Algunas tendencias de seguridad en Latinoamérica y el Caribe

-La militarización del servicio policial, el uso de nuevas tecnologías por redes transnacionales y los problemas de soberanía son apenas algunos de los factores que elevan las tasas de violencia en la región

@javiermayorca

La semana pasada se celebró en Ciudad de México una nueva reunión del Observatorio del Crimen Organizado y la Gobernanza Democrática en América Latina y el Caribe, una entidad que surgió hace diez años por iniciativa de la Fundación Friederich Ebert, y que desde entonces ha permitido el intercambio de ideas e informaciones sobre los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a todos los países del área.

La sesión final consistió en un panel abierto, que contó con la exposición central de Eduardo Vergara, ex jefe de Seguridad Pública del ministerio de Interior de Chile y actual Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21. Vergara se define como un “cientista político” de filiación socialdemócrata o, como gustan autodenominarse, “progresista”.

La intervención fue titulada “Cómplices del populismo de la mano dura…”, lo que ya sugiere una postura crítica en torno a una de las principales características de las políticas de seguridad que se vieron en los países latinoamericanos y del Caribe durante los primeros lustros del siglo XXI.

En esta entrega, serán revisados -a título enunciativo- algunos puntos en común que han tenido las políticas o planes de seguridad ciudadana en estos países. Nos daremos cuenta de que muchas de tales medidas han trascendido los encasillamientos que suelen hacerse en términos de izquierdas o derechas, progresistas o conservadores. para aproximarse más a la necesidad de lograr resultados concretos y en lapsos breves, en términos que sean políticamente aprovechables.

*La bota inevitable: mientras estas líneas son redactadas, el gobierno de Guatemala hace preparativos para recibir un contingente de efectivos de la Marina estadounidense, con la finalidad oficial de llevar a cabo un ejercicio conjunto de asistencia humanitaria. La misma fuerza de tarea se desplegará en Belice, El Salvador y Honduras. Uno podría pensar que esta es la lógica de gobiernos conservadores como el de Jimmy Morales. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno “progresista” de Andrés López Obrador anuncia la gestación de una Guardia Nacional para trabajar asuntos de seguridad pública. Aunque este cuerpo no pertenece formalmente a las fuerzas armadas mexicanas, su contingente inicial y sus mandos tendrán un claro predominio castrense.

En la Venezuela “revolucionaria” de Maduro, los militares también están posicionados en todo el aparato de seguridad ciudadana, en contravención a las normas de la Constitución y de la Ley del Servicio de Policía. Y la carencia ya crónica de un pie de fuerza en los cuerpos uniformados civiles para siquiera cumplir con los estándares internacionales de encuadramiento (3,6 policías por cada mil habitantes), unida a una profunda fragilidad institucional, hace pensar que los militares permanecerán en labores de policía, sea cual sea el signo del gobierno que esté de turno en Miraflores.

*Populismo punitivo: en los gobiernos de todos los signos, hay la noción de que la seguridad ciudadana, o mejor dicho, los indicadores de criminalidad pueden mejorar sacando de las calles -con o sin vida- a las personas cuyas conductas sean consideradas reñidas con las leyes. Esto pasa por calificar como delictuales ciertos comportamientos que anteriormente no lo eran, y que probablemente eran considerados simples faltas. El tema de las drogas se presta mucho para esta discusión. En Colombia, por ejemplo, está en desarrollo un debate que intenta alterar los estándares fijados para la determinación de las dosis mínimas de marihuana, que pueden ser tomadas como mero consumo personal y no para el comercio. Esa controversia no pasaría de ser un mero ejercicio académico a no ser porque es promovida desde la propia Presidencia del país, con el argumento de la protección a la salubridad pública, y la creencia no documentada de que hay un nexo causal entre el consumo de esta hierba y las altas en la criminalidad.

Un ejemplo si se quiere caricaturesco del populismo punitivo es la sanción ya evaluada en Argentina y Nueva York para aquellas personas que envíen mensajes de texto mientras caminan por las calles. Actualmente, se considera que estos transeúntes podrían ser obligados a pagar una multa. Como esto no funcionará, pronto veremos un endurecimiento de las sanciones que podrían consistir en arrestos. Y así, poco a poco, se difuminan las libertades.

En la Venezuela de Chávez/Maduro, esta tendencia tiene numerosos ejemplos, que van desde los endurecimientos a las penas por portar armas o el robo y el hurto de vehículos, hasta todo un “menú” de amenazas de prisión contra la disidencia política o aquel que manifieste algún disenso incómodo para el poder. Las estadísticas demuestran que, en ninguno de estos casos, han mermado las conductas que se pretendía mitigar. En lo relativo a los robos y hurtos de vehículos y los portes de armas, fueron implantadas reformas legales que no tuvieron el efecto deseado, a pesar de que implicaban severos endurecimientos en las penas de prisión. Las aparentes disminuciones en los números netos de expedientes procesados por la policía judicial durante por estos delitos los últimos meses tienen más que ver con razones de mercado: los vehículos son cada vez más escasos y deteriorados, y las armas y municiones han elevado sus costos a tales extremos que incluso los delincuentes comunes piensan dos veces antes de usarlas. Si un cartucho 9 mm cuesta un dólar en el mercado informal, una cacerina se llevaría aproximadamente tres sueldos mínimos.

*Emigrantes, los eternos culpables: progresistas o no, a los gobernantes latinoamericanos les resulta muy complicado justificar ante sus propios electores -a menudo ávidos de más y mejores trabajos- cualquier política que implique la acogida de emigrantes. Esta dificultad se incrementa cuando tales personas llegan a las fronteras nacionales por oleadas, como está ocurriendo con la llamada “diáspora” venezolana, que según las cifras conservadoras de Acnur ya sobrepasa los cuatro millones de personas, algo así como el 13% de la población del país.

       Los emigrantes no solo son vistos como individuos que restan empleos a las poblaciones de los países anfitriones, sino también como posibles participantes en alzas de criminalidad. En uno y otro casos, las conclusiones se basan en información sesgada. Quien esto escribe ha visto cómo en México, Colombia, Trinidad y Panamá, por citar algunas partes, los venezolanos han asumido los trabajos que desechan los residentes locales, e incluso también las personas que han emigrado años atrás y que ya han obtenido una posición de mayor bienestar.

      En Perú, últimamente se han magnificado las noticias sobre casos de asaltos y homicidios que efectivamente involucran a venezolanos. Aunque son dignos de análisis, por lo que pueden indicar sobre el posicionamiento de redes incipientes, y algunos han sido extremadamente cruentos, no existe una sola evidencia estadística que confirme que los venezolanos son protagonistas principales del delito. Como tampoco la existía cuando el ministro Reverol, y antes que él González López atribuyeron a los colombianos el auge del hampa en el municipio Sucre y en Táchira.

En su obra Mafias on the move, Federico Varese lo explica con claridad: los criminales que desean asentarse en un territorio ajeno, ya sea solos o en grupos estructurados, necesitan la aquiescencia de un anfitrión, alguien que domine el patio con antelación. Desde luego, este difícilmente aparecerá en los partes policiales. Las fotos de las noticias solo tendrán a los peones.

*Soberanías versus redes transnacionales: este dilema no es nuevo, pero algunos actores han cobrado mayor relevancia. En Centroamérica, las maras y los carteles mexicanos han ampliado su radio de acción hasta abarcar a varios países y múltiples actividades de crimen organizado, que van desde los secuestros y la trata de personas hasta el tráfico de armas. En esto, las nuevas tecnologías y plataformas para la comunicación son herramientas fundamentales. En Venezuela, hay redes de prostitución transnacional que convocan a mujeres y hombres por facebook, y les pagan estadías y “honorarios” por servicios durante fines de semana o temporadas completas en ciudades de Colombia y las antillas holandesas.

     Pero los conceptos de soberanía, anclados en nociones que comenzaron a formarse hace tres siglos, impiden a los estados una acción eficaz contra estos grupos. Si los poderes ejecutivos de tales estados no gozan de alguna afinidad política, o simplemente están enfrentados, como ocurre actualmente con Venezuela y Colombia, o con Venezuela y Brasil, se beneficiarán las redes criminales que anteriormente veían a estas fronteras como áreas de contención. No es de extrañar entonces que grupos como los Urabeños o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesen en la actualidad fases de expansión en sus territorios y actividades.

      En México, López Obrador se percató de este riesgo, y entendió que le convenía llegar a mínimos acuerdos con su par estadounidense, pues de lo contrario la gobernabilidad fronteras adentro se vería comprometida casi de inmediato.

     Los países latinoamericanos y algunos del Caribe son, desde la década pasada y en términos generales, los territorios con las tasas más elevadas de homicidios por armas de fuego de todo el mundo, sin que exista en ellos alguna conflagración armada. Esto ocurrió en una época en la que las llamadas izquierdas llegaron a tener una clara mayoría (12 de 19 gobiernos latinoamericanos para 2009). Los gobiernos de este signo se embarcaron en reformas policiales e incluso institucionales, al promover constituyentes con mayor o menor grado de éxito político. Pero en lo atinente a seguridad ciudadana el fracaso fue una constante. Es por esto que Vergara finalizó su exposición con un mea culpa: “El progresismo ha demostrado tener un gran complejo con la seguridad”. En su descargo, y tomando en cuenta la realidad nada auspiciosa de los países cuyos gobiernos no podrían ser calificados de “progresistas”, hay que concluir que el problema no es promover una determinada ideología. El problema se presenta cuando esos discursos impiden llegar a diagnósticos acertados de las realidades, y tomar a tiempo las decisiones que sean pertinentes. Esto a menudo implica la formación de consensos con factores que no siempre comparten una misma visión sobre la política.  

-Algo muy sospechoso se esconde detrás del artificioso agrandamiento de las cifras sobre el número de milicianos en el país. Los discursos oficiales chocan con las cifras manejadas por la propia FAN. En noviembre de 2018, por ejemplo, mientras los voceros del Gobierno afirmaban que este cuerpo tiene 3 millones de integrantes, a lo interno de los cuarteles se indicaba que eran 1,3 millones de personas registradas, es decir, que figuran en una hoja mediante nombre, apellido y cédula de identidad. Pero se advertía que esto no asegura que estarán allí cuando sean llamados a filas con motivo de alguna situación de emergencia. El 24 de junio, Maduro afirmó que para 2021 era necesario contar con cuatro millones de milicianos. Una meta que sin duda resultará imposible de alcanzar en términos reales de tropas disponibles, aunque sí podrá servir para justificar eventuales gastos en alimentación e intendencia. Una vieja fórmula aplicada en los cuarteles para el enriquecimiento de los jefes militares.

-Venezuela se habría convertido en un refugio para los ex funcionarios de países que alguna vez fueron aliados del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Este sería el caso del ex secretario de Comunicaciones de Ecuador, Fernando Alvarado, investigado por presuntos hechos de  corrupción en la organización y puesta en escena de las ruedas de prensa que solía hacer Rafael Correa en distintos puntos de su país los días sábado. “Tenemos casi la certeza de que se encuentra en Venezuela”, afirmó un funcionario con conocimiento directo de la investigación. En el expediente también se hace mención a Vinicio Alvarado, hermano de Fernando y ex secretario de la Presidencia ecuatoriana. Desde octubre de 2018, se emitió una notificación azul a través de Interpol para recabar información sobre el paradero del ex encargado de las Comunicaciones y el montaje de las “sabatinas”. Pero son pocas las esperanzas de que los gobernantes venezolanos contesten a la petición de manera oficial, en virtud de la afinidad que hubo entre Correa y el régimen. El intercambio de inteligencia, sin embargo, ha permitido precisar que Fernando Alvarado estaría en el país desde enero, bajo resguardo.

-Varios detalles son indicadores del clima interno de la Fuerza Armada Nacional, a propósito de los actos conmemorativos de la Batalla de Carabobo. En primer lugar, el Gobierno optó por abstenerse de dar cualquier información sobre lo que sería la dinámica de esta celebración. No hubo convocatoria abierta, para que el pueblo se acercara a la explanada ubicada al sur de Valencia, como era tradicional. En segundo término, no hubo transmisión en vivo y directo por televisión. La cadena correspondiente comenzó poco antes de las 8 am, cuando ya el acto había terminado. Los locutores e incluso el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, se cuidaron de hacer cualquier referencia a la hora real. Pero el reflejo del sol que despuntaba y encandilaba a los presentes revelador. Además, al iniciar su alocución, Maduro se refirió a “este amanecer (…) 6:30-7 am”, y con eso despejó cualquier duda. Es claro que ante las informaciones sobre un nuevo complot contra el gobernante, encabezado supuestamente por un general de brigada la Aviación, y el recuerdo de los drones que estallaron en agosto de 2018, durante la celebración del aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar, había que tomar todo tipo de medidas de seguridad. Al mismo tiempo, se esforzaron en transmitir una imagen de “normalidad”, en abierta disonancia con lo que sucede en las calles del país. Tan desafinada como el trompetista de la banda marcial en el acto de Campo Carabobo.

-El sábado 29 de junio, el abogado Alonso Medina Roa confirmó la denuncia formulada horas antes por el general de brigada retirado Antonio Rivero y la activista de derechos humanos Tamara Sujú, en torno a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, presumiblemente como consecuencia de las torturas recibidas luego de su detención, el 21 de junio. Acosta fue involucrado por voceros del régimen como Jorge Rodríguez y el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, en un supuesto complot para matar a Nicolás Maduro, precisamente durante los actos de celebración del Día del Ejército. La muerte del oficial fue admitida por el régimen en un comunicado divulgado el sábado. Contrario a lo ocurrido en otras oportunidades, este fallecimiento no podrá ser ocultado detrás de la figura del suicidio, puesto que Acosta fue visto en un deplorable estado durante el acto de presentación ante el juez tercero de control militar de Caracas, capitán Máikel Amézquita, con lesiones tan graves que le impedían articular cualquier expresión distinta a una solicitud de auxilio, y que lo obligaban a permanecer sentado en una silla de ruedas. Tal era su condición que el propio juez militar ordenó el jueves su inmediato traslado al llamado hospitalito de Fuerte Tiuna. Posteriormente, de acuerdo con la información aportada por la directora de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel, fue enviado al hospital militar Carlos Arvelo, donde murió el sábado a la 1 am. Para el momento de la redacción de esta nota (sábado en la noche), los apoderados de Acosta no habían podido constatar las condiciones en las que murió. Tampoco sus familiares, pues no habían logrado ver el cadáver ni el protocolo de autopsia. Una de las razones por las que Acosta no podía sostenerse en pie, según el general retirado Antonio Rivero, era porque “no tenía piel en la planta de los pies”, debido precisamente a las torturas de las que fue víctima. Abogados consultados para esta entrega sospechan además que el oficial, ex integrante de la unidad de Operaciones Especiales de la Armada, padecía lesiones pulmonares que le impedían respirar y expresarse. La opacidad con la que han actuado los cuerpos estatales con posterioridad a esta muerte hace sospechar la posibilidad de un nuevo montaje. De allí que resulte pertinente la solicitud formulada por la diputada D’elsa Solórzano, en el sentido de que las averiguaciones sobre la muerte de Acosta sean desarrolladas según lo estipulado en el Protocolo de Minnesota, que dispone la designación de una comisión independiente del Estado.

El proceso de pacificación colombiano es, desde luego, el producto de una decisión política de los actores del conflicto. Pero, si nos atenemos a lo afirmado por Eduardo Pizarro Leongómez en su última obra, De la guerra a la paz (Bogotá, 2018), es también la consecuencia de una profunda transformación en las Fuerzas Militares de ese país. El sociólogo, autor de una de las primeras historias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, logró acceso a documentación de primera mano para comprobar que la reingeniería del componente castrense, si bien contó con apoyo norteamericano, fue el producto de la iniciativa de una generación de oficiales del Ejército colombiano, encabezada por los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, quienes hicieron un análisis crítico sobre el desarrollo del conflicto interno, y llegaron a la conclusión de que, para inicios del siglo XXI, y luego de la experiencia de la “zona de distensión” en el Caguán, las FARC se acercaban como nunca antes a la concreción de su anhelado sueño de instaurar su modelo político en todo el país. Una posibilidad que se acrecentó desde 1999 con el respaldo activo de Hugo Chávez desde Venezuela, y posteriormente de Rafael Correa en Ecuador. Según Pizarro, el declive de las FARC ocurrió por la conjunción de diversos factores, que iban desde la insistencia de la organización guerrillera en el logro apresurado de objetivos que no le eran alcanzables y la incorporación de sus cuadros en actividades criminales como el tráfico de drogas para el financiamiento de la empresa bélica, hasta la consolidación de una “nueva arquitectura” de las fuerzas militares colombianas, en función de alcanzar una “victoria estratégica”, que obligara a este grupo a sentarse en la mesa de negociación. De la guerra a la paz es una obra reveladora y extensamente documentada, que solo es posible cuando un investigador como Pizarro logra aprovechar una coyuntura de consolidación institucional, que le permite acceder a informaciones cuya divulgación sería impensable en otros contextos. Colombia tiene en este momento una de las fuerzas militares más robustas y mejor equipadas del continente, quizá solo equiparables con las de Brasil. Sin embargo, de acuerdo con el autor, afrontan en este momento el desafío de garantizar la sostenibilidad de la paz interna, según el concepto del “posconflicto benigno”. Uno de los factores que más atentarían contra este objetivo es el reagrupamiento de los grupos en armas en sectores periféricos y, en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Venezuela. Pizarro sostiene que “muchos de los miembros de la dirección elena consideran que su futuro se podría estar jugando en Caracas (…)”, lo que implica un importante cambio en los ejes de acción de esta organización, y un escenario en el que despierte “un nuevo clima revolucionario continental”.