Cinco claves para entender el problema de las drogas en Venezuela

Crímenes sin castigo | 20 de junio de 2016

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¿Cómo se inserta Venezuela en el mercado internacional de las drogas ilegales? Para comprender la situación se requiere superar los viejos esquemas de análisis

@javiermayorca

Muchas cosas han sucedido en el mercado internacional de las drogas ilegales. Durante la última década, los supuestos que sirvieron de basamento a la llamada “guerra contra las drogas” han sido cuestionados, incluso desde Estados Unidos, el mismo país que durante la segunda postguerra del siglo pasado tomó la iniciativa del prohibicionismo, guiado por las consignas de Harry Anslinger.

Hay nuevos actores, nuevas tácticas para abordar el problema, pero también nuevas mercancías que, aún siendo psicotrópicas, se salen de las clasificaciones generales que maneja la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife). Según el director de la oficina de Naciones Unidas para el Delito y las Drogas Yuri Fedotov, todos los años las drogas ilícitas mueven aproximadamente 350 millardos de dólares. Esto se dice fácil, pero las preguntas que hoy nos hacemos (al igual que hace quince años) sobre los cauces que tiene semejante cantidad en el sistema financiero internacional siguen sin respuesta.

¿Cómo se inserta Venezuela en este mercado? Esto es algo sobre lo que poco o nada se discute. Sin ánimo de agotar el tema, aquí se enuncian cinco claves que pueden contribuir al entendimiento del problema.

La primera clave: no podemos hablar exclusivamente de un “país puente”. Esta categoría, por decirlo de alguna manera, se quedó corta. Ciertamente, si cruzamos las pocas cifras disponibles podemos concluir que por Venezuela pasa alrededor del 27% de la producción mundial de la cocaína. Hay países como Panamá, Brasil y sobre todo Ecuador que podrían tener cifras similares. Esto depende esencialmente de dos variables: el tamaño de la producción en un lapso dado y la intensidad de uso de la ruta. Ambas variables cambian permanentemente. Hablamos de una industria transnacional que se adapta con rapidez a los mecanismos de persecución implantados por los estados. Los efectos “cucaracha” (Bruce Bagley) están a la orden del día. De manera que difícilmente se puede asegurar que un país “siempre” es el punto de paso preferido por los transportistas de drogas. Pero no cabe duda que Venezuela ofrece importantes incentivos a los principales actores de esta actividad ilegal, por distintos factores. Sobre esto, los generales jefes de turno en la ONA siempre han destacado lo obvio (que hay productores, consumidores y que Venezuela está en el medio, como una especie de “víctima”). Pero el principal atractivo para los “narcos” no es el geográfico ni la proximidad con Colombia sino la posibilidad de que los cargamentos lleguen a destino sin problemas. Para eso hace falta un ingrediente fundamental, que es la corrupción.

La segunda clave es una tendencia a la integración vertical y horizontal de toda la industria de la cocaína en el país. Esto ya lo observó la Jife en 2014. Por lo tanto, la consigna de que Venezuela es “territorio libre de cultivos ilícitos” entra en el mismo saco de propaganda vacía donde también está el juramento televisado del ministro González López en el sentido de que había bajado la criminalidad. Por el contrario, cada vez son más frecuentes los hallazgos de cocales, más extensos, generalmente en el municipio Jesús Semprún del Zulia pero también en Táchira. Desde luego, en medio de la opacidad con la que se manejan estos asuntos escapan detalles importantes, como por ejemplo la altura de los arbustos halllados así como su grado de concentración de alcaloide, que es el ingrediente activo sustraído para la elaboración de la cocaína.

Además, alrededor de los plantíos se encuentran complejos muy bien construidos, con logística para la permanencia de amplios contingentes que, cosa curiosa, hasta el momento no han sido detenidos. Se esfuman. Pero siempre queda la evidencia de una actividad productora de droga cada vez más intensa. Hace unos veinte años, en la frontera con Zulia, Táchira e incluso Amazonas, ocasionalmente se encontraban improvisadas «piscinas» destinadas a la elaboración de pasta base, y más nada. Ahora, lo encontrado indica una capacidad de abarcar todo el proceso, hasta incluir la entrega al transportista aéreo, en pistas cercanas.

Todo esto supone además que las cadenas de mando de la industria han migrado al país, o por lo menos tienen presencia frecuente y periódica. Esta es una historia larga y con muchos capítulos por escribirse, pero allí están los nombres de Wilber Varela (Jabón), Maximiliano Bonilla (Valenciano) y Daniel Barrera (El Loco) para testimoniarlo. Otros, los de las FARC, siguen en el campo.

La tercera clave tiene que ver con el proceso de incorporación de bandas criminales al negocio. El surgimiento de las llamadas megabandas estaría en buena medida asociado a la captura de trozos de este mercado en el país. Es el Picure en Guárico, los Meleán en Zulia y Coqui en la Cota 905, por citar algunos. En todos estos casos, las drogas constituyen una actividad que, a juzgar por los informes conocidos extraoficialmente, llegó para sumarse a un portafolio de delitos ya existente, donde destacan el robo de vehículos, la extorsión y el secuestro. Por lo tanto no sería apropiado hablar de megabandas dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas, pero sí alimentadas por él.

La cuarta clave se refiere a la entrada de los militares venezolanos como actores fundamentales en esta industria. Siempre hubo profesionales de armas involucrados en el tráfico de drogas. Activos y retirados. Eran episodios ocasionales y muy escandalosos. Pero durante estos últimos quince años hubo cambios radicales en este aspecto. Hasta 2010 los trabajos de interdicción en drogas eran asignados a la Guardia Nacional y a la policía judicial. Con una reforma que se hizo en la legislación sobre la materia ese año, unida a decisiones tomadas por el Ejecutivo, se amplió la competencia en la materia a toda la FANB, y por lo tanto se potenció enormemente el riesgo de corrupción en todos los componentes. Esto quiere decir que cada militar en su ámbito de acción podría aprovechar su poder para determinar qué cargamento pasaba y cuál no. No es casual que Makled declarase que en su nómina tenía a oficiales de todos los cuerpos militares.

Esto permeó hasta lo más bajo de las filas castrenses. En 2016 han sido reportados por lo menos siete casos que involucran a oficiales medios y subalternos así como a oficiales técnicos y tropas profesionales en este delito. Hay demasiado dinero en juego y los controles son virtualmente nulos.

Alijo hallado en poder de un suboficial

La quinta clave consiste en entender que sobre este problema las investigaciones son muy escasas en el país. Por ejemplo, no existe un estudio amplio y actualizado que permita señalar si existe verdaderamente una relación causal entre las drogas ilegales y el delito violento. Hay testimonios y opiniones, algunas muy respetables, que lo aseguran. Pero eso no es suficiente. Sin embargo, esta fue una de las nociones invocadas para la aplicación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad y los “madrugonazos al hampa”, es decir, tácticas de mano dura contra el delito. Hay una parte importante de la población dispuesta a comprar estas consignas, pues se encuentra desesperada ante el auge de la criminalidad. Pero esto no representa necesariamente que las acciones emprendidas den soluciones sustentables.

No sabemos tampoco cuál es la magnitud real del mercado de las drogas en el país. ¿Son 250.000 usuarios ocasionales y 140.000 usuarios frecuentes, como lo concluyó una encuesta en 2006? ¿Cuántos de ellos salen a delinquir o de alguna manera incitan al delito? ¿Qué tan extendido es el uso de varias sustancias a la vez o en cortos períodos, llamado policonsumo? Si no sabemos esto difícilmente llegaremos a conocer cuánto dinero mueve esta actividad en Venezuela. Tampoco podremos tomar decisiones en torno a eventuales regulaciones a los mercados, como las aplicadas en Uruguay y últimamente en Chile.

Breves

*Venezuela entró en el Nivel III de conflictividad social. La escala elaborada por el general de división retirado (GN) Rafael Damiani Bustillos indica que con el pasar de los días el descontento deja de expresarse a través de las acciones del tipo “disturbio civil”, en las que la gente ocasionalmente quema cauchos, bloquea carreteras e incluso puede utilizar armas de fuego, para pasar a manifestaciones más violentas y prolongadas, denominadas por el oficial retirado como “motín urbano o rural”. El esquema Damiani indica que se trata de situaciones de “conmoción interior”, ocasionadas por el “levantamiento de turbas populares sin control”. Pueden durar hasta un mes continuo. Se presentan ataques a las propiedades públicas y privadas, linchamientos, desabastecimiento e interrupción de los servicios. Lo de Cumaná fue apenas un aviso.

*En medio de esta situación, el Gobierno ha ordenado a los militares para que asuman directamente la venta de los alimentos de primera necesidad, junto a los representantes de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). En Trujillo, por ejemplo, efectivos de unidades especializadas como el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN fueron vistos sacando bolsas de los camiones para distribuirlas entre la población. Esto desde luego no mitiga el desabastecimiento. En cada jornada fueron repartidos solamente 47 combos. Pero sí se coloca a los militares una vez más en una posición incómoda, pues los pone en el bando de los generadores del descontento popular. Además, los distrae de una de sus funciones. Según el criminólogo Fermín Mármol, el secuestro se ha incrementado en lo que va de año 170% con respecto a los primeros meses de 2015.

*La expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Mildred Camero afirmó durante su intervención en un taller sobre drogas e institucionalidad en Venezuela que la reventa de productos de primera necesidad y combustible, tradicionalmente conocida como bachaqueo, estaba siendo utilizada para legitimar capitales. Esto explicaría el fenómeno observado en varios puntos de la frontera con Colombia, en los que campesinos y obreros supuestamente participaban en operaciones estructuradas para sacar grandes cantidades de efectivo de agencias bancarias, que luego llevaban al territorio colombiano, donde las reunían de nuevo para cancelar actividades desconocidas. Oficiales de prevención al lavado de dinero pensaron inicialmente que los billetes eran sometidos a procesos químicos para luego cambiarles la denominación. Algo de esto se vio en la zona limítrofe del Zulia. Pero no explicaba en su totalidad el traslado de sumas tan elevadas. Otra pieza de este rompecabezas la aportó el supuesto líder de la banda criminal Los Rastrojos en Cúcuta, alias Cara de Niña, quien reveló en una entrevista con la cadena Caracol que el paso de alimentos y combustible hacia Colombia no podía ocurrir si los contrabandistas no cancelaban altas sumas semanales a los jefes militares y políticos de la región. Todo esto se hace en efectivo.

*Las giras que un supuesto chamán ha emprendido por todo el país para promocionar sus sesiones de “medicina ancestral” basadas en el consumo de yopo causaron estupor en sectores que tradicionalmente han trabajado el tema de las drogas en el país. La ex subdirectora de la policía judicial, comisaria Odalys Caldera, y el expresidente de la Conacuid Bayardo Ramírez Monagas observaron que la fabricación y suministro del referido alucinógeno están permitidos por la legislación vigente, siempre y cuando estén restringido a los territorios indígenas, y que en ningún caso puede formar parte de una actividad comercial, como lo sugieren las convocatorias divulgadas a través de las redes sociales, aunque pueda contar con la autorización del Ministerio para Pueblos Indígenas. Según Ramírez, con el yopo se estableció una excepción en respeto a la cultura de los primeros pobladores del territorio, que no abarca la posibilidad de un uso “recreacional, de fiesta con ánimo lucrativo, empresarial”.

La Riviera: futuro incierto

*Las investigaciones internacionales contra el grupo Waked, por un supuesto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, han tenido un efecto inmediato en las actividades de la famosa cadena de tiendas La Riviera, que tiene locales en las zonas duty free en casi todos los aeropuertos americanos. En Panamá, por ejemplo, están operando solamente con ventas en efectivo, es decir, no admiten tarjetas de crédito ni de débito. En Colombia, los empleados de esta cadena no saben la razón por la que han cerrado algunos locales en el aeropuerto El Dorado. El jueves, cuadrillas de obreros continuaban el desmontaje de la mueblería. En mayo, luego de la captura de Nidal Waked, el Departamento del Tesoro incorporó a todas sus empresas en la lista Clinton, y ordenó el bloqueo de sus cuentas.

*La inseguridad es un estado que se construye con una suma de detalles. El siguiente relato de un lector aporta datos para entender por qué Venezuela es uno de los países más violentos y también inseguros en el mundo. Su nombre fue omitido. Esto ocurrió el 10 de junio a las 10 pm aproximadamente, cuando la persona conducía un Ford Fiesta recién adquirido luego de canjear su anterior Toyota Land Cruiser, pues lo consideraba muy llamativo y riesgoso para manejarlo en Caracas. Iba junto a su novia y otra pareja desde El Valle hacia la avenida Solano. “A la altura de la entrada del Bicentenario, justo antes del semáforo, se encontraban cuatro vehículos estacionados esperando el cambio de luz. Yo no me había detenido totalmente cuando de pronto sentí que iba a ser abordado por un grupo de no menos de tres hombres que presumo salieron de la zona boscosa paralela a la vía (…). Ante esta situación vi la oportunidad de huir (…) Empezaron a disparar de manera indiscriminada. Tomé por la fuente de Plaza Venezuela a toda velocidad cuando el esposo de mi amiga que iba en el asiento trasero con ella indicó que había sido impactado en la espalda (…) Esta persona tuvo la noción de decirme que su seguro trabajaba con la clínica Cemo (…) Cuando entré al distribuidor de Santa Mónica empecé a sentir que el caucho trasero izquierdo estaba perdiendo aire. Aceleré para evitar quedarme varado en plena vía con mi amigo herido (…) En la entrada de la clínica se encontraba una patrulla de la Policía Nacional, por lo que apagué las luces y les hice señas para evitar ser confundido con delincuentes (…) Los funcionarios dentro de la patrulla vieron el carro tiroteado, con un caucho espichado y un herido bajándose y ni se tomaron la molestia de adoptar medidas de seguridad para ellos, menos preguntar u ofrecer ayuda para bajar al herido”. Mientras los médicos atendían al lesionado, el conductor salió de la clínica para hablar con los agentes. “La mayor sorpresa que se habían ido (…) como si eso que llaman servicio al ciudadano jamás se los hubiesen nombrado en sus aulas”.