Huyendo de Venezuela

-Una cosa es disertar sobre la diáspora, y otra es vivir el tránsito de un país a otro en una carrera contra el tiempo, agobiados por el calor y la corrupción

@javiermayorca

En el sector La Parada de Cúcuta, unos 400 venezolanos permanecían agolpados en el camino que conduce a las oficinas de Migración Colombia. Apenas comenzaba la jornada del 22 de agosto y, según un representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estaba en desarrollo una auténtica “avalancha” de personas que huían de su tierra natal. No era la primera, y tampoco sería la última.

Muchos de los que estaban allí habían apurado la salida desde Venezuela, angustiados por las informaciones según las cuales el gobierno ecuatoriano se disponía a exigir (como en efecto lo hizo) un visado especial para los que hacen parte del mayor movimiento humano conocido en Suramérica.

Yorly -nombre cambiado- pretendía llegar a Rumichaca en un par de días, contados a partir del momento en que los funcionarios de Migración le sellaran el pasaporte, cosa que entonces se veía lejana. La plata comenzó a escasearle luego de pagar 20.000 pesos por cada uno de los cinco integrantes de su grupo familiar, para que le permitieran trasponer la primera barrera, instalada por efectivos de la Policía Nacional de Colombia a unos 300 metros de la taquilla.

“¡Sellados VIP, sellados VIP!”, era la expresión que más se escuchaba en ese espacio. Eran grupos de gestores venezolanos que se ofrecían para aligerar la espera. Si usted iba bien vestido, la tarifa subía automáticamente, un 20%.

Como en toda gestoría, lo importante en este caso eran las conexiones que estos sujetos pudieran tener con los uniformados colombianos. Cuando usted los contactaba, ellos de inmediato lo ponían a hablar con el verdadero líder del grupo, que estaba merodeando por allí cerca.

Pero no todos tenían verdaderas conexiones. Es decir, “no la mueven”, sino que se valían de engaños o artificios. El más usual era entregar un ticket de comprobante de un inminente viaje en autobús. Al mostrarlo al policía, el portador debería tener prioridad para pasar a la segunda etapa de la cola, siempre y cuando el funcionario no se fijara en que el nombre del titular ha sido escrito y sobreescrito, tantas veces como haya sido reciclado este documento.

Los agentes suelen detectar con rapidez la burla con los pasajes de autobús.

“Yo a usted lo he visto entrando y saliendo de aquí toda la mañana. ¡Muéstreme sus documentos!”, reclamó un funcionario de Migración Colombia a un joven de franela azul, que efectivamente participaba en el esquema. El muchacho ni siquiera alzó la voz, y se acercó mohíno al lugar donde estaba el empleado estatal. Luego, abandonó el lugar.

Como esta alternativa tiene sus límites, el mismo gestor ofrecía luego una solución más drástica: colarse por una rendija en la reja externa, y meterse en la cola a como dé lugar. Esta no parecía ser la mejor opción, si se tomaba en cuenta que justo al otro lado de la malla metálica estaba una VAN de la Policía Nacional. Además, algunos funcionarios se escondían para tomar fotos de quienes intentaran esta vía.

“Esos están mirando para otro lado. No va a pasar nada”, decía este gestor venezolano, tratando de convencerte para que le pagues de una vez.

Desde luego, en la medida en que no funcionaba ninguna de las soluciones, el tiempo pasaba y la desesperación aumentaba. El precio por la gestión de llevarte a la siguiente etapa se incrementaba. Cada vez que abrían el paso en la primera barrera sucedía una hecatombe de gritos y empujones, que obligaba a los policías a proferir amenazas.

“Esto lo cierro y no lo abro más hoy. Nadie pasa, pues”, advirtió uno, encaramado sobre un pequeño muro, para hacerse escuchar.

Una comerciante de San Cristóbal, Mercedes, iba acompañada por otra gestora, una morena como de 120 kilos que decía ser sargento segunda retirada de la Guardia Nacional.

Mercedes había contactado a los sujetos de los tickets y a otros que ofrecían el paso por la rendija. Al final, confió más en la ex militar, y acertó.

La mujer se acercó al sitio donde estaban los policías colombianos, y les hizo una seña casi imperceptible con las manos.

Como por arte de magia, se abrieron las barreras, lo suficiente para dejar que la empresaria pasara.

“Después, lo que tienes que hacer es hablar con el vigilante. Dile que tienes un pasaje de avión listo, y que si no te sellan pierdes el vuelo”, recomendó.

En la cola, atrás de Mercedes, Yorly había entrado en conversación con una sargento mayor de tercera, también retirada de la Guardia Nacional, que había dejado a su hijo en Venezuela, bajo el cuidado de los abuelos, con la esperanza de enviarle dinero muy pronto para que viajara hasta donde ella se encontrara. En su afán de ganar lo antes posible la frontera con Ecuador, se arriesgó a que la declararan desertora. Solicitó la baja, y no esperó a que le entregaran la resolución correspondiente. Se salvó pues algunos amigos en la fuerza le enviaron una copia por whatsapp, para que la mostrara en la taquilla del Saime, ubicada en el paso fronterizo. 

Al escucharla, Yorly también recordó sus últimos días en el barrio de Petare donde creció.

“Allá dejé todo atrás (…) Lloré hasta por los perros”, confesó a la sargento.

Mientras ambas ventilaban sus intimidades, Mercedes se alejó y más adelante logró ubicar al “vigilante”. En realidad, era un capitán retirado de la Policía Nacional. Al saber de la premura, llamó por radio a otro colega que estaba frente a la taquilla de Migración. Y le dio paso.

En ese local, los cinco funcionarios de guardia que sellan los pasaportes trabajaban ajenos al tumulto que había en el exterior. No solo eran los cientos represados en la primera barerra, sino al menos otro medio millar que se protegía del sol inclemente bajo un toldo, cerca del puesto de Acnur. Los empleados de Migración conversaban entre ellos, echaban chistes. Cada uno tomaba en promedio un minuto y medio en vaciar algunos datos en las respectivas computadoras y estampar una marca húmeda.

Las matemáticas no daban, y el tiempo tampoco. A ese ritmo, trabajando sin cesar, solo permitirían el acceso de poco más de 2700 personas en la jornada de medio día, siempre y cuando no se levantaran de sus asientos.

Por eso es que muchos de estos emigrantes dilataron su recorrido hacia el sur, y terminarían arrodillados en el paso fronterizo con Ecuador.

Cuando salía con el pasaporte sellado, Mercedes entregó otros 50.000 pesos a la sargento/gestora, para que a su vez diera una mordida al vigilante. Pero no supo si eso en realidad ocurrió. Pasar a Colombia con el pasaporte en regla le había costado el equivalente a 28 dólares, según el cambio del momento.

Mientras la comerciante se internaba en Cúcuta, al mediodía, crecía el flujo de personas que regresaban a Venezuela, llevando en hombros o arrastrando enormes bultos con todo lo que no podían conseguir en su país.

Pero esa es otra historia.

La mejor medida que se puede tomar es que los venezolanos dejen de llamarse diáspora o migrantes. La mejor medida que puede adoptar la región es la propuesta de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes es que se nos de el estatus de refugiados, y eso se argumenta en la Declaración de Cartagena de 1984, única que expande el concepto de refugiados de Naciones Unidas, y dice que una persona es refugiada cuando huye de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, limitación de libertades…todo eso hoy aplica para el venezolano que huye de su país. Si se adopta el estatus de refugiados para los venezolanos, no solo se facilitará que cada uno tenga su documentación y acceda a la salud y a la educación públicas, un trabajo, etc. Es la solución más justa y pragmática por parte de los países receptores. Al final, a pesar de que esto es muy duro para nosotros los venezolanos, puede representar una gran oportunidad para los países receptores de América Latina y el Caribe, con gente que trabaje, emprenda y estudie, y que eso impacte positivamente en la sociedad y la economía.

La proyección que nos da en la oficina de la OEA para la crisis de los emigrantes venezolanos es que si las determinantes que han causado esta migración forzosa que son la crisis humanitaria, la violencia generalizada, la violación de DDHH, el control social, el colapso económico y el de los servicios básicos se mantiene en lo que queda de 2019, pudiésemos estar hablando de 5 millones de emigrantes o refugiados venezolanos. Hoy, a este momento, hay 4,3 millones de emigrantes venezolanos. El 70% se concentra en cuatro países: 1,5 millones en Colombia, 860 mil en Perú, 330 mil en Ecuador y aproximadamente 400 mil en Chile. Y si la tiranía se prolonga hasta 2020 entonces pudiese haber de 6 a 8 millones de refugiados, lo que nos lleva a concluir que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que cese la usurpación, que recuperemos nuestra libertad, y que haya incentivos para que el venezolano desterrado pueda volver.

Estamos en fase de investigación. Sin embargo, puedo adelantar que el refugiado venezolano es cada vez más vulnerable a que grupos irregulares lo recluten aprovechándose de la necesidad que tienen de alimentación, donde menores de edad son captados por irregulares. Les sale más económico que reclutar a un colombiano, y a cambio les dan alimentación. En segundo lugar, son vulnerables a actividades como contrabando, minería y narcotráfico. En el caso de las mujeres, son vulnerables a la esclavitud moderna, explotación sexual, a que sean abusadas. Hoy el refugiado venezolano no solo se enfrenta a lo que es desprenderse de su país y su familia, a tener que caminar miles de kilómetros para llegar a ciudades desconocidas y empezar desde cero, sino que además debe afrontar en ese trayecto a grupos armados y vinculados a actividades ilícitas. En una de las investigaciones que hicimos es que en las 288 trochas identificadas en la frontera colombo venezolana de más de 2000 kms hay puestos de control de grupos irregulares. Han crecido tanto que han colocado puntos de control en las adyacencias del puente internacional Simón Bolívar, pues la gente tenía que cruzar por el río Táchira, cuando el puente estaba bloqueado por containers, colocados por el régimen para el 23 de febrero. Los han movido ligeramente. Una estimación que hicimos es que si a un venezolano le cobran un dólar por salir o entrar, en lo que llaman migración pendular, lo que es una cifra conservadora (muchos nos han dicho que deben pagar hasta cinco dólares), y por esas vías van diez mil venezolanos, solo por extorsión estos grupos irregulares hacen diez mil dólares diarios, 300.000 dólares mensuales. Todas estas actividades ilícitas son protegidas por la dictadura.

-El anuncio divulgado por alias Iván Márquez, sobre la retoma de las armas por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), levantó alarmas en un sector de la Fuerza Armada, pues formaliza una situación que ya se venía percibiendo a propósito de varios contactos hostiles en el Zulia con miembros de esa guerrilla, que se decían desmovilizados. Un coronel del Ejército, que ocupó posiciones de mando en unidades tácticas de la franja fronteriza, indicó que hacia el sector Rio de Oro del estado Zulia están operando reductos del frente 33. Mientras tanto, hacia el estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, están los del frente 1, quienes nunca se acogieron a los acuerdos de paz La Habana, en los que por cierto Iván Márquez fue un factor determinante. Mientras tanto, la Guardia Nacional maneja informaciones de “patriotas cooperantes” según las cuales elementos de la llamada “guerrilla más antigua de América” han llegado ya a las parroquias Ascensión Farreras y Guaniamo del estado Bolívar, con la intención de participar en la explotación del Arco Minero y controlar las actividades de las bandas criminales que ya operan en la región. Este sería el espacio de encuentro para una eventual alianza con militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

-El 24 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general (GN) Néstor Reverol, anunció una nueva suspensión a los portes “de armas de fuego y de armas blancas” (sic), por un año contado a partir del 27 de agosto. Esta decisión fue tomada mediante resolución conjunta de ese ministerio y la cartera de Defensa. Esta es una medida que impacta esencialmente a los civiles que ven en las armas de fuego una herramienta para su defensa. Para los integrantes de las bandas criminales, estas resoluciones importan poco o nada. Grupos como el del Wilexys en Petare, Yeiko Masacre en Zuia, Coqui en la Cota 905, Malony en Guárico y los nuevos piratas del estado Sucre gozan retratándose mientras exhiben sus fusiles, con un nivel de visibilidad que llama a sospecha. Por otra parte, la llamada política de desarme ha tenido escaso impacto sobre los niveles de violencia en el país. Por ejemplo, en los 7.285 homicidios reportados durante el primer semestre de este año (tomando en cuenta las muertes por “resistencia a la autoridad”) se constató el uso de armas de fuego en 6.314 oportunidades, lo que equivale al 86,7% del total. Esta cifra es prácticamente la misma que se verificaba en los años previos a 2014, cuando Maduro anunció su primera iniciativa para el “desarme”.

-El Buró Marítimo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) recopiló seis reportes de actos de piratería en costas y puertos venezolanos entre los meses de enero y junio de 2019. La cifra más elevada de toda la cuenca del Caribe para ese lapso. En todos los casos, las embarcaciones atacadas fueron tanqueros y naves de carga de uso comercial. No se toman en cuenta los casos, muy frecuentes en las costas entre Sucre, Delta Amacuro y Trinidad, en los que piratas asaltan pequeñas embarcaciones e incluso secuestran a miembros de las tripulaciones, como ha sido advertido por otros organismos. El auge de la piratería marítima en el país se evidencia al revisar las cifras correspondientes a los años anteriores. En 2017 fueron reportados seis casos, en 2018 fueron 7. De manera que para finales de este año el número de asaltos o intentos de robos en las costas o en los muelles será el más elevado. Según los registros de ICC, en cinco casos los piratas lograron abordar las naves, mientras que en otro solo hubo un intento fallido. Cada episodio alimenta una base de datos, con la que es elaborado el mapa que acompaña a esta nota.

La llamada “diáspora” venezolana cada día ocupa más atención y espacios en los medios noticiosos, en la medida en que más y más millones de personas se agolpan en las zonas limítrofes para buscar mejores destinos. Sin embargo, hasta el momento ha sido poca la investigación sistemática del impacto que esta emigración masiva está teniendo, tanto en las poblaciones que se ven impulsadas a salir del país como en aquellas que los acogen. Por una frontera garante de los derechos humanos (Bogotá, 2018) es quizá el producto del primer esfuerzo planificado por documentar lo que está sucediendo en Cúcuta y sus alrededores a propósito de este fenómeno. El trabajo de campo y documental fue desarrollado durante todo un año (agosto 2017 a julio 2018) por representantes del Servicio Jesuita a Refugiados y del Instituto de Estudios Sociales y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y se enfocó en identificar lo que se denomina los “vacíos de protección” que afectan a tres grandes categorías de emigrantes: los venezolanos, los llamados “retornados”, es decir, colombianos que vivían en Venezuela y ahora huyen de la crisis, y un tercer grupo, constituido por los hijos de unos u otros, quienes corren el riesgo de quedar sin nacionalidad, o “apatridia”, por diversas circunstancias. El libro, suscrito por Wooldy Edson Louidor, Oscar Carderón Barragán, Alejandra Castellanos, Silvia Leal Guerrero y Paola Julieth Sierra, está escrito en un lenguaje denso, conceptuoso, lejano de los giros periodísticos. Pero es sin duda un documento de lectura necesaria para entender las distintas dimensiones de un proceso que tiende a agravarse. Tiene implícito, además, una crítica a las omisiones y errores del estado colombiano en el tratamiento a estas poblaciones en riesgo, originadas en la negativa a reconocer todas las aristas de una emergencia humanitaria compleja. Desde luego, poco o nada se señala respecto del Estado venezolano, con el cual aparentemente no hay nada qué hacer.