¿Qué pasó en la PGV?

Crímenes sin castigo | 17 de agosto de 2016

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En la penitenciaría de San Juan de los Morros el pramato impuso su voluntad. El secuestro de empleados gubernamentales solo se resolvió con la intervención de funcionarios de Miraflores

@javiermayorca

Luego de pasar seis días en poder de los reos, los empleados del ministerio para Servicio Penitenciario no quieren regresar a la Penitenciaría General de Venezuela.

Los 42 trabajadores y un contratista que llevaba alimentos a esa cárcel fueron secuestrados por los internos a partir de la madrugada del lunes 1 de agosto. Algunos de ellos permanecieron cautivos hasta el sábado 6 de agosto, cuando el líder de los detenidos o pram, conocido como Viruviru o La Guaira, consideró satisfecha su demanda de que repoblaran la penitenciaría.

El lunes 8 de agosto, el ministerio otorgó 21 días de reposo a los trabajadores que fueron víctimas del secuestro. Aunque les prohibió declarar a los medios, algunos de ellos confiaron que no desean regresar a sus labores, especialmente si se toma en cuenta que la nueva administración del penal les había exigido trasladar sus puestos de trabajo desde las áreas externas de la instalación hacia el interior. Esta circunstancia facilitó la captura por parte de los reclusos.

En los primeros días, las víctimas permanecieron en grupos divididos, todos bajo amenaza de muerte. Cuando uno de los líderes del secuestro quería ir de un lado a otro del penal las utilizaba como escudos.

PGV: tierra de prames

Al comienzo los reclusos exigieron la presencia de la ministra Maria Iris Varela. Pero ella nunca fue. El miércoles 3 de agosto, según los testimonios, se presentó el ex ministro del Deporte Antonio el Potro Alvarez. Aunque su cara es familiar en Tocorón, los reos de la PGV lo rechazaron.

El jueves la crisis dio un vuelco. El Gobierno le quitó a Varela la interlocución con los reos y se la entregó a José Vicente Rangel Avalos, ex alcalde de Sucre y viceministro de Asuntos para la Paz. Este cargo lo creó Maduro a la medida de Rangel en junio de 2015, y lo adscribió al Despacho de la Presidencia.

En otras palabras, el secuestro en la PGV se resolvió desde Miraflores.

Rangel, diseñador del controvertido programa de las “zonas de paz”, se trasladó a la cárcel y revisó la situación de los cautivos. Luego se comprometió a iniciar los traslados de reclusos hacia esa penitenciaría.

El pramato, por lo tanto, encontró un mecanismo para quebrarle el espinazo al Ejecutivo. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto indicó que hasta el miércoles pasado (10 de agosto) habían llegado a la instalación de San Juan de Los Morros 2380 detenidos, enviados desde retenes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara y por supuesto de Guárico.

La crisis de la PGV representa un giro en la relación entre los líderes carcelarios y el Estado. Anteriormente los conflictos eran originados por el hacinamiento y otros factores. Básicamente, se resolvían con desalojos. Ahora, exigen que les aseguren su mercado para continuar los cobros de extorsión, conocida como causaen la jerga penitenciaria.

El modelo de acción instaurado en la PGV ahora es imitado por los presos de otras cárceles. En Puente Ayala con la sola amenaza de secuestrar empleados enviaron 1800 detenidos.

Breves

*Cada día son más frecuentes los casos de extorsión en los que participan funcionarios policiales. Antes actuaban en sus tiempos libres y de forma clandestina. Ahora lo hacen abiertamente como parte de sus horas laborales, uniformados y en uso de los bienes del Estado. La Fiscalía informó sobre la detención de 7 agentes de la policía judicial que asaltaron a un comerciante en Mérida y luego lo contactaron para devolverle su vehículo a cambio de un pago. El 6 de agosto, en Caracas, Cicpc procesó la denuncia de un distribuidor de alimentos que fue detenido por supuestos funcionarios de la Policía Nacional en los alrededores del Nuevo Circo. Cuando vieron que estaba totalmente cargado de mercancía le ordenaron que se trasladara hasta la estación de Santa Rosalía, donde fue amenazado con una imputación por “bachaqueo” si no pagaba Bs 100.000. Esta cantidad fue cancelada por el dueño del vehículo, pues de lo contrario el trabajador sería procesado. El 10 de agosto, tres oficiales del mismo cuerpo fueron detenidos cuando supuestamente cobraban Bs 30.000 por la extorsión al dueño de una cauchera de San Agustín. Ya antes el mismo grupo de uniformados se había apropiado de Bs 60.000 del mismo comerciante.

*A propósito de la información anterior, una lectora escribió para relatar el “encuentro” de su pareja con oficiales motorizados de la Policía Nacional el 27 de julio en la tarde: “El se dirigía a Maiquetía con su hijo y la mamá del chico. Lo llevaban para abordar un vuelo a Argentina. Los detuvieron frente a Fuerte Tiuna, donde los hicieron bajarse y los interrogaron. Cuando supieron que iban al aeropuerto los hicieron bajar todo el equipaje y les robaron $1300 que llevaba el muchacho, aduciendo que eso era ilegal. Los instaron a abordar rápidamente el carro e irse”.

*El 4 de agosto la Policía Nacional de Colombia apresó al colombiano nacionalizado venezolano Nicolás Agudelo Bejarano, señalado como el supuesto financista de los alijos de cocaína hallados en mayo en Ureña y en un almacén del estado Vargas, para sumar 3,2 toneladas. Fuentes de la ONA indicaron que Agudelo sería un operador del cartel mexicano Los Zetas para Venezuela, por lo que era conocido como Z-50. El hallazgo de droga fue logrado gracias a trabajos de inteligencia con fuentes humanas. El alcaloide estaba mezclado con trozos de caucho y sustancias odorizantes que impedían la detección por los perros. Su valor en el punto de salida sería superior a los cinco millones de dólares. Por este caso hay nueve personas procesadas en el país. Agudelo es solicitado en extradición.

*La Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen presentó los últimos informes sobre monitoreo de cultivos ilícitos de coca correspondientes a Bolivia, Perú y Colombia. En el primer país hubo en 2015 una estabilización de las extensiones de los plantíos que sirven de materia prima a la cocaína. En Perú hubo una baja de 6% equivalente a 2500 hectáreas. En Colombia, en cambio, los cultivos de coca crecieron por segundo año consecutivo. Esta vez fue 40% para totalizar 96.000 hectáreas. Esto es el doble de la extensión cultivada en 2013. La cifra correspondiente al año pasado daba un potencial de producción superior a las 640 toneladas de cocaína. Buena parte de ella pasó o está pasando por Venezuela. Además, uno de los tres departamentos con mayor densidad de sembradíos, Norte de Santander, está en la frontera con los estados Zulia y Táchira. Las autoridades venezolanas niegan permanentemente la existencia de cultivos ilícitos, pero lo cierto es que esta actividad también está ocurriendo en territorio nacional, cada vez más adentro. No sólo en lo referido a la coca, tal y como lo muestra el mapa, sino también amapola de opio y marihuana, que es cultivada tanto en parques nacionales como en viviendas particulares. Esta es una de las consecuencias indeseadas para Venezuela de la paz en Colombia y la desmovilización de las FARC.

*Esta gráfica muestra a un oficial de la Policía de Lara cuando es auxiliado por un explosivista del Sebin. Al funcionario le robaron el arma, y para impedirle cualquier reacción le inmovilizaron las manos con cinta adhesiva mientras sostenía una granada sin seguro. Los expertos en explosivos cortaron la cinta y despojaron al agente de la granada. El ataque por antisociales a uniformados es cada día más frecuente. Pero éste, a plena luz del día, tiene una especial carga simbólica.

Los grafittis del ELN

*El representante del Colegio de Profesores de Venezuela para el estado Táchira Javier Tarazona denunció que está en desarrollo un plan para promocionar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los estados fronterizos del país. A la emisora de radio que se escucha libremente en el territorio tachirense se une ahora la sucesión de pintas o grafittis como el que se aprecia en la gráfica tomada en la fachada del núcleo Ureña de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se muestra la efigie del líder fundador del grupo subversivo, el sacerdote Camilo Torres. Según Tarazona, esta campaña cuenta con la anuencia de las autoridades regionales, y estaría unida al desplazamiento físico de guerrilleros hacia esas ciudades fronterizas. Esto no es descabellado si se toma en cuenta que desde mayo la Fuerza Armada monitorea los enfrentamientos y escaramuzas entre el Ejército colombiano y frentes de este grupo guerrillero en el departamento Norte de Santander, a pocos kilómetros del límite con Venezuela. Lo de Táchira amerita un análisis especial, pues allí se está produciendo una convergencia de elementos de las guerrillas colombianas, desmovilizadas o en proceso de pacificación, y antiguos paramilitares incorporados a bandas criminales, especializadas en la extorsión. El paro de transportistas en San Antonio, segundo de este año, es una demostración del poder que han adquirido estos grupos.

*A última hora me informan del estupor que ocasionó en filas de la Guardia Nacional la designación del vicealmirante Jhonny Galván García, ex comandante de la base naval de Puerto Cabello, como nuevo jefe de la Guardia del Pueblo. Esta decisión anunciada por el presidente Maduro el 9 de agosto. Fue divulgada en una intervención pública y difundida en cables de la Agencia Bolivariana de Noticias. De ser cierto esto rompería con el principio de unidad de mando pues se trata de un oficial de la Armada que gobierna sobre efectivos de la GNB. Desde este último componente aseguran que todo se trató de una confusión con un general que tiene el mismo apellido. Pero los medios gubernamentales no han hecho la debida rectificación. Entonces, los oficiales del cuerpo destinado a la preservación del orden interno se preguntan ahora si la Guardia del Pueblo está o no adscrita a esa institución.