Descontento en el Ejército

-Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales

@javiermayorca

Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles y de oficiales subalternos que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.

El oficial de mayor relevancia es Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes 2 de marzo aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a trabajar a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión, lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleita.

Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.

Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.

Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar. 

Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y de la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército, el principal componente de la Fuerza Armada.

En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado por Maduro de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.

“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó. 

Actualización: luego de la publicación de esta nota en Runrunes y Tal Cual, Control Ciudadano informó que el viernes 9 de marzo un juzgado de control militar con sede en Fuerte Tiuna confirmó las detenciones de nueve militares, 7 de ellos oficiales, de los cuales cuatro comandaban respectivamente los batallones Ayala (Caracas), Cipriano Castro (Calabozo), Pedro León Torres (Valencia) y Juan Paredes (Táchira). La organización representada por Rocío San Miguel indicó que las aprehensiones ocurrieron “por no adoptar una conducta política partidista en favor de la Revolución”.

El abogado Alonso Medina indicó que, de acuerdo con el Gobierno, los siete oficiales y los dos efectivos de tropa profesional enviados a tribunales formaban parte del autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Desde el exterior, el general (también expulsado de la FAN) Hebert García Plaza atribuyó al comandante Marín el liderazgo de esta agrupación, en la que participarían otros jefes de unidades tácticas. “Hay una desobediencia en marcha en la FANB, que el Gobierno oculta”, alertó.

Breves

*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles ahora son seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.

*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria, Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.

*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.

*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.

*Una nueva movilización militar se lleva a cabo en estados fronterizos con Colombia, especialmente en Táchira y Apure. Esta vez, con el pretexto de atacar el contrabando de alimentos a precios subsidiados y el abigeato. La operación, llamada Centinela, parte del supuesto de que tales actividades son ejercidas en la frontera por “grupos estructurados de delincuencia organizada” o GEDO, como si se tratara de algo totalmente ajeno a la Fuerza Armada. Las últimas denuncias del director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, indican que el mercado ilegal de alimentos es controlado en la zona limítrofe de Táchira por elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la anuencia de uniformados. Esta información es corroborada por trabajos periodísticos de medios colombianos. En septiembre de 2017 El País de Cali documentó mediante videos cómo opera la corrupción militar para permitir el paso de artículos de primera necesidad y personas por las trochas que van entre Colombia y Venezuela. La operación Centinela, por lo tanto, podría tener objetivos distintos y no declarados, al emplazar elementos del Ejército y los demás componentes castrenses en una zona de conflicto potencial, derivado del creciente flujo de personas que huyen hacia Colombia y otros países en virtud de la terrible crisis nacional.

*Los halcones. Según el periodista Ricardo Ravelo, así son llamados en México a los grupos armados que hacen la custodia de los cargamentos de drogas, en especial cuando son traslados por tierra o cuando se hacen los procesos de carga y descarga de alijos que son transportados por avión. Otros halcones también vigilan desde las alturas los contingentes de emigrantes ilegales en su ruta hacia la frontera norte, con Estados Unidos. Esa fue una de las primeras funciones asignadas a los integrantes de grupos tácticos de la Aviación mexicana que servían a Osiel Cárdenas, entonces líder del cartel del Golfo. Estos profesionales de armas fueron creciendo en número y poder hasta convertirse en Los Zetas. La referencia viene a propósito de un incidente reportado en la población de Mene Mauroa, Falcón, en la que un grupo armado se enfrentó a una comisión de la Guardia Nacional que intentaba detener a los ocupantes de una avioneta en vuelo sospechoso, el 7 de marzo. Uno de los vehículos militares se accidentó, y los que hacían la custodia del cargamento de drogas dieron alcance a los uniformados. En el tiroteo murió el sargento primero de la Guardia Nacional Gregory José Luzardo, y otro militar fue herido. Estas son señales muy claras de lo que ocurre en el país.

*Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. También puede registrarse y enviar mensajes director llenando el formato correspondiente en el margen derecho de este blog. Oportunamente, sus mensajes serán respondidos.