Disputas en Luxemburgo

Crímenes sin castigo | 3 de noviembre de 2019

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-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, como consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales de la población venezolana

@javiermayorca

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño territorio de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de sus actos y decisiones.

Ante esa instancia, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por violaciones a los derechos humanos de la población venezolana.

Los primeros litigios se iniciaron con los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre de ese año, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. En esta oportunidad acudieron Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Oficialistas quieren revertir las sanciones europeas

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando del cuerpo castrense se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales de los demandantes. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Primer revés

La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inadmisible la demanda intentada por el gobierno venezolano para anular la decisión del Consejo Europeo que prohíbe las ventas de armas al país, la asesoría informática para los equipos militares y los servicios financieros necesarios para tales adquisiciones.

La sentencia, tomada el 29 de septiembre, indica que el gobierno venezolano había interpuesto una demanda el 6 de febrero de 2018 contra las decisiones de la instancia europea que configuran la única sanción general contra este régimen, referidas a las compras militares.

El recurso fue intentado con la representación de los mismos abogados que asesoran a los diez oficialistas.

Durante el juicio, Venezuela alegó que había adquirido de los países miembros equipos y servicios militares por 76 millones de euros en 2016 y 59 millones en 2017. En 2018, cuando la decisión del Consejo Europeo entró en vigor, no hubo ningún gasto.

Uno de los argumentos para la sentencia fue que las decisiones del Consejo Europeo en esta materia solo obligan a las partes integrantes de este cuerpo. Por lo tanto, no se puede concluir que afecte directamente el derecho del estado venezolano en materia de adquisiciones militares.

En la sentencia, se obliga al régimen a cancelar todos los costos derivados de este proceso judicial.

Breves

-98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.

-Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

-El viernes 1 de noviembre fueron arrojadas sendas granadas de mano contra locales comerciales en Maracaibo. El primer caso fue reportado cerca de las 10 pm frente al local Dulces Andrea. Allí resultó herido por las esquirlas un hombre de 46 años de edad. Igualmente, la explosión afectó dos vehículos de uso particular. De manera casi simultánea, lanzaron un artefacto similar al centro de apuestas Pitbull. Pero no estalló. A esto se suman los dos heridos por un hecho similar reportado en la entrada de un restaurant en la capital zuliana, el 25 de octubre. El ataque pudo tener resultados más dramáticos, a no ser porque las esquirlas dieron en su mayoría contra dos vehículos. Todos estos incidentes estarían ligados al accionar de redes de extorsión contra los pocos comercios privados que sobreviven en Maracaibo. Allí las bandas parecen haber pasado de las amenazas al ejercicio actual de la violencia contra las víctimas. Hasta el momento, Zulia acumula el 49% de las denuncias de extorsión formuladas en todo el país.

Libros

Durante siete años, Richard Stengel fue editor del semanario Times. Previamente, había colaborado con el líder surafricano Nelson Mandela en la redacción de su autobiografía. Pero un buen día de 2013 aceptó la sugerencia de un burócrata estadounidense y se incorporó al gobierno de Barack Obama. De su experiencia como subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos (una oficina de la Cancillería) surgió una interesantísima obra: Information Wars (Nueva York, 2019). Como buen investigador, Stengel va directo al grano. Una traducción libre de su planteamiento central sería: “Hay de hecho una guerra de información en pleno desarrollo alrededor de todo el mundo, y está sucediendo a la velocidad de la luz”. Las armas de este conflicto son las computadoras, los teléfonos y, como afirmaría Revel, las mentiras, esparcidas como metralla con la intención de generar confusión y, eventualmente, ganar las mentes de amplios conglomerados de población. Durante su experiencia, el periodista se percató de que las democracias, en especial la estadounidense, padecen una desventaja natural que las llevan a medirse en términos desventajosos contra regímenes autoritarios como el ruso, y organizaciones altamente sofisticadas en materia de propaganda como Estado Islámico o Isis. Esta es una nueva manifestación de los conflictos asimétricos, pero no la única. Solo que aquí los parámetros para medir las victorias y las derrotas son otros. Según Stengel, “tienes éxito simplemente enlodando las aguas”, es decir, imponiendo una visión distorsionada de la realidad, que no puede ser rectificada debido a que estos regímenes han sido capaces de eliminar los medios y los periodistas independientes, que pueden cuestionar las versiones oficiales. ¿Suena familiar? El relato de este ex funcionario del Departamento de Estado, a menudo narrado en primera persona, tiene pasajes extremadamente interesantes y aleccionadores, aunque a veces un poco decepcionantes. En las guerras de información, sostiene Stengel, los métodos y parámetros aplicados por los medios libres son usados contra ellos mismos para distorsionar las realidades. En esta guerra, como en ninguna otra previa, el primer muerto pareciera ser la verdad.