La botija del régimen

-Una buena parte de la explicación sobre la incapacidad de Pdvsa para suministrar combustible a los venezolanos está en los expedientes de corrupción y sobornos que se ventilan en juzgados de EEUU

@javiermayorca

El 29 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas contra el venezolano-americano José Manuel González Testino, por su implicación en un esquema de sobornos para la obtención de contratos para adquisiciones de Petróleos de Venezuela en el exterior, a través de la subsidiaria Bariven.

El caso de este comerciante, de 49 años de edad, parecía una réplica de numerosos expedientes anteriores, que eran divulgados por las autoridades norteamericanas en la medida en que caían los imputados. En lo que respecta a González Testino se comprobó, gracias a testimonios de coparticipantes en el esquema de corrupción y documentos recopilados, que las coimas sumaron 629.000 dólares, solamente en los cuatro meses que transcurrieron entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.

Ante la solidez de las evidencias recabadas, González Testino admitió su culpabilidad por conspiración para propiciar la corrupción de autoridades foráneas, algo penado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Algunos documentos relativos a este proceso judicial fueron incorporados a un gran archivo, abierto por el Departamento de Justicia bajo el rótulo de “casos relacionados”. Allí hay acusaciones, declaraciones de agentes involucrados en las averiguaciones, testimonios de informantes y otros datos que sirven para formarse una idea bastante clara de cómo ha sido manejada la industria petrolera venezolana, por lo menos, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez.

Si contamos el caso de González Testino, las pesquisas desarrolladas por múltiples agencias (Aduanas e Inmigración, Seguridad Interior, Buró Federal de Investigaciones y Servicio de Renta Interna fueron algunas) suman diecisiete expedientes relacionados en forma directa. Sin embargo, al revisar los casos nombre a nombre uno se percata de que hay otros tantos vinculados con éstos, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, según el gobierno estadounidense, la pesquisa contra González Testino guarda un nexo estrecho con la que se desarrolló contra Abraham Shiera Bastidas. Y este último se relacionaba con Luis Carlos de León, quien no aparece referido en el primer listado.

Pero hay nombres que se repiten una y otra vez. Son individuos enjuiciados en forma individual, en parejas o en pequeños grupos, pero que según el despacho de Justicia estadounidense compartían una misma práctica criminal: Roberto Rincón (Tradequip) y su socio Abraham Shiera, Moisés Millán Escobar, Rafael Reiter (Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa), el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, Alejandro Istúriz, César David Rincón, el empresario estadounidense Charles Quintard Beech III, Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho, por citar algunos.

Entre todos ellos, suman manejos ilegales por 20,8 millones de dólares. Es lo probado en las investigaciones, y consignado en las acusaciones correspondientes. Los casos que involucran los mayores montos han sido el de Rincón y Shiera, con seis millones de dólares, y el que coloca en un mismo esquema a Luis Carlos de León, Nervis Villalobos, César Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter, con 9,47 millones de dólares.

Por supuesto, uno se pregunta por qué una investigación que involucra a tantas agencias y que ha logrado tantos enjuiciamientos exitosos no ha tocado hasta el momento al ex ministro de Energía Rafael Ramírez, que era el tope de la organización donde se gestaban estas prácticas generalizadas de corrupción. Ramírez entregó en 2013 de la cartera de Energía y la presidencia de Pdvsa, y por ejemplo en el caso de José Orlando Camacho las evidencias indican irregularidades en las compras que comenzaron en 2009 y se extendieron hasta 2013. Cuatro años de gestión de quien declaró a la estatal petrolera “roja rojita”.

En este momento, la primera corporación nacional es objeto de sanciones de distinta naturaleza a través del Departamento del Tesoro, por considerarse que es “instrumental” en la prolongación del régimen de Maduro. Pero a la luz de la información recabada en estas averiguaciones penales -y otras que se desarrollaron en Francia, España y Andorra- uno entiende que el gobierno estadounidense pudo declarar en algún momento que Petróleos de Venezuela era una gran empresa criminal, aunque en un sentido especial, pues no fue creada con la finalidad expresa de violentar las normas. Sin embargo, da la impresión de que torció su cometido durante la primera década de este siglo, al punto en que no había un contrato más o menos jugoso en el que los montos no se incrementaran de manera artificial con la finalidad de engrosar las cuentas de los funcionarios involucrados. Esto es, ni más ni menos, lo que señala un auto de acusación que se ventiló en el principado de Andorra.

En estos momentos, los ciudadanos del país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta se pelean por lograr un puesto salidor en las colas para surtirse de combustible. Otros pagan coimas a funcionarios para saltarse los turnos. Otros cancelan el hidrocarburo en dólares o en pesos colombianos. Los gobernadores han comenzado a implantar medidas que intentan esconder una realidad de racionamiento puro y duro. Buena parte de la explicación para esta situación se encuentra, precisamente, en los tribunales de Estados Unidos.

–En los primeros días de junio, comenzó a correr en redes una conversación entre el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y un periodista que no se identificó pero que presumiblemente tuvo un encuentro con el oficial en República Dominicana. El intercambio de preguntas y respuestas dura aproximadamente una hora, y se tocan temas de extraordinaria relevancia para el país. Hay por ejemplo una importante revelación del ex jefe de la policía política, en torno a una reunión que él sostuvo que representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa misma isla en los primeros meses de 2018, cuando él se desempeñaba en la subdirección de Contrainteligencia Militar. Christopher dijo haber acudido a la cita con la plena autorización de Maduro, precisamente para elevar cuatro peticiones al gobierno de Donald Trump: 1) eliminar la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU; 2) levantar las sanciones del Tesoro a los personeros del régimen; 3) levantar las restricciones al comercio internacional (Christopher las englobó bajo el término “bloqueo”), y 4) establecer un canal de comunicación de carácter “técnico” con la Casa Blanca. Los agentes estadounidenses solo hicieron dos solicitudes: 1) liberar a Joshua Holt, lo que se concretó en mayo de ese año, y 2) que Maduro abandonara el poder.

–Las bandas criminales parecieran haber adquirido un nuevo impulso durante los últimos meses. En esta nota solo se hará referencia a tres de ellas. La primera, el llamado Tren de Aragua. Este grupo, dirigido desde el internado de Tocorón, ha expandido poco a poco sus redes, y se ha convertido en punto de atención de policías de otros países. El jefe del cuerpo de seguridad de Cúcuta, coronel José Luis Palomino, sostuvo recientemente que la banda surgida del sindicato de la construcción del ferrocarril en el centro norte venezolano estaría aliada en la zona limítrofe con los “bota de caucho (ELN), milicias y colectivos, generando confrontaciones contra las estructuras delincuenciales de la frontera”. Hay además indicios sobre la participación de este grupo en disputas por el control de las rutas de salida de drogas en poblaciones del estado Sucre. Otras dos bandas han generado estados de alarma entre residentes de Caracas. La primera, liderada por Carlos Revette, alias Coqui, protagonizó un intenso tiroteo en la Cota 905 en una especie de homenaje póstumo a uno de sus miembros, que fue ultimado por agentes de Cicpc en Parque Central. La tercera es la organización que ha surgido en José Félix Ribas (Petare), liderada por Wilexis Acevedo. Este grupo supuestamente auspició el lunes 10 de junio una manifestación callejera contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en la vía que comunica a Petare con Palo Verde. Los participantes en la protesta gritaban que preferían tratar con el hampa que con los efectivos policiales. Desde el domingo, corrían los reportes sobre la inminencia de esta acción de calle, y se recomendaba la toma militar de la zona. Pero esto no ocurrió. A pesar de que sufren ocasionalmente algunas bajas, las tres organizaciones parecieran estar en crecimiento sostenido y ocupar cada vez más espacios, ante la mirada complaciente del Estado, en especial de sus operadores municipales y regionales.

–Esta semana, el fiscal 57 provisorio con competencia en materia de terrorismo Farik Karin Mora presentó la acusación contra el ingeniero Otoniel Ramos Sánchez por daños a instalaciones del sistema eléctrico nacional, terrorismo y asociación para delinquir, con motivo de los apagones que afectaron a todo el país a partir del 7 de marzo. Ramos fue hasta 2018 un analista de sistemas de la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de Corpoelec. Esto quiere decir que para el momento en que ocurrieron los cortes del servicio él ya no tenía la posibilidad de entrar a las oficinas de la estatal eléctrica. Sin embargo, los acusadores sostienen que él, supuestamente, tuvo un acceso remoto a los sistemas mediante la utilización de una clave vieja, que le habían asignado cuando aún estaba en nómina. Ramos ha sido el único detenido por este caso, pues los demás lograron salir del país, justo cuando el Sebin se disponía a privarlos de libertad. Ellos son Ramón Oswaldo García, Julio César Acuña, Miguelangel José Freitas y Jesús Eduardo Rodríguez. La juez cuarta de control en materia de terrorismo, Yrani Villafañe Reyes, admitió sin reservas la acusación y envió a Ramos nuevamente a las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta. Los abogados del Foro Penal Antonio Vargas, Alejandro Cantillo y Estefani Miglieri asistieron al detenido durante la audiencia. Desde un primer momento, los voceros del Gobierno han descargado sobre Ramos la responsabilidad por el mayor apagón en la historia del país, medido en términos de tiempo de duración, extensión geográfica y población afectada. No obstante, según estudios de la UCV, este gran corte se inició cuando un incendio de vegetación afectó las líneas de 765 KV entre el complejo hidroeléctrico de Guri y la subestación Malena, y no por una manipulación informática.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha convertido en un tópico de conversación en Venezuela, no solo por la decisión del régimen de acompañar a este grupo guerrillero en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano (formalmente suspendidas), sino también por las informaciones cada vez más frecuentes que indican una creciente presencia de esta organización en diversos estados fronterizos, desde Zulia hasta Bolívar y Amazonas. El ELN, sin embargo, tiene características que lo distinguen de otros factores de la violencia colombiana, ahora expandida al territorio nacional. En Historias de guerra para tiempos de paz (Bogotá, 2018), Víctor de Currea-Lugo ofrece una descripción de esta guerrilla. Obtuvo la información gracias a un acceso casi irrestricto a la llamada Delegación de Diálogos, integrada por miembros de la cúpula elena y los jefes de algunos frentes (cuyos nombres no precisó) que participaron en una de las rondas de negociaciones con el gobierno colombiano, en Ecuador. En estas páginas, el autor se difumina y permite que los jefes combatientes se expresen con sus propias palabras, sobre temas como la educación, la muerte, el miedo, los paramilitares, la ecología y el sentido de la lucha. Quizá las páginas más reveladoras se refieren a la “justicia popular” que implanta el grupo guerrillero en aquellos lugares donde ha logrado un control territorial; cómo se desarrollan los procesos y cuáles son las penas aplicadas, incluida la pena capital. Es, en fin de cuentas, una obra de gran interés, escrita sin la pretensión de haber dicho la última palabra en torno a un tema sobre el que todavía falta mucho por decir.