El síndrome del cautivo

Crímenes sin castigo | 22 de octubre de 2017

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En Venezuela está en desarrollo desde hace años una operación de ingeniería social para hacer que cada uno de sus ciudadanos asuma la mentalidad de un rehén. El episodio de Estocolmo arroja algunas enseñanzas

@javiermayorca

En agosto de 1973 una pareja de asaltantes irrumpió en una agencia del banco Kreditbanken de Estocolmo, en Suecia, con la intención de perpetrar un asalto. En el proceso, las cosas se complicaron para los delincuentes, liderados por Jan Erik Olsson, quienes no pudieron huir y se confinaron en la caja fuerte de la entidad financiera con tres mujeres y un hombre.

La situación de rehenes se prolongó por seis días. En ese lapso, todas las partes desarrollaron una relación tan estrecha que los cautivos, especialmente las mujeres, negociaron con el primer ministro sueco Olof Palme para asegurar que se respetaría la integridad de los asaltantes.

24 años después, en agosto de 2017, una comerciante venezolana fue privada de su libertad en Caracas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin orden de captura ni constancia de un delito flagrante. Simplemente porque a estos sujetos les parecía que ella estaba ligada de alguna forma al grupo que asaltó la 41 Brigada Blindada del Ejército, en el primer capítulo de la llamada Operación David.

Sol Zavala, al igual que los empleados del banco sueco, al principio estaba aterrorizada. No le dejaban contactar a un abogado ni la presentaban ante los tribunales. Para el mundo exterior, no existía.

La mujer estuvo en el Helicoide más de 45 días. Según la declaración que ofreció a El Nacional, en la medida en que pasaban las horas “optó por convivir con los agentes”: les preparaba café, les calentaba la comida e incluso limpiaba las instalaciones de las que no podía salir.

“Me sentía como un superhéroe, encargada de repartir amor”, recordó.

Ambos casos se encuadran en lo que los siquiatras Nils Bejerot y luego Frank Ochberg definieron como el Síndrome de Estocolmo. Se trata de un “fenómeno psicológico” en el que se desarrolla un nexo positivo entre el o los captores y sus secuestrados o rehenes.

Generalmente, se dan tres comportamientos: 1) las víctimas evidencian un sentimiento positivo hacia sus captores; 2) las víctimas muestran desconfianza y temor hacia lo que puedan hacer las autoridades, y 3) existe la posibilidad de que los captores también solidifiquen un sentimiento positivo hacia sus rehenes, una vez que comienzan a verlos como seres humanos.

Bastan seis días cautivo, o menos

El problema con el síndrome de Estocolmo es que tiende a generar condiciones que impiden o retardan la superación de la situación. Una de las partes, generalmente la víctima, tiende a comprender e incluso avalar las acciones y razonamientos de su captor, perdiendo de vista en el camino que se encuentra en ese trance por una actuación de fuerza.

El síndrome de Estocolmo, por ende, es consecuencia de un ejercicio criminal del poder, que en cierta forma termina siendo normalizado, y eventualmente amado por la víctima. Hay cautivos que desarrollan una dependencia tal de sus captores que hasta tienen relaciones sexuales con ellos. Recordemos por ejemplo el caso de Clara Rojas en Colombia.

En el tiempo de cautiverio, todo lo que la víctima gana son concesiones que hace la contraparte: quizá puedas bañarte hoy; quizá puedas comer; si me da la gana te daré las píldoras que necesitas para vivir; posiblemente votarás… Pero siempre que lo hagas será cuando yo diga, en las condiciones que establezca.

A este respecto, llama la atención la respuesta de quien fuera gobernador de Lara, Henry Falcón, cuando el presidente estadounidense afirmó que no descartaba la “opción militar” para Venezuela: “¡Insolente, Trump! Este peo es nuestro. ¡Resuelve los tuyos, que son bastantes!”. Una expresión visceral, de quien ya internalizó la mentalidad del rehén y sale en defensa de su captor.

Esa misma condición llevó a los dirigentes partidistas a tomar las migajas que significaban la convocatoria a una elección de gobernadores, sin siquiera discutir si el proceso podría llevarse a cabo en forma justa. El captor, incluso, alteró sobre la marcha tales condiciones, y aún así las contrapartes continuaron en el juego, como buenos rehenes.

Pero el síndrome del cautivo no solo afecta a estos líderes. Ellos son si se quiere la fiel expresión de un proceso de ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo con los ciudadanos de a pie, y que hoy los tiene más pendientes de hacer las colas del Clap que de buscar soluciones definitivas a sus padecimientos.

Venezuela se convirtió en una gran situación de rehenes.

Breves

Parte del grupo de detenidos

*El 10 de octubre, el presidente del Senado colombiano Efraín Cepeda exhortó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que presente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos el caso de 61 naturales de ese país que permanecen detenidos desde septiembre de 2016 en celdas del centro de coordinación policial de La Yaguara, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, en lo que el parlamentario describió como “precarias condiciones humanitarias”. Los neogranadinos fueron aprehendidos durante redadas que se llevaron a cabo en el municipio Sucre, para darle sustento a un discurso oficialista según el cual la criminalidad en Venezuela, y especialmente en el Distrito Capital, era estimulada por el accionar de grupos paramilitares foráneos. Estas capturas fueron ejecutadas sin órdenes tribunalicias y sin flagrancia. Durante el año que ha transcurrido desde entonces, tres juzgados se han pronunciado para que estas personas sean liberadas, y aún así permanecen tras las rejas.

*¿Para qué sirve tanta parafernalia militar alrededor de las elecciones? ¿La Operación República tiene alguna utilidad en términos de seguridad ciudadana? Veamos. Durante una semana, el gobierno central asumió la conducción de las policías preventivas, regionales y municipales. El viernes 13 de octubre, se ordenó el acuartelamiento de los cuerpos uniformados, de manera que solo los militares estarían en las calles. Entonces, se supone que no solo velarían por el correcto desenvolvimiento de la jornada electoral, sino también intentarían un control a la delincuencia. Los resultados, sin embargo, indican todo lo contrario. En los lugares de Caracas donde se llevó a cabo el despliegue castrense, la delincuencia arreció. En el municipio Sucre, por ejemplo, los homicidios aumentaron 125% con respecto a la semana previa. Los hurtos de vehículos también se hicieron más frecuentes, aprovechando precisamente el momento en que la gente iba con sus autos o motos a emitir sufragio. En El Hatillo también hubo sustanciales incrementos en delitos contra la propiedad. Los robos de vehículos, por ejemplo, se dispararon 200%. Lo mismo que en Chacao. En cambio, en Libertador, donde no hubo despliegue de Fuerza Armada, los delitos desaceleraron un poco. La Operación República, además, fue el motivo de la pérdida de una semana completa de actividades académicas en los planteles donde se iba a votar. Algunas instalaciones fueron abandonadas de improviso por los militares, cuando el CNE ordenó las reubicaciones de centros. Desde luego, ese costo de clases perdidas ni siquiera fue mencionado por el Gobierno.

*Al conocerse los resultados de los comicios regionales, el Ejecutivo anunció las intervenciones de las policías de todos los estados donde había ganado la oposición (Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui). La resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz argumenta que los agentes de estos cuerpos participaron en forma “masiva y continuada” en la violación de Derechos Humanos, “en redes delictivas y actividades que atentan contra el orden constitucional”. Es la séptima medida de este tipo que es aplicada a una policía regional por el autodenominado “órgano rector” en materia de seguridad ciudadana. Como cosa curiosa, en todas las ocasiones han afectado a instituciones de estados donde gobierna o gobernaba la oposición. El carácter político de esta medida queda en evidencia cuando se analizan dos elementos: 1) la ausencia de motivación de las medidas impuestas el 21 de octubre, más allá de una mención genérica a las causales para una intervención de esta naturaleza, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sin atender al mandato legal de la progresividad en la toma de tales decisiones. Es decir, antes de la intervención debe haber constancia de que se hicieron asistencias técnicas a las policías correspondientes, o de la instrucción de expedientes donde se dejara clara constancia, por ejemplo, de la existencia de redes de delincuencia organizada; y 2) ante los cambios de gobernadores en Lara, Amazonas y Miranda ya el gobierno central se dispone a entregar los cuerpos policiales, que fueron sustraídos del mando de los gobernadores Falcón, Guarulla y Capriles. ¿Eso quiere decir, entonces, que bastaba con el cambio de los mandatarios para que desaparecieran las redes delictivas y la violación continuada de los derechos humanos? La intervención, además, implica que las direcciones de los cuerpos policiales regionales serán militarizadas, lo que va contra la letra de la norma. Y pensar que este ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en una oportunidad exigió despolitizar el debate sobre seguridad…

*En la edición anterior se informó aquí que los secuestros en el municipio Páez del estado Miranda habían aumentado 130% si se comparan con el año pasado. Según el analista en seguridad Alberto Ray, en la mayoría de los casos conocidos los captores hacen solicitudes que pueden ir desde los cuatro mil dólares hasta los veinticinco mil dólares en promedio. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacen las bandas de estos sectores apartados, boscosos y rurales para manejar los pagos que les hacen en moneda extranjera? Un policía veterano, especializado en negociaciones de secuestros, dio la respuesta: en Barlovento, y en especial en los alrededores de Rio Chico, hay comerciantes de origen italiano y árabe que estarían haciendo operaciones clandestinas de cambio de moneda para hacerse de los dólares y euros pagados por los familiares de las víctimas de secuestros. Con este servicio, comienza a completarse el círculo desde la actividad de delito organizado hasta la legitimación de capitales.

*Un extraño movimiento de tropas y jefes militares se llevó a cabo durante los días previos a las elecciones regionales, en los puestos del estado Apure fronterizos con el departamento de Arauca colombiano. Los jefes castrenses de la Guardia Nacional y de la Armada inspeccionaron las instalaciones, e incluso en algunas oportunidades llegaron a ordenar estados de alerta ante la posibilidad de un ataque perpetrado por guerrilleros, al estilo del que hubo en Cararabo, hace ya 24 años. Desde luego, se detectó que los soldados ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse a través de los teléfonos celulares, pues el hurto de equipos en aquellos confines aparentemente es muy intenso. Un coronel de la Guardia Nacional llegó al punto de prohibir abiertamente a las tropas cualquier comunicación con elementos de grupos irregulares, lo que confirma entre otras cosas que en esas zonas el control territorial no es ejercido por los militares sino por los subversivos.