El ocaso del general

Crímenes sin castigo | 27 de julio de 2014

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A Juan Manuel Mayorca (1937-2014)

In memoriam

*El mayor general Hugo Carvajal Barrios fue seducido para que entrase por voluntad propia en una jaula de la que difícilmente saldrá. Ahora, el Estado venezolano se moviliza como un todo para salvarlo

Twitter @javiermayorca

El miércoles 23 de julio a las 10 pm la policía de Aruba detuvo en el aeropuerto internacional de Oranjestaad al mayor general del Ejército Hugo Armando Carvajal Barrios. Sobre él pesa una orden de detención con fines de extradición emitida por Estados Unidos, como consecuencia de por lo menos seis investigaciones penales que se ventilan en juzgados de varias regiones de ese país por delitos tales como conspiración para el tráfico de drogas así como la ejecución directa de este crimen, legitimación de capitales, obstrucción de la justicia y asistencia a un grupo incorporado en la lista de las organizaciones terroristas del Departamento de Estado, como es las FARC. Con este panorama, a Carvajal le espera prisión perpetua.

Se trata de un hecho histórico que no se circunscribe meramente al ámbito policial. En un régimen militar y militarista pocos profesionales de armas llegaron a concentrar tanto poder como Carvajal. Más allá de los numerosos cargos que ocupó en el área de inteligencia, fue los ojos y oídos de Hugo Chávez en la FANB. Nicolás Maduro recogió esa herencia. La mayoría de los análisis divulgados hasta el momento ha pasado por alto que el actual presidente lo reincorporó a las filas militares y paradójicamente lo llevó al viceministerio de lucha contra la delincuencia organizada, luego de pasar por la dirección de Contrainteligencia Militar, un despacho creado a su medida.

Carvajal es, entonces, uno de los puntos de fusión entre lo militar, lo político y lo netamente criminal. El símil hecho por la revista Semana ya en 2008, al equipararlo con el exjefe de inteligencia peruano durante el régimen de Fujimori, Vladimiro Montesinos, es casi perfecto. Sólo que alias Pollo nunca tuvo un Chavín de Huántar. Por el contrario, mucha camaradería con grupos irregulares que han extorsionado y secuestrado a sus anchas en todo el país. Quizá ahora se sepa lo que realmente pasó con los banqueros Azpúrua y García Velutini.

Muchos a estas alturas todavía se preguntan cómo un hombre aparentemente tan avezado pudo cometer semejante error de cálculo. Son cosas que se piensan después de que se le ve detenido y esposado. Antes del 23 de julio, Carvajal estuvo por lo menos otras dos veces en Aruba, sin problemas. Allá lo cobijaba un empresario zuliano que ha hecho inversiones en las áreas hoteleras y en casinos. Es el propietario real del jet siglas N9GY registrado a nombre de una empresa de papel en Dellaware, Estados Unidos, que trasladó al exjefe de inteligencia hasta Aruba.

Difícil misión la del viceministro Ortega

Para Carvajal todo parecía marchar sobre ruedas. Lo único que le molestaba era la tardanza del Reino de los Países Bajos en otorgarle el placet, con el que ya podría empezar a ejercer funciones como representante diplomático venezolano en la isla. Siete meses habían pasado, y la oficina consular seguía sin titular. Al mayor general le hicieron entender, sin embargo, que esta vez sí le darían el beneplácito. Y cayó en la trampa. No es cierto, por lo tanto, que él haya concertado su entrega, al mejor estilo de los hermanos Calle Serna, también conocidos como los Comba. Si Carvajal hubiese querido entregarse no habría tratado de escudarse en su pasaporte diplomático. Esta es otra historia. Para Estados Unidos, el Pollo es un trofeo. “La joya de la corona”, según un agente de la DEA que declaró para la prensa estadounidense. De allí que su ocaso se aproxime. Más de tres meses de seguimiento y pesquisas evitarán entre otras cosas los errores de cálculo que cometieron con Walid Makled, y que impidieron trasladarlo a territorio norteamericano desde Colombia.

En esta circunstancia el régimen venezolano se ha movilizado como un todo para impedir la inminente extradición. Hay presiones diplomáticas y económicas sobre la isla, amenazas y lobby. Todos los poderes como uno solo. El viceministro Calixto Ortega encabeza los oficios en el propio terreno insular. En Venezuela el Jefe del Estado anuncia que meterá las manos en el fuego por Carvajal. El presidente del Parlamento ve una nueva conspiración. El Tribunal Supremo en ponencia de su presidenta emite un amparo alocado, sin guardar la mínima formalidad de verificar la plena identificación del beneficiario. Todo en medio de una profunda angustia. Quieren silencio, no verdad. Mucho menos justicia.

Un detalle interesante: el primer documento hecho público para sustentar la solicitud de extradición de Carvajal se refiere a una acusación aprobada por un Gran Jurado en Miami en mayo de 2013, que lo vincula con el líder de una importante facción del cartel del Norte del Valle, Wilber Varela, alias Jabón, asesinado en 2008 en un hotel de Mérida. Por lo tanto, nada tiene que ver con los señalamientos sobre las relaciones entre el exjefe de la DIM y las FARC. Este tema motivó la incorporación de Carvajal en la lista Clinton del Departamento del Tesoro, en 2008. Y seguramente, será motivo de otros procesos judiciales cuando el mayor general esté en territorio estadounidense.

Breves

*La detención en el aeropuerto de Miami del exjuez quinto de control del Estado Miranda Benny Palmeri-Bacchi es consecuencia de una averiguación por tráfico de drogas, obstrucción de la justicia y lavado de dinero que también abarca al exjefe de la oficina de Interpol en Caracas comisario Rodolfo McTurk en combinación con el traficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora, alias Beto Marín. La acusación ventilada ante un Gran Jurado de Miami y archivada en diciembre de 2013 (número 13-20930 CR-Ungaro) no menciona al mayor general Hugo Carvajal, aunque fuentes policiales estadounidenses filtraron informaciones en ese sentido. Los datos recabados hasta el momento sugieren que luego del asesinato de Wilber Varela en Mérida las actividades del cartel del Norte del Valle pasaron a ser conducidas en Venezuela por Marín, en complicidad con un grupo del Ejército para beneficio de Carvajal. En ese momento, Walid Makled ejercía un importante dominio de las rutas de drogas que pasaban por el centro del país, junto a generales de la Guardia Nacional y altos oficiales de la Armada. Simultáneamente, el Loco Barrera también mandaba alijos con las FARC y los grupos que surgieron de la diáspora de las AUC. Nada de ideologías, sólo negocios. Por lo tanto, contrario a lo que inicialmente se ha sugerido, el país era y es un territorio abierto y en disputa por numerosos grupos de traficantes, hoy aliados y mañana enfrentados.

*El asesinato a cuchilladas del alcalde de Rio Caribe Enrique Antonio Franceschi conmocionó a todo el país. Es la segunda vez que un gobernante municipal venezolano muere como consecuencia de un hecho violento mientras se encuentra en ejercicio de sus funciones (el primero fue el del municipio Panamericano de Táchira, Lluvane Alvarez, en septiembre de 2009). Desde un principio el crimen desató todo tipo de conjeturas. Ese sector del estado Sucre, como se sabe, es importante punto de salida de los cargamentos de drogas destinados al Caribe oriental. El primer análisis del sitio del suceso revelaba que el hombre de 35 años de edad probablemente fue ultimado por un grupo en el que había al menos una persona de alta confianza. Según la policía judicial, los atacantes fueron a la residencia de la víctima en la madrugada del 20 de julio con la intención de robar. Pero no se indica qué buscaban. El dato faltante fue aportado para esta entrega por un abogado con intereses en esa región. Franceschi supuestamente tenía Bs 50.000 en efectivo para cancelar una celebración por el Día del Niño que se llevaría a cabo ese mismo domingo. El dinero desapareció. El primero en caer detenido pocas horas después fue Frank Borman Rodríguez Jiménez, de 20 años de edad. Apareció sin razón lógica en una estación de la policía estatal (Rio Caribe no tenía cuerpo de seguridad municipal). La entrega de este sujeto sin antecedentes permitió esclarecer el caso y apresar a otros tres implicados. Se indicó que la presión sobre Rodríguez fue hecha precisamente por los grupos paramilitares que controlan el transporte de drogas, cuyos líderes se preocuparon por la excesiva atención que podría colocar el Ejecutivo sobre esa olvidada población del oriente del país. Aclarado todo, la pax mafiosa volvió a Rio Caribe.

*Hay un grupo que se dedica al robo a estudiantes de universidades privadas en Caracas. Testimonios de primera mano indican que la banda está conformada por al menos tres personas, una de ellas mujer joven. En los casos conocidos, esta muchacha es la encargada de buscar conversación y engatusar a universitarias solas en el interior de los campus. Cuando ha entablado cierta familiaridad entran en acción los otros miembros de la banda, simulando un hecho inesperado como la caída de una billetera. Entonces, la antisocial entrega a la víctima una bebida que en ese momento tiene entre manos, aderezada con escopolamina, mejor conocida como burundanga, con la excusa de ayudar a la persona que dejó caer sus pertenencias. Cuando la droga hace efecto, la estudiante pierde el dominio de su voluntad y queda a merced de la banda. Al recobrar la razón ya ha sido despojada de sus pertenencias y está en el exterior del centro de estudios. En las universidades Metropolitana y Católica Andrés Bello han recibido denuncias con este modus operandi.

*Mediante circulares internas, los jefes de regiones de la policía judicial llamaron la atención a los agentes encargados de la instrucción de los expedientes sobre la necesidad de mejorar la redacción de las minutas. No se trata solo de superar las frecuentes faltas a la ortografía. Hay cuestiones de fondo. Estos documentos por regla general omiten datos valiosos como la correcta identificación de las víctimas y los posibles victimarios, así como las de los lugares, horas y medios de comisión de los delitos. Hay archivos sobre secuestros en los que ni siquiera se coloca el lugar donde la víctima fue interceptada, ni el sitio de su liberación. Se manejan además expresiones ambiguas como “presión policial”, que luego son usadas por el Ejecutivo en sus campañas propagandísticas. Finalmente, comenzaron a prohibir el uso de la frase “ajuste de cuentas” entre los móviles o razones de los homicidios. Esto, desde luego, incidirá en la forma como la policía organiza sus estadísticas al final del año.

*La tercera semana de julio se recibió información sobre la reactivación (con leves variaciones) de una modalidad de secuestro que era aplicada inicialmente en los estados orientales del país. La denuncia recibida en la policía judicial indica que las víctimas son potenciales compradores de vehículos, captados a través de avisos en páginas web de ventas, que han cobrado mucho auge durante los últimos meses en virtud de las limitaciones impuestas por el Gobierno al mercado formal. Los plagiarios operan en Caracas y buscan personas que residan en el interior del país. Les indican que debe tener la disponibilidad de dinero para cerrar la negociación una vez revisado el vehículo. En el caso denunciado se trataba de una camioneta Chery, importada de China. El hombre viajó desde Maturín hasta la capital con la intención de regresar a casa manejando su adquisición. En el terminal La Bandera lo buscaron, tal y como estaba convenido. Inmediatamente le indicaron que estaba secuestrado y lo llevaron a la habitación de un hotel en la carretera Panamericana, donde vaciaron sus cuentas haciendo transferencias electrónicas. Casos como éste fueron conocidos en Anzoátegui y Sucre entre 2011 y 2013. Los antisociales tenían nexos con los sindicatos que operan en las ensambladoras de Toyota y Mitsubishi. Ofrecían unidades de las “cuotas” asignadas a estos representantes gremiales. Cuando los interesados iban a concretar el negocio los obligaban a punta de pistola a cobrar los cheques y entregarles el dinero en efectivo. Por uno de estos casos fue aprehendido el jugador de los Guaros de Lara, Carlos Morris.

*Dedico estas líneas a la memoria de Juan Manuel Mayorca, mi papá, fallecido a los 77 años. Abogado de profesión, entregó su vida a la investigación y la docencia de la sociología y la criminología tanto en colegios como en instituciones de educación superior. Durante el gobierno de Rómulo Betancourt fundó la dirección de Prisiones en el Ministerio de Justicia y en la primera administración de Rafael Caldera la dirección de Prevención del Delito. También fue asesor presidencial en materia criminológica durante el gobierno de Luis Herrera Campíns. Esos fueron breves “préstamos” de tiempo que este librepensador hizo a la política. Entre sus 31 obras escritas figura Criminalidad de la burguesía (1977), tan vigente ahora como en la fecha de su impresión. En realidad, su casa y refugio fueron siempre las aulas. En estos días de mucho dolor he recibido testimonios de la pasión con la que él se entregaba en cada clase. La Universidad Central de Venezuela nunca lo abandonó. Este amor fue recíproco. Al salir estas líneas, las cenizas de mi padre ya están esparcidas en algún rincón de ésa, su casa. Paz a su alma.