Plomo por espejitos

Crímenes sin castigo | 30 de septiembre de 2014

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*El programa de entrega voluntaria de armas iniciado esta semana tiene tantos defectos que, sin los correctivos necesarios y urgentes, fracasará

@javiermayorca

El lunes 29 de septiembre comenzó en todo el país el plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego y sus municiones. A pesar del optimismo mostrado por el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, esta iniciativa estará destinada al fracaso si no se aplican de inmediato una serie de correctivos.

Las principales fallas son las siguientes:

Entrega de armas: mucho por corregir

*No es un plan ni es nacional. Esta actividad carece de objetivos claros, definidos y conocidos con antelación por toda la población a la que se pretende impactar. Hasta la semana anterior, el país desconocía los términos en los que sería ejecutada. Hubo una escueta declaración de Rodríguez Torres desde Lara, y así dieron por zanjado este asunto. Esta opacidad no es nueva, pero en este caso atenta contra el éxito de lo emprendido. Como no es un plan, no se indica con exactitud cuánto tiempo durará. De esta forma, además, resulta imposible examinar la efectividad en el gasto de los recursos asignados. ¿Son los 300 millones de bolívares anunciados por el presidente Maduro durante una cadena del sábado 20 de septiembre? De ser así, ¿fueron suficientes nueve días para estructurar las partidas de gastos?

No es nacional, pues la actividad está concebida en forma excluyente. Por lo tanto, solo llega a una parte de la población. Este espíritu segregador quedó confirmado el día del lanzamiento, cuando no se permitió la entrada de la prensa independiente a la sede de la Oficina Nacional Antidrogas, donde el titular del MRI hacía su primer balance de lo ocurrido hasta ese momento.

*Sin campaña ni convocatoria. El éxito de los planes de desarme voluntario depende en buena medida de la capacidad de sensibilizar a todos los sectores del país, y convencerlos sobre la inutilidad de poseer un arma de fuego. Eso requiere de debate y campaña previos y prolongados. De manera que al iniciarse la colecta de armas exista un estado de opinión favorable. Así fue en Brasil, Argentina y países centroamericanos. Aquí nada de esto ocurrió. El Ejecutivo fue incapaz de convocar voluntades distintas de las de algunos actores y miembros de la farándula allegados al oficialismo. Se esperaba por lo menos la participación de representantes de las iglesias desde un principio. Rodríguez Torres insistió en eso, pero nada se ha concretado. Mucho menos se hizo un llamado a las numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar los problemas de la violencia en el país. Así, pues, los centros de recepción de armas son todos oficinas gubernamentales y cuarteles. La improvisación fue tal que cuando se hizo el anuncio sus funcionarios no sabían con exactitud cómo debían comportarse. Esta información se las suministraron apenas tres días antes de que comenzara la recepción de armas.

*Sentido equivocado. Según la extinta Comisión Presidencial para el Desarme, en Venezuela hay entre 1,2 millones y 1,5 millones de armas de fuego ilegales. Para el momento en que se hizo este cálculo, la Fuerza Armada tenía registrados alrededor de 21.000 permisos de porte. Supongamos que tres años después hay 25.000 licencias. Si esto es así, no se comprende por qué la mayor parte de los esfuerzos oficiales se encamina a la entrega de las armas legalmente obtenidas, y no a la disminución de las ilegales. Es el mundo al revés. Rodríguez Torres habla de la revisión de los portes cuando su discurso debería encaminarse a la eliminación de todo apoyo a los grupos armados que se han erigido en defensores del actual estatus político. Esto desde luego pone de relieve una contradicción esencial. Un gobierno surgido de la violencia (sus principales líderes, incluido Rodríguez Torres, participaron y apoyaron las intentonas golpistas del 92) y que la exalta dentro de sus actividades periódicas, no le puede exigir al resto de la población que no tome las medidas necesarias para protegerse.

*¿Incentivos para quiénes? El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, fue claro al explicar que las armas tienen dos utilidades básicas para quien las posee en forma ilegal. Primero, para su labor diaria como delincuente. Luego, para defenderse o enfrentarse a bandas o delincuentes rivales. En ambos casos, el uso es instrumental. Una vieja tesis de Magaly Sánchez añade que las armas tienen un valor simbólico en ciertas capas sociales. En estos sectores, el armado es más “hombre”, más “líder”. En esto es significativa la enorme cantidad de formas que hay para designarlas. En este contexto, el Ejecutivo plantea que la gente entregue sus armas ilegales a cambio de materiales para construcción o una computadora, lo que un antisocial puede obtener fácilmente con pocas horas de uso de su instrumento de trabajo. Los incentivos, además, no son entregados de inmediato. La gente que entrega su arma no obtiene nada concreto más allá de una promesa de que los llamarán en un futuro cercano para cuadrar los términos en que sería otorgado el incentivo de su preferencia.

*Hacer o no hacer experticias. Son muchas las observaciones hacia esta iniciativa de entrega voluntaria de armas. Pero una básica tiene que ver con la revisión de las piezas entregadas por parte de la policía judicial. En las láminas presentadas por Rodríguez Torres en Lara se indica claramente que todas las armas serán sometidas a experticia para precisar si fueron usadas en algún delito. Es decir, con la entrega el propietario no obtiene impunidad.

Se podría debatir sobre la conveniencia de que con estos programas cada pieza sea destruida sin hacerles ninguna revisión. En Brasil fue así, y sacaron en pocos meses medio millón. En estos casos los estados apuestan a la posibilidad de restarle instrumentos de muerte al hampa en el futuro inmediato. En Venezuela, no.

Este es un argumento más para concluir que la campaña no está destinada a reducir el parque de armas ilegales en el país.

Breves

*Un informe del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina, señala que Venezuela ha sido durante los últimos cuatro años el país en el que más personas han muerto o resultado heridas como consecuencia de balas perdidas. El reporte presentado en junio comparó las noticias de sucesos en 29 países entre los años 2009 y 2013. Hubo en total 550 casos con 617 víctimas de diversa gravedad. Las naciones con mayor cantidad de casos reportados fueron Venezuela (74), Brasil (71), Colombia (57) y México (52). Venezuela fue además el país con la cifra más elevada de muertes por esta razón, con 67, casi el doble que el segundo en este rubro, Colombia (36 fallecidos). El documento advierte que la mayoría de estos casos queda impune debido a la dificultad de investigar homicidios en los que las víctimas resultan ser daños colaterales, es decir, no eran el verdadero objetivo de los tiradores. Recomendaron endurecer sanciones a quienes manejen armas de manera imprudente.

*La jefatura del Estado Mayor de la Guardia Nacional presentó un plan operativo para enfrentar el contrabando. El documento de 50 páginas constituye la guía de las actividades que ese componente despliega actualmente en el país en el marco de la «guerra» declarada por el presidente Maduro contra este delito, especialmente en su modalidad «de extracción». Como hemos visto, poco se habla del contrabando tradicional e histórico, representado por la introducción al país de bienes sujetos a alguna regulación. De eso no se habla, entre otras razones porque es algo que actualmente hace prácticamente todo el que tiene oportunidad de salir de Venezuela, mucho más ante la aguda escasez que padece la mayor parte de la población. Pues bien, el plan de la GN parte de conceptos que reflejan la actual mentalidad de los gobernantes de turno. En primer lugar, establece que las «fuerzas opositoras» en cuanto a la especulación y el contrabando son, respectivamente, las economías formal e informal, y los «grandes productores y distribuidores que se oponen al modelo socialista». A los efectos prácticos, el territorio nacional fue dividido en tres ejes o ámbitos de acción: el central, el fronterizo y el costero. En cada uno, las unidades de la GN deberán desplegar acciones en tres «anillos»: el primero, de supervisión, registro y control a centros de producción; luego está en anillo de «control a centros de distribución y circulación de productos», mientras que el tercero consiste en el «control a los lugares fronterizos y de destino final». El panorama, como se puede apreciar, representa prácticamente una criminalización de las actividades productivas y en general de la empresa privada. Todo comerciante o empresario de cualquier ramo deberá permanentemente demostrar su inocencia, si cabe la expresión. En este plan, por cierto, nada se dice sobre la investigación a los militares y aduaneros del Seniat que han permitido el contrabando durante años.

*Hay gato encerrado en el caso de la avioneta Beechcraft King 90, siglas YV1537, hallada por rescatistas del SAR Maracaibo al suroeste de Casigua El Cubo el sábado 20 de septiembre. La aeronave había despegado del aeropuerto de Anaco el día anterior, con destino en Santa Bárbara del Zulia. Se supone que llegaría a esta localidad el viernes 19 a las 6 pm aproximadamente. Pero no fue así. El vuelo fue declarado en emergencia, pero debido a la oscuridad y a la inoperancia de la flota de helicópteros del SAR no se hizo la búsqueda sino hasta el día siguiente, en un helicóptero de la gobernación del Zulia. Los rescatistas se percataron de inmediato de que la avioneta había aterrizado en una pista clandestina por razones desconocidas, y al sufrir un daño en esa maniobra quedó imposibilitada para un despegue inmediato. Entonces, sujetos desconocidos la arrastraron hasta un matorral utilizando un tractor y la incendiaron. Algo similar a los aviones «desechables» que hemos visto en Colombia, Honduras y México. Simultáneamente, un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) enviaba a la prensa zuliana fotos que, aseguró, fueron tomadas por agentes de ese cuerpo en el sitio del suceso. Una vista era de la avioneta parcialmente quemada. La otra mostraba a dos de sus supuestos ocupantes en igual estado. Ninguna de las dos era cierta. Ante esta información, medios locales y nacionales, así como algunos portales web especializados en aviación civil, se apresuraron a dar por muertos a dos ocupantes del vuelo (eran tres). La mentira terminó de derrumbarse cuando los dos «fallecidos»(Efraín Castro y Gerardo Villarroel) se presentaron ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN en Apure, para denunciar que el único pasajero que llevaban intentó secuestrar la nave poco antes de llegar al destino declarado en el plan de vuelo, y que luego de someterlos con un arma los obligó a aterrizar a seis kilómetros al sur de Casigua. Esta versión tampoco inspira mucha credibilidad, pero de todas formas tumba el dato filtrado por agentes de inteligencia, con fines inconfesables.

*Ocho horas fallecido tenía el concejal del partido Redes en Achaguas, Nelson González, cuando encontraron su cadáver en el sector Caño Seco de esa localidad, el viernes en la mañana. Quince días estuvo el edil de 44 años de edad en poder de captores, que inicialmente fueron asociados con el grupo paramilitar Aguilas Negras. González fue ejecutado con dos tiros en la frente. Su cuerpo además mostraba signos de maltrato. Un grupo armado se lo llevó el 9 de septiembre cuando salía del restaurant El Fogón de Nelly, luego de almorzar con una prima. El hombre expresó a sus allegados preocupación por las presiones que supuestamente recibía de sujetos con los que intentaba negociar para que cesaran de extorsionar a la dueña de una finca.

Otra lectura sobre impunidad

*Se lee con avidez la última obra de los colegas Maria Isoliett Iglesias y Deivis Ramírez Miranda, Capítulo Final. El libro es un amplio reportaje sobre los hechos que rodearon los homicidios de la actriz y modelo Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry. Al finalizar la lectura de esas páginas queda una gran desazón. A pesar de todo el ruido propagandístico que hubo durante las pesquisas sobre este caso, el hombre que tiró del gatillo en forma absolutamente innecesaria contra la pareja y su pequeña hija todavía está en las calles. Este se une entonces al grupo que llamaríamos «homicidas de famosos en libertad». Otro sería el Johny Bolívar, cuyos disparos mataron a la traductora de Venevisión Adriana Urquiola y a su hijo nonato. Ambos casos de este año. No olvidar, por favor.