Hampa «for Export»

El estallido de la criminalidad en Venezuela se está convirtiendo en una fuente de problemas para los países vecinos. Es hora de que dejemos atrás nuestra creída leyenda dorada y asumamos que más bien somos protagonistas de una larga página roja

@javiermayorca

El martes 16 de febrero, la Policía Nacional panameña detuvo a dos venezolanos en la población de Betania, cuando intentaban sustraer con pinzas y un destornillador los dólares de un cajero automático. Los hombres, cuyas identidades no fueron reveladas, tenían en su poder tarjetas de débito y crédito a nombre de diversas personas, lo que hace suponer a las autoridades que ya tenían tiempo en el mundo del delito.

En el balneario Montañita de Ecuador causó estupor el asesinato de dos turistas argentinas, Marina Menegazzo y Maria José Coni, respectivamente de 21 y 22 años de edad. El crimen llegó a las páginas de la prensa el 22 de febrero. El abogado de los deudos Hernán Ulloa reveló a la prensa de ese país que uno de los homicidas sería un venezolano, apodado el Chamo, quien supuestamente actuó en complicidad con dos ecuatorianos ya detenidos.

El 26 de octubre de 2015 la población de Aruba se conmocionó al conocer el millonario asalto al casino Excélsior. Este tipo de noticias, desde luego, para nada contribuye en la consolidación del ambiente de tranquilidad que debe prevalecer en uno de los emporios turísticos del Caribe. Las autoridades iniciaron una búsqueda basada en los testimonios y registros de video del centro de juegos, hasta que detuvieron a tres venezolanos cuando intentaban abandonar la isla. Se trataba de Víctor Manuel Valente, Carlos José Huerta Ibarra y Julio García Capdevilla.

Estas noticias apenas ocupan espacios en la prensa venezolana, cada vez menos atenta a los problemas relacionados con la criminalidad. Sin embargo, reflejan una tendencia que ya está impactando negativamente a todos los países vecinos, e igualmente a territorios como el sur de Florida o España, con los que tradicionalmente se han relacionado los venezolanos. La delincuencia pareciera que ya no se conforma con lo poco que hay en el país, e intenta expandir sus fronteras.

Uno podría pensar que este es un resultado “natural” de la diáspora que ha afectado al país durante los últimos tres lustros. Si de Venezuela se han ido según cálculos conservadores más de un millón de personas se puede suponer que no todas son honestas y acatadoras de las normas.

Pero los reportes de venezolanos tomados in fraganti en cualquier parte del mundo cuando cometen algún tipo de delito (más allá de las frecuentes infracciones a las leyes de tránsito) se han hecho cotidianos. En Taipei, por ejemplo, una venezolana de 24 años de edad fue detenida cuando hurtaba jamón, carne, pan y leche de un abasto. Las autoridades suponen que ella obtenía el sustento diario mediante esta actividad desde que ingresó tres años antes como turista y se quedó allí como inmigrante ilegal, sin trabajo conocido.

Muchos venezolanos delinquen en otros países al creer que allá las cosas se manejan con la misma ligereza que en el territorio nacional. Primero sacan pequeñas cosas de las tiendas, se saltan los pagos en el subterráneo e incumplen las normas de tránsito. Luego van a cosas mayores. En agosto de 2015 dos venezolanos fueron identificados como parte de una banda que perpetró por lo menos 30 asaltos a condominios lujosos del sur de Florida. El grupo en el que supuestamente participaban Alberto Colmenares Machado y Wilmer José Paúl Gamboa operó por lo menos durante dos años hasta que la policía de Key Biscayne determinó que los sujetos viajaban a Estados Unidos con el preciso objetivo de cometer sus robos. Luego, regresaban a Venezuela.

Colombia es quizá el primer país en padecer la explosión de criminalidad que viven sus vecinos de la frontera oriental. No sólo es que muchos neogranadinos han resuelto volver a su tierra, para huir de la inseguridad que hay aquí. Ahora, las poblaciones fronterizas se ven impactadas por el accionar de los criollos. En febrero, por ejemplo, la Policía Nacional colombiana detuvo en Cúcuta a Alexis Francisco Magallanes, de 25 años de edad, involucrado en una red que extorsiona a empresarios de esa ciudad fronteriza.

Pero el hampa nacional también ha llegado a Bogotá. El 4 de marzo, un venezolano junto a un transexual fueron detenidos cuando intentaban atracar a un taxista en la capital colombiana.

Estos casos difícilmente se veían hace unos años. El venezolano aún mantenía algo de la cortesía y la civilidad que observó Alejandro de Humboldt en sus viajes por estas tierras durante el siglo XIX. Estos atributos parecían mantenerse en el siglo siguiente, a juzgar por lo que señalaban autores como Augusto Mijares en Lo afirmativo venezolano.

Desde luego, no se trata de hacer generalizaciones. Pero sí hay que observar lo que ya podría ser una tendencia preocupante. Es necesario asumir que parte del cambio sufrido por los venezolanos durante los últimos años ha puesto de manifiesto conductas y valores que poco tienen que ver con la institucionalidad y el imperio de la ley. El resultado más evidente ha sido la elevación sostenida de los índices de violencia criminal en todo el territorio nacional. Esto, tarde o temprano, rebasa los límites fronterizos.

Si bien es cierto que la mayoría de los relatos sobre venezolanos detenidos en el exterior se refiere a delincuentes rudimentarios y poco organizados, que aparentemente salen del país a explorar oportunidades en otros territorios, es apenas cuestión de tiempo para que comience a hablarse de organizaciones delictivas criollas en el extranjero. Por ejemplo, en países de Africa Occidental, con Guinea Bissau a la cabeza, desde hace ocho años se reporta con insistencia la participación de connacionales en el tráfico de drogas.

Según Federico Varese (2011) los procesos de “trasplantado” de organizaciones delictivas se facilitan en la medida en que los miembros de tales grupos son capaces de enlazar la demanda en un lugar con las posibilidades de ofertas de bienes y servicios ilegales en otros.

Estas estructuras, además, tenderán a buscar sitios donde la migración del país haya hecho “cabeceras de playa”, es decir, asentamientos más o menos numerosos en los que se puedan mimetizar. Todos estos procesos, claro está, se aceleran en un mundo como el actual, donde se vive una revolución de la movilidad (Naím, 2015).

Si seguimos estas premisas podremos explicar el creciente involucramiento de venezolanos en hechos delictivos en países cercanos. No sólo Colombia, sino también en Estados Unidos y Panamá, donde según voceros diplomáticos hay más de 4000 venezolanos tras las rejas. El control de cambios impuesto en Venezuela desde 2003 se convirtió en un acelerador de estos procesos. Hubo grupos que instalaron operaciones simultáneamente en ambos países precisamente para proveer el servicio de cambio de moneda tan requerido en una economía dependiente de importaciones como la venezolana. Eventualmente, estas organizaciones incurrieron en estafas millonarias. Entre las víctimas figuraban personas inocentes, algunas de ellas impulsadas por estados de necesidad. Pero también estaban elementos que solo querían aprovechar este servicio para colocar en el exterior dinero mal habido.

Breves

*El decomiso de 359 kilos de cocaína en una avioneta que voló desde Barquisimeto hasta el aeropuerto internacional de La Romana, en República Dominicana, no fue producto de un hecho casual. Fuentes con acceso a la investigación confiaron que tanto la Cessna 404, siglas YV2708, como el piloto Carlos Justiniano eran objetivo de permanente vigilancia. Este aviador formaría parte de un grupo conocido en países de Africa Occidental como “los venezolanos”, quienes junto a elementos de carteles mexicanos y colombianos prácticamente han hecho “llover cocaína” sobre países como Guinea Bissau, Mali, Ghana y Sierra Leona, por citar algunos. Justiniano y su compañero de faenas Antonio Carmelo Vásquez Guerra fueron los encargados de llevar un alijo de aproximadamente 2,5 toneladas de alcaloide a Guinea en 2008. El episodio estuvo rodeado de escándalo ante la evidente participación de elementos del Ejército de ese país, quienes incluso impidieron a la policía civil realizar las pesquisas a la aeronave que trasladó el alijo, de siglas estadounidenses. El gobierno venezolano fue informado sobre aquel episodio. El régimen sabía con detalles que Vásquez y Justiniano llevaron la droga escondida en cajas de medicinas, con papelería oficial venezolana. Y nada se hizo. Desde entonces Justiniano operaba con tranquilidad en una firma de vuelos por encargo. Simultáneamente hacía el traslado con fines de importación de aviones fabricados en Europa Oriental (Ucrania y Polonia). La historia extraoficial es que la Cessna decomisada en Dominicana pertenece a una empresa cuyo socio mayoritario es un español con presencia esporádica en el país. Estas ausencias supuestamente eran aprovechadas por el aviador para sus correrías. Los transportistas lograron abrir una ruta a través del aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, con anterioridad utilizado ocasionalmente para estos fines. En abril de 2015, un grupo de mexicanos y colombianos abandonó en la pista un jet con matrícula mexicana. El aparato aún permanece en el terminal aéreo. En noviembre intentaron hacerlo nuevamente con otra aeronave de siglas estadounidenses, pero los guardias nacionales les impidieron la huida. Al hacer un barrido a la cabina se detectaron trazas de cocaína. Dos de los tres detenidos eran de origen azteca, aunque nacionalizados en EEUU y España, respectivamente. Serían operadores del cartel de Sinaloa, comandado desde prisión por Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, junto a Juan José Esparragoza, alias el Azul. A última hora la Fiscalía informó sobre la detención del empresario Pablo Cárdenas de 45 años de edad y de un detective de Interpol, señalados respectivamente de financiar y participar en la apertura de la ruta para la droga. El nombre de Cárdenas con seguridad dará qué hablar. Las primeras versiones indican que su principal cliente era el propio Estado venezolano. Eso quedará para la próxima entrega.

*Recientemente estuvo en el país César Solórzano, un experto peruano en recuperación de activos producto de actividades de delincuencia organizada. Este abogado forma parte del equipo del Instituto Basel, con sede en Suiza, y junto a la fundación En Cambio de Carlos Tablante tuvieron una sesión de trabajo con diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para afinar los mecanismos que permitan recuperar aunque sea una pequeña porción del dinero saqueado al país durante los últimos 17 años, calculado en unos 350 millardos de dólares. Según el experto, no existe un procedimiento estándar en esta materia. La experiencia indica, sin embargo, que uno de los aspectos más importantes para lograr el éxito en esta tarea es que las legislaciones nacionales sean compatibles con los acuerdos multilaterales y con las normas de los países en los que se cree han sido depositados tales fondos. Otro punto importante es lograr en el país las sentencias condenatorias con la mayor rapidez posible, pues así es más fácil exigir la restitución de los dineros. Mientras tanto, según Solórzano, se pueden solicitar medidas cautelares de congelamiento de fondos. El consenso es que estos son procesos muy largos, en los que la voluntad política de los estados debe permanecer en el tiempo, a lo largo de dos o más gestiones presidenciales. De lo contrario, los fondos producto de la corrupción no serán restituidos. En Perú, la experiencia más “rápida” ha tardado tres años. Para este abogado, la preparación del Parlamento es auspiciosa. En otros países, estos procesos se desarrollan sobre la marcha, con muchos tropiezos. Según la organización Global Financial Integrity, Venezuela llegó a ser el octavo país en desarrollo exportador de capitales ilícitos. En Latinoamérica fue el segundo, solamente superado por México.

*El descontento recorre las filas de todos los cuerpos policiales en el país. Al menos los cuerpos preventivos y de investigación. Ya no se trata solamente que a los funcionarios los maten por cientos cada año, sin que haya una acción del Estado para imponer justicia a través de las instituciones (lo que a su vez alimenta el ciclo de la violencia). Es que a los ojos de los uniformados el propio Estado, con el Ejecutivo al frente, ha sentado las bases para fortalecer a grupos armados y bandas criminales. “Nunca se pensó que a 500 metros de la sede policial el Gobierno instauraría una zona de paz para las bandas”, explica el subcomisario jubilado Omar Vásquez, secretario general de la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados. Por otra parte, hay la sensación de que a los funcionarios los están utilizando como “carne de cañón”. En Táchira, por ejemplo, se envió a oficiales sin experiencia en temas de orden público para contener una manifestación estudiantil. Resultado: dos funcionarios muertos al ser arrollados por un estudiante que se había apoderado de una buseta. En esa región hay agentes que deben financiar la compra de sus uniformes, así como de los repuestos para las motos. Algo similar ocurre en la Policía Nacional. Todos estos factores servirían como amalgama para un movimiento que incluye a miembros de diversas instituciones policiales y que pretendería, en primera instancia, hacer un llamado de atención al “órgano rector”, es decir, al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la finalidad de que cumpla con su deber. Hay agentes más radicales que han planteado la posibilidad de una huelga, al estilo de la ejecutada en Nueva York a finales del año pasado. Pero esta propuesta todavía no atrae a los más moderados.

*Las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP) serán analizadas en la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. En otra oportunidad se indicó en este mismo espacio que estas redadas surtirían poco efecto en cuanto a la reducción de la violencia criminal, y que además tenían un fuerte contenido propagandístico (razón por la que más bien debían llamarse operaciones Levantamiento de la Popularidad). Pronto quedó en evidencia además que durante estas incursiones policiales-militares aparentemente se producían innumerables violaciones a los derechos fundamentales. Desde el principio, hubo denuncias sobre ejecuciones practicadas por agentes en la Cota 905, en Carabobo y Aragua, sin que se pronunciaran las instituciones llamadas a ejercer un control constitucional. En esas acciones muchos de los ultimados eran supuestos responsables de la matanza de policías, o supuestos “azotes de barrio”. De manera que habría una especie de “ajuste de cuenta” institucionalizado a través de estas razzias. En su informe anual, la Fiscal General de la República Luisa Ortega indicó que 245 personas fueron ultimadas en el desarrollo de estas operaciones, y que se iniciaron pesquisas “destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjeron tales muertes”. Sin embargo, han pasado más de ocho meses desde la primera incursión bajo este formato, y no se ha anunciado ninguna detención.

*Desde su propio enunciado, el terrorismo es un tema sometido a polémica. Tanta que ha sido imposible llegar a un consenso entre las naciones que permita establecer una definición clara al respecto. Y es que, como planteaba Bruce Hoffman, los terroristas para unos son los luchadores por la libertad a los ojos de otros. El terrorismo ha sido el motivo invocado para las dos grandes guerras de este siglo (Afganistán e Irak) y actualmente es el modo de acción característico de por lo menos cuatro organizaciones que operan en Africa y el Medio Oriente. Es allí donde Estado Islámico para Siria e Irak (Isis o Daesh), las distintas células de Al Qaeda, Boko Haram y Jamaat al Nusra proyectan su violencia con mayor intensidad. Los principales afectados integran poblaciones predominantemente musulmanas, aunque en Irak, Siria y Africa Central también han desplazado y borrado del mapa a conglomerados católicos. En honor a estas víctimas deberían ser las primeras manifestaciones multitudinarias y los minutos de silencio en los juegos de fútbol transmitidos mundialmente. No obstante, si por cada matanza perpetrada por los grupos terroristas en esos territorios se hiciera un minuto de silencio en las ligas europeas posiblemente no quedara tiempo para los partidos. Así de frecuentes son estas carnicerías. Es uno de los problemas de la llamada “guerra” contra el terrorismo. En realidad, lo que se rechaza es la ejecución de ciertos ataques llevados a cabo últimamente en Francia o Bélgica. Pero no se ve la misma reacción de repudio al bombazo en un parque de diversiones en Pakistán, o incluso hacia el atentado que hubo días antes en Turkía. El mensaje tácito del liderazgo europeo, y en parte del estadounidense, es “mátense allá bien lejos, y no nos traigan sus problemas”. Esta actitud supone además la noción de que hay muertos “de primera”, así como de otras categorías. Por eso decimos, una vez más, que la calificación de una conducta como terrorista no es más que uno de los tantos actos del poder.

*¿De dónde vienen esos lotes de camionetas Hylux y Land Cruiser que ya son inocultables en la vía a Valencia y en Guarenas? De Venezuela, desde luego, no son. Las plantas del país están en parálisis. Las deudas del Gobierno las ahogan. Según datos extraoficiales son 3500 unidades, y fueron compradas en Bolivia con fondos de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para Corpoelec y Pdvsa. ¿Era tan urgente? Una fuente conocedora de este proceso sugiere al Parlamento poner la lupa sobre esta negociación. No sólo lo relativo a los precios de importación. También se debe analizar, por ejemplo, si la Toyota en Venezuela dará garantías de repuestos y servicios para unidades que no le fueron compradas directamente.