La violencia buena y la mala violencia

Crímenes sin castigo | 12 de octubre de 2014

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Los escándalos que involucran a miembros de los colectivos están obligando al Ejecutivo a cambiar su discurso hacia estas agrupaciones

Twitter @javiermayorca

Luego de la operación policial que dejó cinco muertos en la avenida Sur 4, el Gobierno se ha visto obligado a matizar su discurso con respecto a los colectivos, es decir, las agrupaciones civiles que operan en Caracas y en el resto del país como cuerpos paramilitares y a las que se les ha asignado la defensa armada de la revolución.

El episodio del martes 7 de octubre fue demasiado evidente. De un lado estaban las unidades de la policía judicial. Del otro, militantes del colectivo autodenominado Escudo de la Revolución, con apoyo del Frente 5 de Marzo, una plataforma liderada por el sargento jubilado de la Policía Metropolitana José Miguel Odreman Dávila, que pretendía constituirse en punto de fusión de otros tantos colectivos.

El sargento Odreman, cuando estaba con el «proceso»

Desde CICPC se filtró la información de que la organización liderada por Odreman, de 43 años de edad, estaba vinculada con el homicidio del oficial de la Policía Nacional Francisco Antonio Viloria, de 24 años, reportado en el barrio José Gregorio Hernández de Cotiza el 9 de enero. En ese mismo hecho murieron Yohanny Wilfredo Rojas y Luar Rafael Pérez, de 22 y 23 años de edad, respectivamente. Igualmente, la sindican de participar en los asesinatos de dos hombres que fueron hallados en las riberas del rio Guaire, envueltos en bolsas para basura, así como también en la muerte de Yohan José Alaya Pérez, de 33 años, luego de que supuestamente fue torturado en el sótano del edificio Manfredir, principal objetivo del allanamiento.

Nada de esto fue precisado por el actual director de ese organismo José Gregorio Sierralta, quien ese día se limitó a emitir mensajes vía twitter desde Valencia así como una breve rueda de prensa para aclarar que la acción que prácticamente mantenía paralizado al centro de Caracas no obedecía a las pesquisas sobre el asesinato del diputado Robert Serra.

En medio de la confusión, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, así como el propio Sierralta, intentaron hacer una distinción entre colectivos y bandas delictivas. En ese imaginario, los primeros se dedicarían al trabajo social en sus comunidades, mientras que los otros a delinquir.

Este discurso se fue refinando con el pasar de los días. El sábado, durante un acto público, Rodríguez Torres hizo esta caracterización: “Un colectivo es expresión de la organización del poder popular. Los colectivos en Venezuela tienen años de constituidos, años de trabajo, son para la paz y por la paz, la cultura, el deporte y la organización popular. Vimos en los twitter de muchos colectivos cómo se deslindan de la violencia para ejercer la participación política”.

¿Este Rodríguez Torres es el mismo oficial que, cuando era comandante con oficina en la Vicepresidencia, contribuyó a orquestar los círculos bolivarianos? Desde entonces, él ha podido presenciar la evolución de los colectivos. La imagen idílica que expresó en el acto de la Plaza Caracas no obedece a la realidad actual sino a la etapa previa a la crisis política de 2002-2003. Desde entonces, los colectivos han seguido el principio expresado en su momento por el propio Hugo Chávez, según el cual el proceso político que él lideró era “pacífico, pero armado”. La realidad demostró que era cada vez menos pacífico y más armado.

Entiéndase bien: los colectivos, especialmente los más evolucionados como La Piedrita, Tupamaros o Alexis Vive, tienen patrones de organización similares a los que poseen agrupaciones consideradas terroristas, tales como ETA en el País Vasco o Hamas en Palestina. Antaño también la tuvo el Ejército Republicano Irlandés. Por una parte, tienen un ala militar, dedicada a las acciones de choque. Por la otra, una rama política, encargada de las negociaciones con otros sectores, la vocería pública y la “acción social”, que les hace ganar adeptos especialmente en los sectores más desposeídos.

Un reportaje publicado por El Nacional el 14 de septiembre (http://www.el-nacional.com/sucesos/Cotiza-centro-operaciones-colectivos-Caracas_0_482351846.html) refleja claramente que el Frente 5 de Marzo intentaba seguir este modelo. Es decir, detrás de la manzana va el garrote.

El discurso esgrimido por los miembros del Ejecutivo tiene pies de barro, especialmente cuando se escuchan los testimonios de los familiares del sargento Odreman y los demás fallecidos en el edificio Manfredir, quienes recordaron que para el Gobierno ellos sí podían llamarse colectivos cuando defendieron a todo trance al presidente Maduro durante las manifestaciones de febrero. Cuando siguieron aquella orden impartida en cadena nacional: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Ahora, desde luego, repudian que los llamen bandas criminales.

La conducta mostrada desde el régimen hacia los colectivos sugiere la noción de que hay una violencia buena y otra reprochable. La primera, encaminada a sostener el estatus político. Allí todo es posible. Se asegura la impunidad, por ejemplo, cuando miembros de estos grupos irrumpen en urbanizaciones de Mérida para arremeter contra los residentes que participan en las protestas antigubernamentales. O ante el robo continuado de motocicletas de la Alcaldía Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma. Lo que no se puede hacer es atentar contra el régimen, sus actores y sus intereses. Esa línea no se puede cruzar.

Breves

*Un extraño caso de extorsión con lesiones es investigado por la Guardia Nacional en Nueva Esparta. La víctima es un comerciante de 31 años de edad que poco tiempo atrás tuvo un local en un centro comercial de Puerto Ayacucho, Amazonas. El hombre pagaba “vacuna” a la guerrilla colombiana, como hacen muchos empresarios de la zona para asegurarse de que no les pasará nada a ellos o a sus familiares. En diciembre de 2012 el emisario de los irregulares le exigió una cuota extraordinaria, diez veces mayor al monto que mensualmente cancelaba. Cuando se negó le cortaron la cara, le robaron sus bienes de valor y amenazaron con matarle a un hijo. El hombre abandonó sus inmuebles allá y se mudó a Margarita. Ahora, casi dos años después, los mismos guerrilleros tocaron nuevamente a su puerta para exigirle pistola en mano medio millón de bolívares.

*El 20 de septiembre, un hombre que decía llamarse Comandante Chaca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia contactó por teléfono a un teniente coronel emplazado en Amazonas. El guerrillero quería que los militares venezolanos le pagaran una cuota especial en compensación por un incidente en el que un minero ilegal venezolano resultó herido en el sector conocido como Yacapana, el día anterior. Fue identificado como Baudilio Antonio Montoya de 31 años de edad. El hombre fue detenido con un revólver. Formaba parte de un grupo de custodia en el que participaban otras cuatro personas. Vigilaban la actividad de unas 50 personas que huyeron al ver que los militares se aproximaban en helicóptero. En ese enfrentamiento también fueron heridos un alférez de navío y un cabo segundo de la Armada, quienes fueron atendidos en un ambulatorio de Puerto Ayacucho. De este episodio está al tanto la fiscal de la jurisdicción Miriam Chacón. Al notificar la novedad sobre la llamada del líder guerrillero se inició una pesquisa de inteligencia. El análisis de telefonía reveló que el supuesto irregular llamaba utilizando un abonado Cantv desde Caracas. Cuando se hizo la solicitud de información a la telefónica se determinó que el número no había sido asignado a ningún usuario. Hasta ahí llegó la investigación.

Impunes muertes por balas perdidas

*A propósito del informe sobre las muertes en el país por “balas perdidas”, referido en la entrega anterior, el comisario jubilado Luis Godoy, exjefe de la división contra Homicidios de la policía judicial y miembro de la actual directiva de PoliChacao me comentó sobre la inutilidad práctica del registro balístico que supuestamente posee la Dirección de Armas y Explosivos de la FANB (Daex). Allí estarían los datos de todas las personas que poseen porte legal, así como los de sus respectivas armas de fuego. Pero los militares no han cruzado esa información con el sistema Ibis de la policía judicial, que posee un archivo digitalizado de los proyectiles, conchas y armas involucrados en hechos delictivos. El Ministerio de la Defensa entonces tiene un “jarrón chino” con el cual nadie sabe qué hacer. Algunos policías incluso dudan de la existencia de esa base de datos. Llama la atención que poco después de iniciado el lapso para la entrega voluntaria de armas de fuego el Ministerio de la Defensa emitió una resolución conjunta con Relaciones Interiores para renovar todos los registros de las armas. El argumento de Rodríguez Torres fue que el sistema usado para emitir estos permisos tenía “muchísimas debilidades”, y hubo que implantar uno nuevo.

*Cada vez son más frecuentes las denuncias sobre extorsión a personas a las que les han robado o hurtado sus vehículos. Pueden ser motos, carros o camiones. Ocurre desde el Distrito Capital hasta el estado Sucre. Las informaciones que llegan parecen calcadas de un mismo patrón. A la persona le desaparecen su vehículo, y poco después de haber hecho la denuncia en policía judicial es llamada por alguien que dice tener contactos con los antisociales. Que por un pago que va desde los Bs 150.000 hasta los Bs 300.000 se lo devolverán. Para la gente común es como una especie de secuestro. Hay historias en las que el auto efectivamente es recuperado luego de cancelar lo solicitado. Aún así, siempre falta alguna pieza. La ganancia para los hampones va por partida doble. No sólo el suministro de la parte encargada, sino el dinero por la devolución del vehículo.

Camino a la chatarra rusa

*Desde el mes de septiembre hemos tenido información sobre cuatro siniestros aéreos en el país. Uno en Zulia, dos en Bolívar y otro en Los Roques. Uno de ellos, ocurrido en selvas del estado Bolívar el 22 de septiembre, dejó saldo de dos fallecidos. Por fortuna, en los demás casos sólo se han visto a personas lesionadas. Todos los relatos tienen un factor común. Los rescatistas han llegado al sitio del suceso gracias a la colaboración de particulares o gobiernos regionales. La flota de 3 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa, asignados al Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR), está inoperante. Permanece estacionada en La Carlota. Esto lleva a la pregunta de qué se hace con el dinero que recibe el Gobierno de los pilotos y aerolíneas por concepto de Tasa de Sobrevuelo, y que va a parar al Fondo de Radioayudas.

*El jueves 9 de octubre a las 11 pm vecinos del sector conocido como La Invasión en La Vega lincharon a un residente del lugar. Posteriormente lo impregnaron con una sustancia inflamable e incendiaron su cadáver. Los restos del sujeto permanecieron en el lugar hasta la mañana siguiente, cuando fueron levantados por una comisión de CICPC. En Venezuela este tipo de acciones no es nueva. En este mismo espacio relatamos cómo un joven de 18 años fue ultimado a golpes por los usuarios de una buseta en la autopista a Prados del Este, en mayo. El punto es que las noticias en las que la gente toma justicia por cuenta propia se hacen cada vez más frecuentes. Tres días antes del incidente en La Vega, vecinos de Terrazas del Avila casi matan a golpes a dos zagaletones. Fueron salvados por la policía, al igual que un joven de diecisiete años tomado infraganti cuando asaltaba en Maracaibo. El 6 de octubre, un hombre fue vapuleado hasta la muerte por habitantes de un caserío entre San Mateo y La Victoria, en Aragua. Era señalado por la violación de una niña. En julio, residentes de la urbanización Manoa de San Félix ultimaron y quemaron a un supuesto ladrón de viviendas, de 21 años. En la capital zuliana, pero en febrero, detenidos en El Marite mataron a golpes a un hombre de 36 años aprehendido por actos lascivos a dos menores de edad. Una simple revisión de reportes periodísticos nos revela cinco muertes por este método tipo Fuenteovejuna, así como tres lesionados, sólo en 2014. Como los fallecidos son por regla general personas que han cometido algún hecho repudiable o atroz, la policía judicial pone poco empeño en las averiguaciones. Impunidad total. Una evidencia más de la involución venezolana.