El Curso 63

Crímenes sin castigo | 1 de noviembre de 2020

Conflictos

-En esta nueva fase del proceso político, la represión llega no solo a los funcionarios policiales o militares que opinen en contra del régimen, sino también a aquellos que guarden silencio y no los delaten

@javiermayorca

El viernes 16 de octubre, la Inspectoría de Control de Actuación Policial (Icap) de la Policía Nacional Bolivariana remitió al Centro de Operaciones Policiales de ese mismo cuerpo una convocatoria de carácter obligatorio, para que treinta funcionarios de las más altas jerarquías se presentaran el domingo siguiente en las oficinas de ese órgano de investigación interna, en Caracas.

Se trata de una acción sin precedentes en la corta historia de la PNB. De todos los nombres que integran la lista, solo cinco tienen grados de supervisores. Los veinticinco restantes son comisionados, es decir, están en el tope de la pirámide policial. Algunos de ellos se desempeñan en plazas tan remotas de la capital como San Cristóbal y Cumaná. Aún en esta situación de cuarentena, la inasistencia solo agravaría la situación.

Entre todos los convocados había un factor en común: participaban en un chat de WhatsApp denominado Curso 63. Este nombre, explicó uno de los participantes en ese foro, aglutina a los egresados de la Escuela de Formación de Agentes Policiales (EFAP) en el año 2000. En aquel entonces, la mayoría de los graduandos pertenecía a la Policía Metropolitana de Caracas, aunque algunos laboraban en cuerpos de seguridad municipales o de estados del interior del país.

Estos agentes, surgidos casi todos de las filas de la PM, conformaron en 2009 los primeros cuadros de la Policía Nacional, luego de ser sometidos a un proceso de homologación a los estándares de lo que se llamó el “nuevo modelo policial”, y con el pasar de los años han ocupado posiciones clave dentro del cuerpo civil armado más grande del país, con unos 27.000 funcionarios.

Persecución en la PNB

Pero los diseñadores de ese nuevo modelo no tomaron en cuenta el advenimiento de las redes sociales y de los sistemas de mensajería. Poco o nada se dice al respecto en los tres tomos entregados en 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que sirvieron como base para la gestación de la PNB.

La preocupación comenzó cuando los jefes policiales se percataron de que las informaciones sobre los procedimientos llegaban primero a los medios de comunicación que a sus escritorios, con lo cual perdían el control de la propaganda. Ya no era necesario convocar a una rueda de prensa para suministrar datos que incomodaran a la superioridad, como le sucedió en la primera década de este siglo al entonces jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, comisario Sergio González. Ahora, simplemente bastaba con filtrar las minutas a alguno de los cientos de grupos que comparten funcionarios activos y retirados, docentes y reporteros. Y al poco tiempo el asunto sería del dominio público.

En varias oportunidades, los jefes policiales enviaron advertencias con las sanciones a las que se expondrían los agentes que divulguen datos en foros o sistemas de mensajería. Sin embargo, el control se complicaba pues en algunas localidades la infraestructura de comunicaciones está tan deteriorada que no es posible hacer verificaciones de antecedentes en tiempo real, y la única forma de remitir las novedades es a través de WhatsApp. Y al correr de teléfono en teléfono, el riesgo de una filtración de los informes se incrementa.

En 2018, la Policía Nacional activó una oficina destinada a hacer un monitoreo a las redes sociales. Como objetivos de vigilancia están no solo los periodistas, sino también las fuentes de información. Posteriormente, comenzó el análisis de los grupos creados en sistemas de mensajería, en especial aquellos donde hubiese constancia de la participación de funcionarios. Detectaron que por allí podrían sondear el verdadero clima de opinión entre los agentes, en un momento en que se agudiza la conflictividad política.

En 2019, por ejemplo, una docente de la Universidad de la Seguridad en el interior del país fue llamada a Caracas. Según su propio testimonio, un directivo de la institución le recriminó por haber posteado una crítica al Gobierno en su cuenta personal de Twitter. La amenazaron con expulsarla ipso facto con el argumento de que era “personal de confianza”, y que por ende no podía referirse en esos términos hacia sus patronos. Ella renunció.

Pero el foro llamado Curso 63 era visto como algo más grave que la crítica aislada de una profesora. El régimen inició un monitoreo de los contenidos intercambiados entre los uniformados, para detectar quiénes tenían posiciones críticas hacia Maduro y su entorno. Según documentación recabada para esta nota, se decidió ir contra ellos para “enviar un mensaje contundente” a los que, según la jerarquía gubernamental, simpatizarían con “grupos extremistas”.

La cacería comenzó en marzo, con la detención del comisionado Will Coche, quien fue presentado en los tribunales de Caracas bajo el cargo de instigación al odio, debido a que posteó en su estado de WhatsApp una imagen en la que expresaba su rechazo a Maduro. Cuando lo llevaron a los juzgados de Cruz Verde, desmayó y tuvo que ser auxiliado por paramédicos.

Coche participaba en el chat Curso 63. Pero en ese momento, los contertulios no sospecharon que el centro de la investigación podría ser ese foro, y no un agente de manera individualizada. Eran los primeros días del estado de alarma, y la atención parecía enfocarse en otras cosas.

De Gedeón a Negro Primero

En la madrugada del domingo 3 de mayo, una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional mató en un rompeolas de Macuto a seis hombres que presumiblemente participaban en un plan para capturar a Maduro o a alguno de los oficialistas por los que el gobierno estadounidense había ofrecido millonarias recompensas, y precipitar de paso un cambio político en el país.

Los hombres que navegaban desde la Guajira colombiana habían bautizado esa cruzada con el nombre de Gedeón, el guerrero que según las sagradas escrituras venció a regimientos enteros contando con solo 300 campesinos. Mientras tanto, el oficialismo puso a la operación de los FAES el nombre de Negro Primero. Aunque la PNB emplazó a un número importante de funcionarios, el núcleo central de la acción era una docena de comandos. Una vez levantados los cadáveres, se retrataron frente al teatro de operaciones, con sus fusiles AK-103, pistolas y cascos tácticos.

Pero la foto de los policías no molestó tanto al régimen como la divulgación de sus nombres, dos meses después, cuando se propuso incorporarlos en forma express a las listas de ascensos de la PNB.

Uno de los que reaccionó en contra de esta situación fue el comisionado jefe Daniel Urpín Castañeda, egresado del Curso 63 de la PM y contertulio del chat que llevaba el mismo nombre. Para la primera semana de junio, era jefe de Archivo de Investigación Disciplinaria de la Inspectoría de la PNB. De acuerdo con un acta de notificación firmada por el general (GN) Frank Morgado, director de la Inspectoría de la PNB, este funcionario reveló a través del foro WhatsApp las identidades de los FAES que habían participado en la matanza de Macuto.

Para ese momento, indica el mismo informe, participaban en el chat 171 personas, ubicadas en el Ministerio Público, la policía judicial, Banco Central de Venezuela, Seniat y docentes en varias instituciones. Esto garantizaba que la lista de los ascensos correría como pólvora.

Según la abogada Jackeline Sandoval, Urpín fue privado de libertad el 9 de junio. El día anterior, hicieron lo propio con otro participante en el mismo foro de WhatsApp, el internacionalista y ex policía con once años al servicio del Parlamento Latinoamericano, Nelson Vivas. Según la litigante, ambos fueron despojados de sus teléfonos para extraerles las informaciones que luego sustentarían imputaciones por instigación al odio, a cargo del fiscal 59 Frank Bracho. La presentación se llevó a cabo el 12 de junio en el juzgado 26 del Área Metropolitana, a cargo de la abogada Janeth Jerez Mata.

Urpín y Vivas permanecen en el retén de la Zona 7 de la PNB, donde también fue recluido el comisionado Coche.

Mientras tanto, avanzan las averiguaciones administrativas. Los treinta funcionarios convocados para el domingo 18 de octubre han tenido que justificar su pertenencia al chat Curso 63, en términos que sorprenden por lo inusitado del caso. De acuerdo con la imputación de Morgado, los integrantes del foro enviaron “informaciones en contra del gobierno venezolano y de las políticas públicas llevadas por el régimen, y en ningún momento éstos notificaron al órgano disciplinario”, lo que según su valoración constituye una “novedad de carácter grave”. En otros términos, según la óptica del Inspector General de la PNB, los contertulios estaban en el deber de delatar a quienes hablaran mal de Maduro. Al no hacerlo, se arriesgan a recibir la pena máxima, que es la expulsión de la policía.

La remoción del general en jefe Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores aparentemente paralizó la purga en la PNB. La decisión ha quedado en manos de la sucesora en el cargo, la almirante en jefe Carmen Meléndez.

Pero ya fue logrado un primer efecto: implantar el miedo.

Según la abogada Sandoval, “ahora nadie habla en grupos policiales, no interactúan, se van saliendo (…), pues hay una cacería en cuanto a las opiniones que puedan emitir”.

Breves

LICENCIAS EXPRESS

Arriba, la de verdad, abajo la falsa

El 27 de octubre, la Policía Nacional española informó que 293 personas habían sido detenidas en todo el país europeo por el uso de licencias para conducir fraudulentas, aparentemente emitidas por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Venezuela. De acuerdo con la nota, los documentos eran ofrecidos por gestores a un promedio de 90 dólares, y eran entregados en un máximo de tres días. Esta investigación tenía varios meses en desarrollo. En junio, ese organismo envió una circular a todas sus brigadas de extranjería, en la que alertaba sobre la proliferación de los permisos para conducir venezolanos falsos, “los cuales están siendo utilizados en el interior del territorio español por nacionales de dicho país, cuyos portadores los presentan para identificarse en los controles policiales, en ocasiones junto con el documento de solicitante de asilo”. Anexo a ese texto, se remitían algunos ejemplos de licencias obtenidas de forma ilegal. En el afán de parecer verdaderas, les ponían códigos de barra en ambas caras. La licencia de conducir venezolana ya no es entregada en un soporte plástico, sino que es remitida por el INTTT directamente al correo electrónico del titular, en formato PDF, de manera que el propio interesado debe imprimirla y plastificarla. Según la Policía Nacional española, esta característica “hace más fácil su falsificación, al carecer de medidas de seguridad”. En España, el uso de un documento falso por extranjeros podría ser causal para una deportación.

NUEVO BALANCE DE PODER

¿Quién gana y quién pierde con la remoción de Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores, y su reemplazo por Carmen Meléndez, actual gobernadora del estado Lara? Según el ex diputado y analista en temas militares Luis Manuel Esculpi, “con la salida de Reverol pierden varios (dirigentes del oficialismo), en primera instancia Tareck el Aissami”. Ciertamente, el gran salto del primer general en jefe de la Guardia Nacional fue en 2008, cuando fue promovido con el respaldo de el Aissami a la presidencia de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). De allí iría al viceministerio de Seguridad y Prevención, y posteriormente ocuparía la comandancia general de la Guardia Nacional y el MRI. Reverol ha sido un promotor de las tácticas de “mano dura” en el tratamiento a la criminalidad, e igualmente a la disidencia política, lo que le valió una sanción del Departamento del Tesoro por violaciones a los derechos humanos. Fue uno de los principales impulsores de las famosas operaciones de Liberación del Pueblo, aunque esa actividad ya había comenzado meses antes, cuando él era viceministro. Las OLP, con su estela de matanzas, fueron duramente criticadas por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet. No hay duda de que buena parte de los señalamientos consignados en los informes de Bachelet y en de la misión de determinación de hechos de la ONU apuntan hacia este oficial. Cuando fue ascendido por Maduro al grado de general en jefe, en junio de este año, parecía que los rumores sobre su designación para el ministerio de la Defensa tenían sustento. Cuatro meses después, la situación es radicalmente distinta, y Reverol pareciera destinado a un futuro similar al del general Motta Domínguez. Según Esculpi, Meléndez forma parte del entorno directo de Maduro. A él debe su ascenso al grado que ostenta actualmente, así como su paso por distintos despachos del Gabinete. Sin embargo, al sacarla de la gobernación de Lara se comprueba que el círculo del mandatario se hace cada día más estrecho, y que nadie más allá de ese pequeño grupo está dispuesto a sacrificarse en una posición de tanta relevancia como el MRI. Huelga decir que los logros en la gestión de Seguridad Ciudadana carecen de relevancia para este nombramiento. Durante la primera pasantía de Meléndez (2014-2015) las tasas de criminalidad marcaron verdaderos récords, y Venezuela se consolidó como el país más violento del mundo. Las bandas criminales, además, ganaron importantes territorios gracias al avance de las llamadas “zonas de paz”.

HAMPA REACTIVADA

Con la prolongación “flexibilizada” del estado de alarma, comienza un resurgimiento de la criminalidad en el país. Uno de los delitos llamados “marcadores” por el régimen es el hurto de vehículos, en el que los autos, motos y camiones son despojados de sus legítimos propietarios mediante métodos de agilidad y destreza. Entre los meses de enero y marzo, fueron denunciados 861 casos de este delito en todo el territorio nacional. En el lapso abril-junio, la cifra disminuyó a 387, es decir, una baja de 55% con respecto al trimestre anterior. Pero en los tres meses siguientes (julio-septiembre) repuntó de nuevo en todo el país, para totalizar 502 denuncias (29% de incremento). Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que los delincuentes también están cansándose del prolongado confinamiento. En la zona conformada por Distrito Capital y estado Miranda, el comportamiento ha sido similar al del resto del país. Para finales de septiembre, totalizaban 860 casos reportados. El hurto de vehículos se lleva a cabo primordialmente en las vías públicas. El incremento de la circulación de autos, motos y camiones en los lapsos de “flexibilización” también es aprovechado por los delincuentes.

Libros

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) avanza en una investigación sobre el destino de las fortunas amasadas por los corruptos jerarcas venezolanos. Por si fuera poco, encuentra que una parte de estos dineros ha recalado en un pequeño principado europeo, mezclados con los de mafiosos de China y Rusia, que también han ocupado las primeras planas de la prensa mundial. El propósito concreto es determinar quiénes son estos venezolanos y cuánta plata manejan. Para obtener esta información, es claro que no pueden irrumpir en los bancos con órdenes judiciales. Así no actúan los espías. Así que buscan un camino verde, una trocha, de la mano de un renombrado traficante de drogas español, conocido en las agencias de las entidades financieras andorranas por llevar bultos de efectivo para hacer sus depósitos. Mientras hacen el conteo de cada euro, el hombre introduce en las computadoras personales de los gerentes que le dispensaban atención VIP un troyano, convenientemente suministrado por los estadounidenses en un pen drive. De esta forma, los agentes obtuvieron una data valiosísima, que luego fue usada para exigir a entidades como la Banca Privada de Andorra que cesara sus operaciones, en un escándalo internacional de tales proporciones que terminó por poner una lápida sobre este banco. ¿Verdad o ficción? En el prólogo de su último libro Andorra Connection (Miami, 2019) Joaquín Abad aclara que sus páginas son el producto de la imaginación. Pero en la medida en que se avanza en la lectura, nos damos cuenta de que los nombres no han sido cambiados, y que los hechos narrados tienen un anclaje en noticias muy recientes, de realidad pura y dura, en la que los millardos sacados del país por oficialistas y «boliburgueses» termina mezclado en la banca del paraíso fiscal que también sirve a la corrupción española, que a juzgar por el relato de Abad también es abundante y variopinta. Andorra Connection es la continuación de una saga que inició con el lanzamiento de El Andorrano (Miami, 2018), y en la que este periodista se sumerge en la historia de este principado y sus fortunas, gestadas en el contrabando de tabaco y de las personas que huían de los conflictos armados que asolaron a Europa durante la primera mitad del siglo pasado. Con el proceso globalizador, Andorra se transformó en un importante centro bancario, donde los cambistas de otrora encontraron un nuevo nicho de negocios al ofrecer escondite para el dinero de evasores de impuestos, redes terroristas y traficantes de drogas y armas. Esta obra, escrita en una depurada prosa periodística, pareciera más un largo reportaje que un ejercicio de ficción.