El policía de Pdvsa

La acusación ventilada en Texas contra cinco ex importantes operadores de la industria petrolera revela mucho más que actos de corrupción

@javiermayorca

Hace dos meses, el gobierno estadounidense dio a conocer el contenido de una acusación presentada en agosto de 2017 ante un Gran Jurado constituido en el Distrito Sur del estado de Texas, en contra de cinco venezolanos que hasta hace muy poco tiempo fueron importantes operadores de la industria petrolera venezolana.

Se trata del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos; el ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas Luis de León Pérez; César David Rincón Godoy, ex gerente general de Bariven; Alejandro Iztúriz Chiesa, ex asistente de la presidencia de la misma filial, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, alias Nadal, quien llegó a ser gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal petrolera durante la gestión del ex ministro de Energía y ex embajador ante la ONU Rafael Ramírez.

Este grupo fue solicitado en extradición a España, país donde disfrutaban de las fortunas que supuestamente fueron amasadas gracias a un sistema de sobornos para el otorgamiento de contratos a terceros, así como de tráfico de influencias.

Villalobos y sus presuntos cómplices fueron detenidos por autoridades españolas en octubre de 2017. Ya para ese momento, habían transcurrido por lo menos cinco años de investigaciones a sus actividades y las de otros integrantes del entorno de Ramírez, como su primo Diego Salazar.

El primer indicio fueron las irregularidades detectadas en 2011 en la Banca Privada de Andorra. Estas operaciones de presunto lavado de más de dos millardos de dólares llevaron al gobierno estadounidense a emitir una alerta internacional, que en mayo de 2015 desencadenó la intervención de esa entidad, filial del Banco Madrid. Villalobos también aparece ligado directamente al expediente del principado europeo.

Pero los estadounidenses acumularon tal cantidad de información sobre este grupo que la acusación presentada ante el juzgado de Texas solo toca algunas transacciones que fueron conducidas a través de un entramado de empresas y cuentas afiliadas en Curazao y Suiza. Estas corporaciones pertenecen a dos empresarios, juzgados y sentenciados en ese estado por delitos similares: Roberto Rincón y Abraham Shiera.

El documento de acusación deja en claro que Rincón, Shiera, Villalobos y los otros cuatro forman parte de un esquema que involucra a muchas más personas, perseguibles de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior. De allí que algunos sean caracterizados, para los efectos del proceso penal, como individuos de “interés doméstico” (caso de Luis de León) y otros como “oficiales foráneos”. En esta última categoría entran Alejandro Istúriz y Rafael Reiter.

Nadal, de 39 años de edad, tenía a su cargo la dependencia conocida comúnmente como la “policía interna” en la estatal petrolera. Su función principal era impedir la ocurrencia de hechos que atentaran contra la integridad del patrimonio de la institución. Por ende, contar con su complicidad era vital para la permanencia del esquema corrupto. Hay testimonios que ligan a Reiter con el grupo de Shiera desde hace por lo menos cuatro años, cuando estaba en marcha un proceso para negociar la refinería de Pdvsa en Aruba.

Reiter: lujos a expensas de Pdvsa

Pero Reiter se cuidaba. Solía actuar a través de terceros. Las pesquisas detectaron, por ejemplo, que “ordenaba que parte del dinero que le debían en conexión con el esquema fuese usado para comprar un condominio a nombre de una compañía controlada por un familiar”. Esta transacción implicó transferencias por más de 860 mil dólares. El inmueble está en el Four Seasons de Miami. Otro millón y medio de dólares supuestamente fue solicitado por Reiter para financiar la filmación de una película, a través de una productora cuyo nombre no ha sido divulgado por los acusadores.

Otras formas de pago incluían fines de semana a todo dar en hoteles de Aruba, la adquisición de vehículos blindados en una fábrica de Texas, compras de bolsos de marca por 10 mil dólares e, incluso, el pago de cursos de inglés para allegados. Todo a expensas de Rincón y Shiera.

Sin embargo, una comparación con los señalamientos que se hacen a Reiter y los formulados a los otros integrantes del mismo grupo de acusados permite concluir que estaría abierta la posibilidad de una negociación entre Nadal y las autoridades estadounidenses. Pdvsa, donde Reiter trabajó por años, fue vital para la conformación de grupos armados (los “colectivos de La Campiña”) y el financiamiento de actividades políticas en Venezuela y otros países, como por ejemplo la Argentina de los Kirchner.

El caso de Reiter, por lo tanto, podría tener un curso distinto al del resto de los acusados por el esquema de sobornos de Pdvsa.

Breves

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó en una circular distribuida en todas las unidades que la caja de ahorros “temporalmente se encuentra inactiva” en lo relativo a suscripción de documentos y a transacciones financieras. Esto ocurre en días inmediatamente posteriores a la elección de una nueva junta directiva entidad. El comisario general jubilado Vicente Márquez, que participó en una de las planchas durante este reciente proceso, afirmó que existen indicios sobre presuntas irregularidades en la administración saliente. “El dinero que entraba no se revertía debidamente a los funcionarios, y la caja ya no prestaba fondos como antes lo hacía”, recordó. Añadió que se retardó la construcción de un complejo turístico con fondos de la entidad en el estado Falcón, pues solo se ha concluido una de las dos torres del proyecto original. En la referida circular, el director de Cicpc ofreció que el supermercado de la caja retomaría sus actividades, lo que confirma además que este comercio estaba en plan de cierre. Según Márquez, la caja recibe aportes de hasta 10% del salario de unos 25.000 miembros (funcionarios de policía judicial, activos y jubilados) e igual cantidad por aporte del patrono, lo que sumaría unos Bs 25 millardos mensuales. En la actualidad, la directiva entrante lleva a cabo las gestiones de protocolización de firmas, pero aún no se ha presentado formalmente el informe de gestión de la directiva saliente.

Trato suave a Urdaneta

*Manuel Enrique Urdaneta Pino, hijo del exdirector de la Disip, teniente coronel retirado del Ejército Jesús Urdaneta Hernández, se evadió de la vivienda en la que permanecía recluido en virtud de las averiguaciones por el homicidio del taxista César Ibarra. Este profesional del volante, de 47 años de edad, fue ultimado con un tiro en la nuca el lunes 26 de febrero en la calle El Manguito de La Unión. Urdaneta era el único detenido por este crimen. Según fuentes policiales, lo identificaron como la última persona que pidió los servicios de la víctima, luego de comprar un helado en el Farmatodo de La Lagunita. Los registros de cámaras de vigilancia, ubicadas en ese local y en otros lugares en el trayecto recorrido por el taxista, permitieron establecer un nexo entre la víctima y el victimario, así como también una correspondencia con las horas en las que se cometió el homicidio. Urdaneta Pino fue aprehendido en marzo por una comisión mixta de Cicpc y la Policía de El Hatillo. Su papá, oficial retirado y uno de los líderes del golpe del 4 de febrero de 1992, intentó mediar con los agentes. Pero al presentársele la orden de captura tuvo que entregarlo. El 20 de abril, la juez octava de control Diana Marcano Lira ordenó que Urdaneta Pino tuviese casa por cárcel, sin apostamiento policial. El argumento era que este abogado de 30 años de edad padecía problemas de hipertensión. Los agentes solo debían hacer dos verificaciones diarias sobre la presencia del detenido en el inmueble. El viernes, a las 11 am, los uniformados tocaron a la puerta de la casa 5-68 de la urbanización El Halcón. Nadie atendió. Llamaron a la mamá del imputado. Ella dijo que no estaba allí, que insistieran pues seguramente el hombre se encontraba en el baño. Volvieron a tocar y no hubo respuesta. Ella regresó al inmueble a las 4 pm, y al abrir los policías confirmaron la sospecha. Urdaneta Pino había sido detenido bajo cargos de homicidio calificado por motivos fútiles. Cuando le hicieron la prueba de análisis de trazas de disparo (ATD), en la policía judicial, dio positivo. El arma homicida, sin embargo, nunca fue recuperada, aunque sí dos cajas de cartuchos 9 mm, que tenía guardadas en la misma vivienda de la cual escapó.

*El ministerio de Relaciones Interiores evalúa un plan integral de seguridad para el parque nacional El Avila, también llamado Waraira Repano. La iniciativa fue planteada por la Guardia Nacional en atención a las quejas cada vez más frecuentes sobre la actividad de delincuentes en distintas áreas de este pulmón vegetal. Esencialmente, se pretende trasladar el sistema de los cuadrantes de patrullaje a las trochas y veredas del cerro, en sus costados sur y norte. Tres cuadrantes serían atendidos por 186 militares y los restantes quedarían bajo la responsabilidad de 120 oficiales de la Policía Nacional. Serían en total 306 uniformados para cubrir unas 85.000 hectáreas. En el caso de la PNB, las áreas que deberán vigilar son Humboldt, Mecedores y Lagunazo (cuadrante 3) y San Francisco, El Guamito y Manzanares (cuadrante 2). La coordinación de la vigilancia correría por cuenta del Escuadrón Montado de la GN.

*La Fuerza Armada y la policía judicial ordenaron en forma simultánea una revisión detallada de todos los parques de armas y de las armas consignadas en las salas de evidencia, como consecuencia de procedimientos penales. En menos de dos semanas, fueron reportados casos en Carabobo y Falcón en los que estallaron granadas mientras eran manipuladas de manera inadecuada por civiles. En el último episodio, reportado en una vivienda frente a la plaza Libertad de Coro, un hombre murió y otras tres personas fueron heridas por las esquirlas. Tal parece que luego de una etapa de relativo control, han resurgido con fuerza las transferencias ilegales de armas y municiones a bandas criminales.

*En los días previos a la elección presidencial, hay un ambiente de crispación en la Fuerza Armada. En unidades de la Aviación se ordenan acuartelamientos inesperados y sin aparente razón. El espionaje a las redes de mensajería se hizo casi rutinario en todos los componentes, hasta el punto en que han ordenado que los militares entreguen la información correspondiente al código IMEI de sus teléfonos celulares. En la Guardia Nacional, luego de varios meses en los que habían represado los otorgamientos de bajas, se resolvió sacar de la fuerza a más de 1770 efectivos de tropa. El deslave en la oficialidad de la institución también es de pronóstico. En medio de este ambiente, hay unidades del interior del país que han ordenado estado de alerta máximo en los días que vienen. Los comandantes de zonas militares exigieron a los jefes de estas instalaciones la presentación inmediata de “planes de desconcentración”, que permitan relocalizar con rapidez las tropas y sus armamentos, cuando se detecte un ataque inminente. Mientras tanto, exigen que los oficiales y las tropas salgan a votar para la reelección del actual mandatario. De lo contrario, no habrá carnet de la patria, ni bonos, ni vivienda barata ni Clap.

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