos de la Policía Nacional. Esto podría ser una simple justificación. Pero se han visto fenómenos similares en otros países. En Cúcuta, por ejemplo, hay sectores donde bandas venezolanas han desplazado a las locales con la finalidad de traficar drogas. En Barranquilla, han detectado a venezolanos incorporados a bandas de extorsionadores. En Panamá, México y Costa Rica las redes de prostitución y trata de personas cuentan con la participación de venezolanos. En Orlando y Miami operan grupos de delincuentes venezolanos, dedicados al hurto de piezas de vehículos y asaltos a viviendas.

El fenómeno de desplazamiento de la delincuencia no solo ocurre hacia el exterior. También sucede en distintos lugares del territorio nacional. Y esto se puede apreciar en los incrementos de ciertos delitos como homicidios y robos de vehículos en determinadas localidades. Una de ellas, ubicada al sur del país, amerita especial atención.

4)Bolívar, panal de miel. Para la primera semana de diciembre, los homicidios en Tumeremo tenían un incremento de 8% con respecto a 2017, año en el que también hubo aumentos en esa parroquia del municipio Sifontes del estado Bolívar, epicentro de una intensa actividad minera. El robo y el hurto de vehículos también aumentaron 17%. Este dato es muy significativo, pues va en contra de la tendencia nacional, que es consecuencia de una dramática disminución del parque automotor -y no de una mayor efectividad policial-. Estos son apenas indicadores de un deterioro profundo del entorno de seguridad, que ha sido advertido por operadores políticos y por la prensa independiente. Al momento de escribir estas líneas, Bolívar es el estado con la tasa de homicidios más elevada (48 casos por cada 100.000 habitantes, según los cálculos gubernamentales). Supera incluso a Aragua. Esto sin contar con más de 300 muertes a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad, muchas de las cuales no son consignadas en los registros oficiales, pero sí son reportadas por los medios no oficialistas.

La presencia documentada de grupos armados como el ELN es otro indicador de que la violencia en esa región del país continuará aumentando.

Finalmente, se debe reflexionar sobre la incorporación cada vez más activa de Venezuela (y de los venezolanos) y elementos de otros países en las redes de producción y tráfico de drogas, en conjunción con la explotación minera en el sur del país. Estos son factores que podrían estimular el escalamiento de los conflictos ya existentes. Los ingresos que generan son de tal magnitud que difícilmente pueden ser abandonados por tales estructuras. La literatura sobre las guerras civiles luego de la caída del Muro de Berlín indica que el control sobre los recursos naturales ha sido un objetivo fundamental de los bandos en pugna, desde Sierra Leona hasta Irak. La fragilidad del Estado y sus instituciones, y la voracidad de la élite gobernante, solo estimulará la violencia en un contexto de cambios acelerados como el que se vive en Venezuela.

Breves

-Por segunda vez en este lustro, estamos ante un año que cerrará con más de cien casos de homicidios bajo la modalidad de sicariato, es decir, muerte por encargo. El récord fue reportado en 2017, cuando hubo por lo menos un caso todos los días. A juzgar por las cifras recogidas hasta el mes de septiembre, 2018 finalizaría con al menos 120 víctimas. Suman más de 550 casos durante los últimos tres años. Esto sugiere la existencia de una industria, cuyo propósito sería matar personas a cambio de dinero. El asunto ha llegado hasta el punto en que agentes de la policía judicial se ven involucrados en crímenes de este tipo, en calidad de coautores o cómplices. Tal fue el asesinato del comerciante Juan Carlos Urdaneta, acribillado en el sector Caño Muerto del estado Zulia el 14 de diciembre. Las investigaciones determinaron que tres agentes de investigaciones de Homicidios de la subdelegación San Carlos de ese estado supuestamente aportaron a través de una cuenta Instagram los datos sobre la ubicación precisa de la víctima, para que fuese ejecutada de inmediato por miembros de la megabanda de los Meleán. Zulia es, por cierto, el estado del país donde más personas son ultimadas por contrato de terceros.

-¿Se prepara la Milicia para asumir de lleno labores de auxiliar de policía? Este parece ser uno de los mensajes que se pueden extraer del más reciente ejercicio militar Venezuela Libre y Soberana. El único aspecto público de esta movilización fue el ofrecimiento del presidente Maduro a los milicianos en cuanto a la entrega de un bono, durante una parada llevada a cabo en el patio de las academias militares en Fuerte Tiuna. Sin embargo, los documentos distribuidos en unidades militares del país con detalles de esta actividad indican que, durante un conflicto interno o externo, estos señores uniformados de caqui y con vetustos fusiles FAL calibre 7.62 mm serían emplazados en todo el país para complementar las labores de las policías leales al Gobierno, en combinación con lo que llaman “organizaciones sociales y populares”, es decir, colectivos y miembros de algunos consejos comunales. Además, los milicianos ya comenzaron a recibir algún entrenamiento en este sentido, cuando les han asignado ocasionalmente la vigilancia de instalaciones gubernamentales y recreativas, como son el Metro de Caracas y el parque del Este. También hacen lo propio alrededor de Miraflores, en un particular circuito de patrullaje punto a pie.

Tres preguntas a… Mercedes de Freitas (directora de Transparencia Venezuela)

-Las encuestas realizadas por Transparencia Internacional arrojan evaluaciones cada día menos auspiciosas para el país en materia de corrupción. ¿Es un problema cultural, o bastaría simplemente con un cambio de gobierno?

-Ni una cosa ni la otra. No creo que nuestra cultura sea responsable del nivel de corrupción que tenemos en el país. Sí creo que se ha convertido en un hábito institucional. En las instituciones es un hábito aprovecharse personalmente de lo público, a todo nivel. Eso ocurre porque no hay castigo ni sistema judicial. No creo que un cambio radical de gobierno vaya a ser suficiente para acabar con este estado de corrupción e indefensión de los ciudadanos. Se requerirá de un trabajo gigantesco, con una real revolución de la justicia en Venezuela. Y hace falta incorporar sistemas de contraloría independiente y autónoma; capacitar a gente que haga las cosas distintas del ejecutor y supervisor. Ese es un proceso muy largo. Habrá que incorporar presión de los ciudadanos, de los medios, de las convenciones internacionales. Por esto estamos en la discusión interna, y sacándola a lo externo, de contar con un mecanismo heterodoxo de justicia como el que hay en Guatemala, con las Naciones Unidas, que está sobre la justicia y la fiscalía guatemalteca para casos de corrupción e impunidad. O como la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad) en Honduras, que tiene la tarea de apoyar en la capacitación de fiscales y jueces. ¿Cómo pensar en acabar en la impunidad con el mismo cuerpo de fiscales, defensores y jueces que tenemos en Venezuela? Sabemos que muchos están presionados, una tarea muy terrible. Pero muchos han callado y se han hecho de la vista gorda. Entonces, si llegara a ocurrir un cambio de cualquier tipo haría falta iniciar con un diseño de protección de lo público y de justicia, que movería a este país hasta sus cimientos. Pero no hay manera de cambiar al país sin este sistema anticorrupción que debe iniciarse. Eso significa, en efecto, un cambio de hábitos importante.

-Cada vez que surge una denuncia de corrupción que involucra a venezolanos (Pdvsa, Andrade, etc.) la Fiscalía (designada por la ANC) anuncia una investigación sobre el mismo hecho. ¿Qué sentido ve a tales anuncios?

-No hemos visto a la fiscalía actuando completamente sobre los casos de corrupción. Por ejemplo, en Pdvsa hay una larga lista de denuncias públicas en los que la Fiscalía ha hecho mutis. Se ha referido casi siempre a casos en los que está involucrado el equipo anterior, la Pdvsa de Chávez, no la de Maduro. También vemos que los diferentes casos, como Tocoma y Odebrecht, la Fiscalía no ha dicho nada ni ha hecho nada. Pudimos confirmar con los fiscales de Lava Jato (nombre del expediente sobre corrupción a través de Odebrecht en Brasil) que la Fiscalía no ha firmado el convenio que firmó el resto de países para recibir la información de las delaciones. Eso por decir los casos grandes, gigantes. Con respecto a los Clap, por ejemplo, la Procuraduría mexicana prohibió a las empresas de alimentos vender directa o indirectamente a Venezuela alimentos para las cajas Clap. Además, puso una multa de más de tres millones de dólares a estas empresas por vender con sobreprecio. Bueno, Cuspal o Casa fueron las que pagaron estos sobreprecios, según la Procuraduría mexicana. El Fiscal (Tarek William Saab) no ha dicho nada sobre esto. Y así podríamos mencionar otros casos, donde la actuación ha sido tangencial, al bordecito, y sobre lo que tiene que ver no con los poderosos del país.

-¿Qué condiciones deberían darse en el país para que sean recuperados los fondos congelados por otros estados en investigaciones por corrupción de funcionarios venezolanos?

-No tengo buenas noticias. Hemos investigado, y hemos sabido que la recuperación de activos es lenta y de montos muy bajos. Los casos en los que se ha logrado, se ha recuperado porcentajes muy bajos del dinero recuperado o incautado a delincuentes de diferente tipo. EEUU lo que devuelve es mínimo. Europa ha devuelto cifras mínimas a países africanos. Si estamos pensando en reconstruir y ver de dónde sacamos el dinero para salir de la crisis, lo mejor no es pensar en la recuperación de activos producto de la corrupción. Lo que hemos visto es la posibilidad de que ese dinero congelado se use para la compra de productos que puedan ayudar a superar la emergencia humanitaria. Pero la información que tenemos no es muy optimista. Y aunque lo fuera, tardarían muchos años en devolver ese dinero. Lo que hemos escuchado directamente de autoridades de otros países es que no estarían dispuestos a devolver el dinero a este gobierno que no ha hecho nada contra la corrupción, y no sabrían qué podrían hacer con más dinero en medio de esta crisis.

Libros

-Las caídas de los carteles de Cali y de Medellín dieron paso a una nueva realidad en cuanto a la delincuencia organizada, tanto en Colombia como en Venezuela. Nuevos y viejos actores del tráfico de drogas y otros delitos, como el comercio ilegal de armas de fuego, el sicariato y la trata de personas, por citar algunos, se reagruparon e intentaron tomar los espacios que abandonaron las estructuras lideradas en los ochentas y noventas del siglo pasado por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. Estos procesos generaron un sinfín de historias, algunas de las cuales tuvieron importantes capítulos en el país durante los períodos gobernados por Hugo Chávez. Blanco neutralizado (Bogotá, 2015) es una lectura obligada para quienes intentan entender por qué Venezuela se convirtió en un centro de operaciones de la delincuencia organizada internacional. En sus páginas se da la perspectiva de los agentes de los distintos cuerpos colombianos, y en especial de la Policía Nacional, encargados de perseguir y capturar a los líderes de los carteles emergentes y de importantes exponentes de las FARC, como Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. La coordinadora de esta publicación fue la periodista Jineth Bedoya, quien encargó las reseñas a los reporteros que investigaron e hicieron seguimiento en su momento a cada historia. Episodios tan enigmáticos como el asesinato de alias Jabón en Mérida –luego de varios intentos de captura durante su estadía en Venezuela- y la detención de Diego Rastrojo son relatados con claridad en este libro. Desde luego, la información vertida en estas páginas es tan comprometedora para las autoridades venezolanas que solamente podrá ser encontrado a través de los kioscos de librerías colombianas.