Llamadas que dan miedo

Las extorsiones por teléfono están en auge. En la gran mayoría de los casos, las llamadas son hechas por presos ociosos y con tecnología disponible, que amenazan en nombre de los delincuentes de moda

@javiermayorca

Esta semana me contactó un antiguo compañero de trabajo. Estaba preocupado pues un familiar muy cercano acababa de recibir una llamada en la que un sujeto que se identificaba como el comandante Martín Figueredo le decía que ciertas personas habían pagado cuatro millones de bolívares para matarlo; que a tal efecto él y su grupo lo vigilaban desde hace tres semanas y que por lo tanto conocían toda su rutina. Pero que durante ese tiempo entendieron que se trababa de “una persona de bien”, y que iban a darle una oportunidad para mantenerse con vida, siempre y cuando pagara un millón de bolívares.

El sujeto que llamaba aseguraba ser un operador de la banda comandada por José Tovar Colina, el mismísimo Picure muerto en El Sombrero durante un enfrentamiento con comandos de la Guardia Nacional, el martes 3 de mayo.

La víctima de esta extorsión se dejó llevar por los nervios y no pensó en pequeños detalles tales como que el líder de la banda que supuestamente iba a matarla había fallecido hace más de quince días. Le dijeron que la habían visto en su trabajo, y que en ese momento estaban vigilándola desde una camioneta. Como el local donde trabajaba el receptor de la llamada estaba en una urbanización del municipio Baruta, cualquier camioneta que pasara frente al inmueble podría ser el de los supuestos espías.

El primer consejo al ex compañero de labores fue que su familiar intentase mantener la calma, y que en lo posible dejara un rastro documental de las próximas comunicaciones por teléfono. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas que se pueden instalar en estos aparatos para grabar las llamadas. Son muy útiles.

También le sugerí que hiciera algunas preguntas de control, para determinar si los extorsionadores efectivamente conocían la intimidad de la víctima, o si por el contrario se trataba de presos en algún internado o retén cercano que estaban “trabajando” sobre la base de datos colectados a través de las redes sociales. Lo que era lo más probable.

La conversación terminó con el consejo habitual: denunciar, en especial ante la policía judicial o la Guardia Nacional. Lo que a la víctima le inspire más confianza.

Una hora después, el antiguo compañero de labores llamó nuevamente para ponerme al tanto de lo que sucedía. Su familiar había pagado una alta suma, creyendo que con eso compraría un poco de tranquilidad.

Apenas se dieron cuenta de que habían ganado, los hampones renovaron sus amenazas.

La extorsión telefónica es el delito de moda. En una semana los cuerpos especializados de Cicpc y la GN han recibido denuncias en las que los supuestos hampones pertenecen a los más variados grupos. En Guarenas, por ejemplo, los comerciantes comenzaron a recibir llamadas en nombre de la banda Juvenal, que como la de Tovar Colina opera en Guárico y Aragua, no en Miranda. Pero eso no importa. Sólo interesa que el nombre suene, que sea popular. En Caracas comenzaron a extorsionar en nombre del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana.

Los centros desde los que emana la extorsión telefónica varían con el tiempo. En 2013 un informe de la Guardia Nacional indicaba que penales como los de San Felipe (Yaracuy) y Santa Ana (Táchira) eran importantes puntos de origen de la extorsión en el occidente del país. En otra oportunidad, el exdirector de Cicpc comisario Miguel Dao me comentó que el internado judicial de Tocorón (Aragua) también era lugar de operación para los profesionales de la amenaza.

Anteriormente, los extorsionadores exigían que los pagos se hicieran en efectivo. Lo cual implicaba que contaban con grupos de apoyo en el exterior de las cárceles para colectar el dinero y llevárselos. También podían pedir la compra de tarjetas telefónicas hasta determinados montos, y luego solicitar que les mandaran los códigos correspondientes para hacerlas efectivas en sus aparatos, y así continuar con el ciclo extorsivo.

Pero últimamente han cambiado. Ahora los amenazadores de oficio piden que les hagan transferencias bancarias a las cuentas de terceras personas. Esto parece absurdo. Nada más rastreable que los fondos enviados por medios electrónicos. Al respecto un ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc me comentó que generalmente las cuentas que reciben los fondos son abiertas con identidades falsas o incluso pueden pertenecer a personas a las que han coercionado para que no denuncien la recepción de estos fondos. Algo así como “cómplices obligados”.

Los extorsionadores, además, parten de la base de que las víctimas no acudirán a los cuerpos policiales,  y que si lo hacen éstos desecharán la denuncia pues resulta muy complicado y peligroso llegar hasta un aparato celular oculto en un pabellón en el interior de una prisión. Sólo mediante una requisa general y sorpresiva es posible incautar estos aparatos.

Aunque la gran mayoría de los extorsionadores no cumple con sus amenazas, hay una ínfima fracción que sí está en capacidad de hacerlo. En oriente, por ejemplo, la GN detectó que una megabanda tiene una red de extorsión telefónica. Las llamadas supuestamente son hechas desde el penal de Puente Ayala, pero la estructura para cumplir las amenazas está en las calles de los estados Sucre y Anzoátegui.

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley para regular las comunicaciones y el uso de internet desde los centros de detención. Según el abogado Luis Izquiel, quien asesoró a los proyectistas, esta norma plantea la utilización de tecnologías que “tumban” las señales de telefonía celular, a través de las cuales corren precisamente estas extorsiones.

Para la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela esta ley no es necesaria, toda vez que en diciembre de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que regula, entre otras cosas, las comunicaciones desde y hacia los penales.

Lo cierto es que cinco meses después de la entrada en vigencia del referido código no se han aplicado medidas y la extorsión telefónica ha cobrado auge. Ya lo tenía en el interior del país. Ahora llegó a Caracas. Quizá esto era lo que hacía falta para que las instancias decisorias se interesen en el asunto.

Breves

*La División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial plantea iniciar una línea de investigación en torno a los propietarios de las 540 aeronaves que fueron expropiadas por el Gobierno a propósito de la operación Cielo Soberano, llevada a cabo a finales de 2015. Los funcionarios intentarán determinar qué uso le dieron a estos aparatos, y específicamente determinarán si transportaron algún tipo de droga ilegal. Las aeronaves fueron declaradas en abandono cuando sus dueños no aportaron la documentación requerida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), y actualmente se deterioran en distintos aeropuertos del país. El Gobierno analizó una propuesta de utilizar estos vehículos como activos de una nueva empresa estatal, destinada a la formación de pilotos y mecánicos especializados. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El temor en medios aeronáuticos es que esta iniciativa de CICPC sea aprovechada por agentes inescrupulosos para presionar indebidamente a los dueños de los aparatos.

*La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) maneja un proyecto para constituirse en única formadora y proveedora de funcionarios para los cuerpos de policía preventiva, tanto municipales como regionales (ya lo hace con PoliNacional). Informaciones recibidas en policías del Distrito Metropolitano indican que estos cuerpos deberán elevar al instituto educativo dependiente del MRI sus peticiones para la formación de nuevos oficiales, y que la Unes decidirá si puede cumplir con estas exigencias. De igual forma, se plantea que por cada agente egresado de la Unes los cuerpos municipales y regionales deberán pagar sumas superiores al medio millón de bolívares. Los cursos de formación durarán dos años. En la actualidad, los cuerpos de seguridad tienen serios problemas para preservar a los oficiales más novatos en sus filas. La baja remuneración, el elevado riesgo inherente al trabajo y la posibilidad de migrar a empresas privadas de seguridad para obtener mejores ingresos se unen para configurar un auténtico deslave de talentos. El déficit de uniformados en el Area Metropolitana supera el 60%. Si a eso se suma que cada agente nuevo costará más de medio millón de bolívares a las alcaldías o gobernaciones, el plan resultaría inviable desde el punto de vista financiero. Las academias de policía que actualmente operan en el país quedarían para los planes de “formación contínua” de los uniformados que ya están en sus filas.

*El lunes 16 de mayo aproximadamente a las 8 pm tres cazas F16 venezolanos de la formación conocida como “dragón” atacaron una aeronave presumiblemente de uso civil, aún sin identificar. Fuentes de la Aviación indicaron que la operación se llevó a cabo sobre costas venezolanas a 10 millas al norte de Puerto Gutiérrez, estado Falcón. El incidente fue confirmado el jueves por el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, cuando afirmó que había sido “inutilizada” una aeronave en vuelo sospechoso frente a las referidas costas. Hasta ahora no se han encontrado los restos del aparato. Tampoco se ha establecido su identificación o la de sus tripulantes. Lo extraño es que luego del derribamiento de la nave no se aplicó ningún protocolo de búsqueda y salvamento de sus tripulantes. El Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR) no fue notificado. Se desconoce si este fue el mismo incidente aludido por el presidente Nicolás Maduro el martes, cuando se refirió a un supuesto “avión espía” estadounidense.

*Los resultados de la “segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) han sido magros, por lo menos en lo que respecta a la disminución de la criminalidad en el Distrito Capital. Tal parece que las bandas de la Cota 905, el Cementerio y El Valle-Coche estaban en su mayoría advertidas con suficiente antelación de la movilización militar y policial que comenzó el martes 17 de mayo, y se desplazaron hacia la periferia de la urbe. Durante las 72 horas que duró el despliegue fueron reportados tres secuestros. En uno de ellos, por ejemplo, los captores se movilizaron con la víctima entre la carretera vieja a La Guaira y la Panamericana. En otro caso, los plagiarios capturaron en Catia La Mar a un agente de la Policía del municipio Vargas, para ese momento franco de servicio, y lo llevaron a la capital por la autopista, poco antes de que comenzara el despliegue de los militares en esta vía. Cuando les avisaron que la OLP comenzaba optaron por abandonar al funcionario en el sector Marlboro de la carretera vieja a La Guaira. Allí la gente se negó a prestarle auxilio, pues no sabían si era una víctima o un antisocial. Tuvo que caminar hasta una estación policial, desde la que pidieron un vehículo para trasladarlo y hacer la denuncia correspondiente. Cuando se dio por finalizada la operación, el viernes 20, el hampa siguió sus ataques con la misma frecuencia.  

*Héctor González se define a sí mismo como “chamán”. Según su propio testimonio desarrolla un proyecto de “medicinas ancestrales” en las comunidades indígenas de Amazonas. Dijo contar con la “colaboración y aprobación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas”. González encabeza las ceremonias en las que grupos de personas previamente estudiadas acuden a playas de Chichiriviche (Falcón) para consumir el alucinógeno yopo con intenciones curativas. A propósito de la última entrega de este blog, González escribió una carta de 10 páginas en la que ensalza el atributo “sanador” de esta droga. En su criterio la sustancia es “una herramienta de poder para internarnos en lo más profundo de nuestra psique de manera visual (…) bajo un estado modificado de conciencia, es decir un estado de meditación”. Anunció que para el mes de mayo está previsto el inicio de una “gira nacional” acompañado por otro chamán de origen piaroa. El acto también será en la referida playa falconiana. Divulga sus iniciativas a través de diversas páginas y cuentas en redes sociales. La foto que acompaña esta nota fue enviada por el propio remitente.