FANB y constituyente

Crímenes sin castigo | 30 de julio de 2017

Blogger

*La convocatoria a una ANC por el presidente Maduro tomó por sorpresa a la Fuerza Armada, y representa una amenaza al concepto de institucionalidad que los militares intentaron construir durante la era chavista

@javiermayorca

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue un hecho sobrevenido y sin planificación alguna. Cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, durante una intervención pública el 1 de mayo, la información correspondiente solo estuvo circulando en el Ejecutivo durante el fin de semana previo. Julio Borges la pescó.

Es probable que cuando Maduro hizo su invocación durante el acto en la avenida Bolívar ya algunos militares estuviesen enterados de lo que venía. Pero la institución castrense como un todo fue tomada por sorpresa. No había documentos ni propuestas que sustentaran y justificaran la elaboración de una nueva Carta Magna. Cero discusiones en los estados mayores.

Y Maduro fue elaborando sobre la marcha. Una semana después, en vista de que los militares no terminaban de tragarse el disparate, el Comandante en Jefe planteó la necesidad de una “constituyente militar”, y ofreció que la asamblea guardaría unas plazas para los profesionales de armas, sin que tengan que someterse a votación.

El GD Rolando Esser, detenido

La constituyente planteó para la Fuerza Armada toda una alteración de su rutina. En los calendarios trazados a finales de 2016 no había ejercicios para una Operación República. Mucho menos había presupuesto para eso. Todo tuvo que hacerse de manera improvisada, contra la voluntad de buena parte de la oficialidad, incluidos los generales que hasta junio comandaron el Ejército y la Aviación.

En la base de la pirámide militar, los oficiales de las promociones egresadas más recientemente de las academias de cada fuerza tampoco salían de su asombro. En la tercera semana de mayo, convocaron a los que tenían hasta 10 años de servicio (tenientes, primeros tenientes y capitanes) para que acudieran a Caracas a escuchar unas charlas con las que intentarían convencerlos de que la constituyente de Maduro es en realidad una continuación del “legado” de Comandante Supremo y Eterno. Sí, el mismo que se cansó de decir que la Constitución del 99 era “la mejor del mundo”.

En este lapso, los militares también han hecho sus aportes a la población penitenciaria. No importa si están abiertamente contra el régimen, como el coronel retirado de la Guardia Nacional Hidalgo Valero, o si apenas hay una sospecha sustentada sobre mensajitos ambiguos de whatsapp, como ocurre con el general de división de la Aviación Rolando Esser de Lima, vicepresidente de Corpovex.
“Están aplicando la rastropesca”, advirtió en mayo un operador de inteligencia. Es el método peculiar de las purgas, durante las cuales se llevan por delante a algunos pecadores y a muchos justos. Desde luego, en estos procesos terminan pagando también los oficiales que se hacen llamar “institucionales”. No hay neutralidad posible.

La constituyente de Maduro también cuestiona la institucionalidad militar, aún en los términos tan particulares que trató de imponer Chávez. En los tiempos del teniente coronel, la oficialidad sentía mayoritariamente que tenía a uno de los suyos en la Presidencia. Y por eso le aguantaron sus deslices y lloraron su muerte. Con el heredero sucesor ese nexo se perdió.

Por eso Maduro se quedó sin Fuerza Armada. Por eso los tenientes y sargentos graban mensajes y los cuelgan en Youtube, anunciando lo que tarde o temprano se manifestará.

Breves

*El gobierno estadounidense, por medio del Departamento del Tesoro, impuso sanciones contra trece funcionarios, exfuncionarios o dirigentes del oficialismo. Es el tercer grupo de oficialistas sancionados. Hay que resaltar varios aspectos. Por una parte, llama la atención algunos que no figuran en la lista. Dos nombres fundamentales son los del general en jefe Vladimir Padrino y el diputado Diosdado Cabello. Sobre Padrino existe la convicción de que se trata de un militar “irrecuperable” para la causa democrática. Sus propios familiares han enviado mensajes grabados en ese sentido. Sin embargo, por ahora, el gobierno estadounidense se abstuvo de congelar sus fondos. Ahora bien, las medidas anunciadas el 26 de julio no fueron retaliaciones por nexos directos con el tráfico de drogas sino por participar en violaciones a los Derechos Humanos (Lista Obama). Por eso llama la atención la inclusión de cuatro personas: Rocco Albisini (presidente del Cencoex), Alejandro Flemming Cabrera (expresidente de Cencoex), Simón Zerpa (vicepresidente de Finanzas de Pdvsa) y Carlos Malpica Flores (ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa). Ellos no se han visto involucrados directamente en la ejecución de la represión. Hay además otros aspectos que no han sido convenientemente analizados aún. Fueron sancionados los jefes máximos de dos poderes públicos, como son Tibisay Lucena (Electoral) y Tarek William Saab (Moral), que se unen en la lista del Tesoro al presidente del TSJ Mickael Moreno, sancionado en mayo, y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami. Entonces, están prácticamente todos los representantes de los poderes públicos, salvo el Legislativo. Esto implica que, para EEUU y probablemente para la mayoría de la comunidad internacional, Venezuela entra de hecho en la categoría de Estado forajido o canalla. Es decir, donde no hay respeto a las leyes, ni en el plano interno ni en el internacional. Donde los derechos humanos son meras entelequias. Una situación que traerá consecuencias en muy corto plazo.

*Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron al teniente coronel de la Guardia Nacional Francisco Gregorio Colina, quien fuera hasta mediados de julio el jefe de armamento del Comando de Zona del componente en el estado Apure (número 35). Igual medida recayó sobre los sargentos Carlos Tinedo y Wilmer García, que cumplían funciones de vigilantes del parque de armas de la misma unidad. La investigación se inició al tenerse información sobre supuestos faltantes de armas. Al comandante de imputarán sustracción de efectos de la Fuerza Armada y abuso de autoridad entre otros delitos. Al momento de escribirse esta nota, el oficial y los suboficiales eran trasladados por una comisión hacia un juzgado castrense en el estado Guárico.

Hung herido 16 veces

*Estupor en medios militares ocasionó el asesinato del teniente coronel del Ejército José Manuel Hung Chang, un oficial que había desertado de la Fuerza Armada, luego de que le negaran la baja que había solicitado. Hung, de 53 años de edad, fue ultimado el martes 11 de julio a las 6 am por sujetos que le propinaron 16 cuchillladas en las cercanías del condominio Don Mares, en el sector Betania de Panamá. El oficial vivía con humildad en Venezuela, y ante el deterioro de la situación social y política vendió lo que tenía y en 2015 se fue al país centroamericano junto a su mujer e hijos. Cuando desertó de la Fuerza Armada, desempeñaba una posición administrativa en el Ministerio de la Defensa. Hasta ahora, el caso permanece impune en ese país. No se descarta que haya sido víctima de un homicidio por encargo.

*La FANB elaboró un censo de las llamadas “fuerzas de choque”, activadas para la defensa del proceso constituyente. Estos grupos están ligados a distintos despachos gubernamentales. El registro correspondiente con nombres, apellidos, cédulas de identidad y organismo donde trabajan es llevado por las distintas zonas militares, las cuales a su vez envían la información actualizada al Comando Estratégico Operacional. Algunos de estos grupos están integrados por milicianos que se redondean el salario ofreciendo servicios de seguridad a empresas estatales.

*Para el momento de la redacción de esta columna, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a tres de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el actual Parlamento y juramentados en un acto público celebrado en la plaza Sadel, el 21 de julio. La policía política, que responde a los designios de los radicales del oficialismo, se juega la carta dura y entorpece el proceso de negociaciones adelantado a través del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los abogados son sometidos a juicio ante tribunales militares, que están diseñados para impartir penas ejemplarizantes en las filas castrenses, y no para seguir las formalidades del debido proceso y el derecho a la defensa. A esto se le llama “justicia de comando”, pues además los procesos judiciales son iniciados por mandatos de la superioridad, empezando por el Comandante en Jefe. De manera que el propio Maduro con su orden de detener a los nuevos magistrados ha terminado por cerrar las puertas a cualquier entendimiento con la oposición en vísperas de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

*560 saqueos registró el Ejecutivo durante los primeros seis meses del año. Esta es una cifra parcial, pues no incluye casi ningún apoderamiento de mercancía en camiones. Según fuentes gubernamentales, esos son vistos como simples robos. Los meses de mayo y junio abarcaron el 85% de los casos reportados. Un lector desprevenido podría inferir la existencia de una correlación casi directa y causal entre las protestas contra el régimen y las arremetidas contra los comercios. Pero un análisis de la casuística permite concluir que es necesario incorporar otros factores, como por ejemplo la ausencia de policías o militares, o como se ha visto en numerosos casos la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en tales actos. Así sucedió en Valencia y Cumaná. Por cierto, la arremetida de las turbas contra el parque industrial de Carabobo hizo que este estado lleve la delantera en cuanto al número de casos, con 210.