Escudo Bolivariano

Las últimas maniobras de la Fuerza Armada colocan a una buena parte de la población como “enemiga” del régimen, y por ende susceptible de ser objetivo militar en un contexto de conflicto

@javiermayorca

Las maniobras Escudo Bolivariano fueron mucho más que lo reflejado en el video de la gordita miliciana atascada en el caucho de un circuito de entrenamiento.

Ese episodio contribuye a reforzar una imagen de los milicianos, que puede ser parcialmente cierta, pero que no explica el denodado interés del régimen por promover el crecimiento de la institución, caracterizada como “pueblo en armas”. La banalización de uno de los factores del conflicto no es conveniente, aún si la iniciativa parte de sectores del propio oficialismo.

Escudo Bolivariano fue mucho más que esa anécdota. Los milicianos, como el resto de la Fuerza Armada, participaron en unas maniobras que perfilaron las acciones a emprender si en Venezuela llegase a declararse un estado de conmoción, en virtud de la intervención de factores externos.

En primer lugar, cabría preguntarse qué se intentará proteger con el mentado escudo. Sobre ello hay varias pistas. Una muy significativa es que en la fase preparatoria se ordenó el traslado de tropas de la Guardia Nacional desde el estado Miranda hacia el municipio Libertador. Allí, los militares y los grupos civiles armados conformarían una serie de anillos en torno a Miraflores, lugar donde tiene su asiento el Poder Ejecutivo.

En algunos documentos revisados para este trabajo en torno a los recientes ejercicios militares se pudo apreciar una premisa común: las acciones de la Fuerza Armada y los grupos civiles del oficialismo eran la respuesta a la incursión de “fuerzas invasoras” de Estados Unidos, en hipotética alianza con factores locales. El “enemigo”, entonces, no solo son los militares estadounidenses sino los venezolanos que rechacen al actual régimen.

Esta línea ha sido trabajada por el régimen desde hace varios años. Ya el famoso Plan Zamora y sus catorce planes subsidiarios adelantaron algunas cuestiones al respecto. Incluso, las primeras maniobras Escudo Bolivariano, llevadas a cabo en 2015, hacían referencia a esta misma situación. Solo que ahora la respuesta perfilada por los militares ha sido mucho más contundente. Por ejemplo, el despliegue de los sistemas de misiles BUK y Pechora en torno a los aeropuertos que sirven a la capital, y el apostamiento de tanques T-72, así como otros blindados en los principales accesos a la capital pareciera indicar una mayor disposición del Ejército a participar en situaciones que no necesariamente tienen las características de conflicto regular. También se ensayó desde azoteas en Caracas el disparo de cohetes Iglas, algo que ha ocasionado legítima preocupación por autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Otro elemento se refiere a la gestación en el Ejército de los llamados “grupos tácticos de batallón”, o GTB, que son unidades especiales de dimensiones reducidas, cuyo propósito es liderar las actividades de guerra irregular. En diciembre, la comandancia de este componente ofició a la Academia Militar para que se hiciera la escogencia de los estudiantes que pintaban mejor para esta tarea. Los GTB son creación directa del ejército ruso, y fueron puestos en acción en los conflictos de Ucrania y Siria.

Como parte de Escudo Bolivariano, se llevaron a cabo actividades en Higuerote y Carenero, en las que participaron efectivos de fuerzas especiales junto a milicianos.  Se simuló la colocación de minas antipersonales en las vías que dan acceso a la capital y en las playas donde supuestamente desembarcarían las tropas invasoras. Otro tanto se hizo en el aeropuerto de Higuerote, donde fueron emplazadas baterías antiaéreas falsas o dummies, con el propósito de transmitir la impresión de que se posee una capacidad bélica mayor que la realmente disponible.

En el caso de los ejercicios llevados a cabo en Barlovento, las acciones estuvieron orientadas por el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que confiere una importante participación a los civiles en la defensa de los intereses del régimen.

Este procedimiento ha sido objeto de estudio en las academias militares del país, por lo menos desde hace tres años, como parte de una materia más amplia referida a las guerras de cuarta generación. Las fuentes de inspiración son teóricos chinos. En los casos de la Armada y la Guardia Nacional, se da a entender que en las primeras de cambio el “ejército invasor” logrará establecer posiciones en el territorio nacional, luego de vencer la resistencia ofrecida por los conglomerados de tropas regulares y civiles. En este contexto, la victoria para los militares venezolanos estaría definida por la posterior expulsión de los contingentes extranjeros.

En el escenario de guerra planteado en el aeropuerto de Higuerote, por ejemplo, el tiempo tope de resistencia para los militares venezolanos sería de dos semanas. En esos días de duros combates, no contarían con refuerzo alguno.

Escudo Bolivariano, desde luego, tiene un guion de final feliz para los militares leales al régimen. Pero esta es una situación hipotética. La vida real, en cambio, se acerca más a lo declarado por el llamado Protector del Táchira, Freddy Bernal: un conflicto con las fuerzas armadas de Estados Unidos sería “un suicidio”.

-En los últimos meses, la Fiscalía ha dado una mayor visibilidad a los casos en los que murieron mujeres a manos de sus parejas. Según este discurso, parece que la violencia homicida en Venezuela se ensaña contra las personas de sexo femenino, en contextos de intimidad. En realidad, las propias cifras manejadas por el Gobierno revelan que la victimización de este sector de la sociedad ha disminuido, tanto en números absolutos como en porcentaje con respecto a la población victimizada. En 2019, fallecieron en hechos de violencia 691 mujeres adultas, adolescentes y niñas. Esto equivale al 9% de los casos. El año anterior fue 16%. Según fuentes de Relaciones Interiores, la mayor cantidad de víctimas tiene edades entre 25 y 29 años. Y el móvil más frecuente, así como en el resto de los homicidios, es el llamado “ajuste de cuentas”. Desde luego, hubo una gran cantidad de casos en los que no se supo por qué mataron a la persona, toda vez que Cicpc no profundizó en las averiguaciones. Pero las muertes de mujeres por razones pasionales suelen dejar muchas evidencias, producto de los arrestos de ira y dolor. Y por eso se llegó a la cifra de 131 víctimas.

-Dos sucesos reportados esta semana revelan que existe un trato preferencial por parte del Estado hacia funcionarios de determinados cuerpos de seguridad, o que se desempeñan en determinadas tareas. El miércoles, a eso de las 5:30 pm, en el distribuidor Los Campitos de la autopista Prados del Este, grupos pertenecientes a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional y de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial se liaron a golpes, ocasionando alarma entre vecinos y conductores, cuyas vidas quedaron en riesgo puesto que participantes en la trifulca sacaron a relucir armas largas en su intento por someter a sus contendores. El lugar y el momento en que ocurrió este hecho permitió que muchas personas hicieran grabaciones con sus teléfonos. Una de ellas acompaña esta nota. Esta situación fue similar a la registrada en marzo de 2018 en plena avenida Sucre de Catia. Sin embargo, esta última mostró un grado de virulencia mucho más elevado. A pesar de los golpes y las amenazas, quedó firme la detención del oficial jefe de la FAES José Laureano Julio Mendoza, aunque se optó por dejarlo en la sede de su propio cuerpo. Mientras tanto, según fuentes de Cicpc, en la gresca los polinacionales lograron apoderarse de dos armas reglamentarias de sus contendores. El segundo incidente fue el viernes 21 de febrero, cuando agentes de Cicpc en la avenida Los Leones de Barquisimeto a dos escoltas de una concejal de esa misma ciudad que, armas en mano, pretendían despojar de su celular a un estudiante de la UNES, en la puerta de un local nocturno. Los espalderos fueron aprehendidos in fraganti. Sin embargo, debido a las presiones atribuidas a la edil ambos fueron liberados, aunque sin armas ni chalecos. Hechos como éste contribuyen a reforzar la pésima imagen de los cuerpos de seguridad, que se supone están llamados a proteger a la ciudadanía. Ninguno se salva. Encuestas como la Gallup y Latinobarómetro han determinado que los venezolanos tienen el mayor grado de desconfianza en sus policías y militares.

-La puesta en vigencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tomó por sorpresa a buena parte de la institución militar. No por el hecho en sí, puesto que el ministro de la Defensa Vladimir Padrino había acudido en diciembre a entregar el proyecto correspondiente ante al Asamblea Nacional Constituyente, en un acto público. Lo que sorprendió fue la relevancia adquirida en este nuevo esquema por la Milicia Nacional Bolivariana, así como las nuevas funciones que asume todo el sector militar. En la entrega anterior se sostenía que con esta ley todo el país, y no solo la FANB, entraría en una nueva etapa. De ahora en adelante, lo militar estará mucho más presente en la vida de toda la ciudadanía, a pesar de la falta de popularidad que tiene la Fuerza Armada como institución. Cuarteles adentro, es tal el desconocimiento del nuevo texto que los comandantes de zonas en el interior del país ordenaron una ronda de charlas y conferencias para explicar su contenido, y compararlo con el de la ley recientemente derogada, que apenas tuvo cinco años de vigencia.

-El 13 de febrero, la firma consultora Alto Analytics publicó un informe sobre los flujos informativos durante las crisis sociopolíticas del último trimestre de 2019 en Colombia y Chile. Fueron registrados 101 millones de mensajes, divulgados a través de 7,6 millones de cuentas en medios digitales. A continuación, se resume la primera conclusión de este documento: “Durante las semanas que siguieron al surgimiento de las crisis sociopolíticas, los analistas de Alto identificaron un pequeño número de cuentas que generó un gran número de publicaciones sobre el descontento. En Colombia, 1% de los usuarios generó 33% de los resultados analizados, y en Chile 0,5% de los usuarios generó el 28% de los resultados (…) Este es un indicador clave del desorden en la información (…) Colombia y Chile son particularmente interesantes debido a que comparten una misma lengua, el español, y los analistas de Alto han identificado 175 entidades anómalas que participaban activamente en ambas crisis. Cuando se buscó la geolocalización pública indicada por estos usuarios o perfiles, 58% estaba localizado en Venezuela”.