Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II)

-¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece

@javiermayorca

El lavado de dinero es un delito de reciente invención. No tiene más de cuarenta años rondando por las legislaciones del mundo. De haber sido más longevo, quizá Al Capone, líder de la mafia de Chicago en la era de la Prohibición, hubiese sido enjuiciado por esta norma, y no por la de evasión de impuestos.

Se trata entonces de una actividad ilegal de difícil comprensión e investigación. Fernández Steinko (2008), en una interesante revisión crítica, señaló que el también llamado blanqueo de capitales es una “invención jurídica y conceptual” impulsada esencialmente por los gobiernos estadounidenses. Y tiene razón. 

Este delito supone que los delincuentes -o sus asesores financieros- no ocultan bajo el colchón el dinero producto de sus actividades ilegales. La imagen de alias Juvenal, el renombrado secuestrador del norte del estado Guárico, acostado plácidamente sobre una cama de billetes, viene a ser una rareza que sugiere un gasto inmediato de esos recursos en fiestas y sexo. Los verdaderos criminales organizados, en su proceso de acumulación de capitales, tarde o temprano tendrán que difuminar el origen de sus riquezas. De lo contrario, la empresa ilegal no prosperará.

Sobre el régimen venezolano han recaído numerosos epítetos. Algunos han dicho que se trata de un “narcoestado”, otros que es un “régimen criminal o mafioso”, “Estado felón” y más recientemente “empresa criminal conjunta”, expresión acuñada por el investigador Douglas Farah.

Aunque tales apreciaciones pueden ser respetables, una de las preguntas que surge de inmediato tiene que ver con el destino de los recursos generados por el tráfico de drogas (si se tratase solamente de un “narcoestado”) o, en términos más amplios, por todas las actividades al margen de la ley que se llevan a cabo en el país, con o sin el amparo de sectores oficiales.

El primer desafío es encontrar algún indicador. Sabemos que solo unos pocos aplican la de Juvenal. La mayoría trata de insertar esta plata en el torrente económico, nacional o internacional.

La dolarización informal contribuye de manera sustancial a este propósito, aquí en el país. La capacidad de transar bienes y servicios con dólares en efectivo es cada vez mayor, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Los estudios realizados de forma independiente por Consultores 21 y Ecoanalítica revelan que en Zulia, los estados andinos e incluso Lara el bolívar dejó de ser el medio para los pagos y adquisiciones. Esta informalidad propicia que tales operaciones transcurran al margen de cualquier esquema de vigilancia.

Pero tarde o temprano algo de esto permeará hacia el sistema financiero. Por ejemplo, los jóvenes venezolanos que están acudiendo en grupos cada vez más numerosos para cosechar coca en Norte de Santander obtienen pagos en pesos colombianos. Parte de eso se quedará en el camino, pero otra parte servirá para que ellos continúen sus vidas en sus lugares de origen. Aunque el peso es aceptado comúnmente para todo tipo de transacciones en los estados andinos, los jóvenes que van desde lugares tan remotos como Aragua y Distrito Capital tendrán que hacer las conversiones a moneda local.

Y allí podrá detectarse la legitimación. Aunque los cultivadores de coca, de hecho, no lo vean de esa forma, sino como un intento por disponer más fácilmente del producto de sus trabajos.

Otro factor es que en los estados centrales del país opera una “ceguera voluntaria” (willful blindness) según la cual los registradores y notarios avalan operaciones en monedas extranjeras, aunque ellas queden registradas como si hubiesen sido hechas en moneda local. Cuando se exigía alguna formalidad, se aplicaba un “sistema de dos cheques”: uno en pocos bolívares, que se rompía al salir de la notaría, y el otro en dólares, que era el realmente utilizado. Entonces, el vehículo o la vivienda cambiaba de manos sin que se hubiese producido ninguna transferencia o pago en moneda nacional. Ahora, se ven operaciones de compra y venta sin que se constate el pago. Desde luego, el notario y el registrador exigen su mordida en moneda dura, con lo que estos despachos siguen siendo excelentes negocios.

No todas estas operaciones que se llevan a cabo en los términos descritos son lavado de dinero. Se debe indicar siempre que este es un delito accesorio. En términos estrictos, se debe comprobar primero la existencia de un delito principal (tráfico de drogas, secuestro, comercio ilegal de armas, trata de personas, etc.) para que se pueda hablar de lavado o blanqueo de capitales.

Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen, con su afán de controlar hasta los más mínimos aspectos de la vida del ciudadano, empujó a la mayoría de la población a un área gris. Entonces, el profesional independiente, el pequeño comerciante o cualquiera que tuviese algunos ahorros en divisas, tenía que incurrir en las mismas prácticas que las aplicadas por los delincuentes de cuello blanco, aunque en diferente magnitud. Esto hacía muy difícil distinguir desde una perspectiva bancaria cuáles operaciones obedecían realmente a una actividad de delito organizado, y cuáles eran de mera sobrevivencia.

Aun así, los recursos del lavado de dinero mayoritariamente se movían en el exterior, y que no siempre tenían un referente en el país, en términos de bienes y servicios.

Era tal el afán de legitimar capitales en ciertas partes del exterior, como por ejemplo ciertas localidades de Florida, Texas y Nueva York, que el gobierno estadounidense prohibió las transacciones en efectivo para la adquisición de inmuebles en esos lugares, así como aquellas hechas a través de corporaciones inscritas en paraísos fiscales como Delaware. Este fue un mensaje fuerte para oficialistas y enchufados, quienes ahora estarían migrando sus capitales hacia entornos más amigables, como España. Fue en ese país, precisamente, donde el enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, Elliott Abrams, advirtió sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en el “patio de recreo” de los oficialistas en desbandada y sus familiares.

El flujo de capitales venezolanos hacia el exterior ubicó al país en 2012 entre las dos economías ilegales más importantes de Latinoamérica, solo superada por México, según Global Financial Integrity

Por lo tanto, se debe distinguir entre el lavado de dinero hecho por venezolanos y el que se lleva a cabo en Venezuela. Este último es a todas luces marginal. Solo ahora, tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, esta situación podría tener algún giro.

-El incidente del domingo 17 de noviembre en las vías que conducen a la hacienda Santa Teresa llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, demuestra que los pactos logrados desde principios de la era chavista con actores de la criminalidad en el estado Aragua, a través del programa Alcatraz, han entrado en una etapa de fragilidad, y ameritan una reevaluación. Es muy probable que el ataque a varios grupos de invitados a la celebración del Día de Polonia fuese perpetrado por bandas que no habían sido incluidas en esta iniciativa. Resulta significativo que, a pesar de la gran cantidad de impactos de bala recibidos por algunos vehículos no se haya reportado lesiones a ninguna persona.  Hubo en esto un claro mensaje hacia los propietarios de la fábrica de ron: en ese sector de Aragua, como en otros tantos, no funciona ninguna empresa sin la anuencia de las bandas. Lo mismo que sucedió con la galletera Puig en julio, muy cerca de allí. Por otra parte, las primeras minutas sobre el incidente en noviembre responsabilizaban expresamente al llamado Tren de Aragua, la megabanda que opera desde el internado judicial de Tocorón. Pero los incidentes reportados con posterioridad al 17 de noviembre indicarían que los cuerpos policiales orientaron su búsqueda hacia otras estructuras criminales. Hubo seis muertes por supuestos enfrentamientos en los días siguientes al ataque a los invitados a la celebración del Día de Polonia, entre ellos Edgar Antonio Perlaza, alias Toñito, señalado como líder delictivo de Turmero, quien figuraba en la lista de los “más buscados” por Relaciones Interiores. Finalmente, algo que debe registrarse: los miembros del cuerpo diplomático vivieron, aunque fuese de manera tangencial, la realidad sobre el auge delictivo en Venezuela. A pesar de que rusos, españoles, estadounidenses, árabes e incluso polacos habían vivido en carne propia los embates del hampa, prevalecía en ellos la noción de que se trataba de una mera casuística. Por eso fueron en cambote a la finca de Aragua. Ahora quizá cambien de opinión. No son cuentos de la prensa.

-Una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó en octubre las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el propósito de profundizar en las investigaciones sobre las muertes violentas en Venezuela, y en especial aquellas ocasionadas en el contexto de enfrentamientos con miembros de cuerpos policiales o militares, englobadas con la expresión “resistencia a la autoridad”. Durante sus entrevistas con el personal de la morgue, pudieron constatar que la gran mayoría de tales fallecidos llega a este lugar sin ningún elemento que facilite el proceso de identificación. Aunque es probable que algunos de estos individuos carecieran de cédula de identidad o algún otro documento para conocer con certeza sus nombres y apellidos al momento en que los mataron, lo repetido de esta circunstancia sugiere la existencia de un patrón de conducta en los cuerpos policiales.

-Hay preocupación en la institución militar por la disminución del pie de fuerza, no solo entre los efectivos de tropa sino también en la oficialidad. Hay regiones en las que los procesos de reclutamiento voluntario difícilmente logran la mitad de la cuota esperada. A eso hay que sumar el creciente abandono de las filas. El 15 de noviembre, diez estudiantes de la Academia Militar del Ejército fueron declarados desertores, al constatarse que no regresarían a sus aulas. Se trata de cursantes de los dos primeros niveles, que se fueron de la institución en grupos. Esto no se veía anteriormente. Para mitigar esta situación, se inició la convocatoria a efectivos de tropa alistada y tropa profesional que tengan títulos universitarios para que se inscriban en un curso de formación de oficiales de comand (Cefoc), que les dará el grado de tenientes en apenas año y medio de estudio. La Fuerza Armada está en uno de sus niveles más bajos en cuanto a su prestigio institucional. Así lo constata un estudio de la encuestadora Delphos, llevado a cabo entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Esta merma en la popularidad tiene un efecto negativo en cuanto al interés por sumarse a sus filas.

Germán Castro Caycedo es uno de los escritores de referencia obligada en la narrativa no-ficción latinoamericana. Para 2017, cuando dio a conocer el título reseñado en esta sección, Una verdad oscura, ya este periodista colombiano sumaba veinte obras. En ese trajinar, desde luego, Castro Caycedo ha profundizado como pocos en el mundo de la delincuencia organizada de su Colombia natal. En este trabajo, relata el auge y la caída del llamado Clan del Golfo, ahora también llamado Clan Usuga, una organización que –como ha sucedido muchas veces anteriormente- comenzó planteándose a sí misma como un grupo alzado en armas contra el estado colombiano, que pronto devino en una organización delincuencial que controlaba toda el área del Golfo de Urabá, un sector estratégico para la exportación de cocaína hacia los países centroamericanos y del Caribe. La agrupación encabezada por los hermanos Juan de Dios y Jairo Usuga, indica el autor, llegó a gobernar durante la primera década de este siglo sobre un territorio de mil ochocientos kilómetros cuadrados. Pronto extendió el menú de sus actividades hasta la extorsión y la trata de personas, y en su crecimiento salpicó a Venezuela, Panamá e incluso Argentina, donde algunos de sus más conspicuos exponentes intentaron ocultarse. En Una verdad oscura, se relatan los esfuerzos del Estado colombiano, a través de la Policía Nacional, para infiltrar y desmantelar esta enorme organización. Cuando el libro salió a los anaqueles, el conteo oficial indicaba que más de 1600 miembros de la estructura habían sido detenidos, y otros cien ultimados por la fuerza pública. Este libro se lee como si fuese un thriller de ficción, aunque todos sus capítulos surgieron de la cruda realidad.