¿Qué pasa en los cuarteles?

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*Las últimas decisiones del Presidente indican que en la Fuerza Armada se viven momentos de tensión. Maduro ha tomado medidas urgentes

Twitter @javiermayorca

Momentos de tensión se viven actualmente en los cuarteles. Desde el alto gobierno podrán negarlo. Mirar a otro lado y decir como lo ha hecho el jefe del Ceofanb Vladimir Padrino que los profesionales de armas se mantienen apegados a la Constitución, o a la particular interpretación que dan de ella. Pero las decisiones hablan mejor que cualquier declaración de lo obvio.
El asunto es tan urgente que obliga al presidente Maduro a cambiar de súbito a los comandantes generales de la Aviación y del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, generales Giuseppe Yoffreda Yorio y Manuel Quevedo respectivamente. Eran decisiones que no podían esperar hasta julio. Simplemente había que tomarlas ya.

Maduro: golpes de autoridad
Yoffreda era el oficial más antiguo del Alto Mando. Graduado en 1983, su tiempo de servicio activo fue extendido en julio del año pasado por decisión del propio Jefe del Estado. Llama la atención por lo tanto que de la noche a la mañana el mismo mandatario decida sacarlo del máximo puesto de comando del componente aéreo para enviarlo a calentar un escritorio en Corpovex. ¿Por qué Maduro perdió la confianza en Yoffreda?
Se debe destacar que durante la gestión de este oficial se produjo la detención de tres generales de su propia fuerza, señalados de instigar a la rebelión. También se adelanta una nueva purga de oficiales subalternos, descontentos con la situación política y social. Este estado de ánimo se expresa en los graffitis que constantemente aparecen en los baños de las escuelas militares y cuarteles así como en las intervenciones durante reuniones como la celebrada en el auditorio de la Academia Militar en abril, para convencerlos de que hay un «golpe de estado continuado» contra el heredero de Chávez.
En esta situación, tal parece que Yoffreda fue sacado de la Comandancia General de la Aviación porque no podía contener el descontento. Su bajo perfil durante esta crisis indica que tampoco estaba muy dispuesto a hacerlo. Está por verse si su reemplazo, el recién ascendido a Mayor General Eutimio Criollo podrá cumplir el mandato. A él tocará ejecutar los consejos de investigación para purgar del componente a excelentes oficiales, hastiados como el resto de los venezolanos por la corrupción, la impunidad y la quiebra del país. Por comentar sobre esto, por cierto, ordenaron un juicio contra los generales Carlos Millán, José Machillanda y Oswaldo Hernández.
La remoción del general de brigada Manuel Salvador Quevedo Fernández del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional luce también como una especie de sanción por «déficit de lealtad». Al igual que Yoffreda, fue transferido de un puesto de comando militar a una oscura posición burocrática, para la que no está formado: la presidencia de la Gran Misión Barrio Nuevo.
Durante todo este año Quevedo fue objeto de numerosas críticas en virtud de los excesos cometidos por su tropa al enfrentar a manifestantes en todo el Distrito Capital. Para este oficial la situación fue simplemente incontenible. Las protestas fueron tantas, tan prolongadas y extendidas en la geografía de Caracas y Miranda que fue necesario acudir a uniformados sin conocimiento en materia de orden público, muchos de ellos movilizados de otras regiones. Una cosa es el emplazamiento para Patria Segura y otra asumir el primer frente en lo que, según el análisis del propio comandante general de la institución, general Justo Noguera, es un conflicto asimétrico en desarrollo.
Las presiones sobre este general se evidencian en un detalle: durante sus últimos días en el Core 5 él mismo tuvo que comandar las operaciones en el terreno donde se desarrollaban, e incluso asumir funciones operativas antes que de supervisión.
Para un oficial como Quevedo, la decisión presidencial de removerlo del Core 5 tiene profundas implicaciones profesionales. Pasó de ser el militar encargado de la seguridad ciudadana en la capital del país, con perspectivas a incorporarse eventualmente al Alto Mando de la fuerza, a estar despojado de toda tropa.
Su reemplazo, el general de brigada Fabio Zavarse, viene de estar al frente del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas), unidad especializada y en expansión, que además de investigar los plagios en todo el país destinó importantes recursos a la infiltración de las marchas estudiantiles a partir de febrero de este año. Es un oficial de la promoción 88.
En ambos casos, Maduro ha apostado a la lealtad como valor fundamental, y de allí los cambios. Por esta razón, el nuevo jefe de la Aviación declaró durante la transmisión de mando: «Cuente con la lealtad y el apoyo». ¿Se atreverá a usar los cazas Sukoi para amedrentar a la población civil?
Con la remoción de Quevedo, Madurto sacó de la principal gran unidad de la GN a un oficial egresado de la Efofac en 1987. Es decir, este general obtuvo su grado de subteniente en el mismo patio y el mismo año en el que lo hizo Diosdado Cabello. Este dato es importante pues aunque Quevedo es de la GN y Cabello del Ejército sus estudios y primeros años de carrera se desarrollaron en forma simultánea. Cabello fue segundo de su promoción, Quevedo tercero. Ambos oficiales destacados. Esta contemporaneidad no puede ser omitida en ningún análisis sobre el problema militar en Venezuela, menos aún tomando en cuenta la fusión existente entre el partido de gobierno presidido por Cabello y la FANB.
Las decisiones de Maduro respecto a Quevedo y Yoffreda constituyen por decirlo así dos «golpes de autoridad». Envían un poderoso mensaje a las tropas y a la oficialidad en cuanto a la preeminencia de su mando. Algo que era visto con cierto desdén en los cuarteles. Maduro lo sabía, y por eso en sus primeras intervenciones ante militares recordó permanentemente lo obvio: que además de Jefe del Estado es Comandante en Jefe. En este ámbito, como en ningún otro, las diferencias entre el actual mandatario y su antecesor son patentes.
El Presidente de nuevo ha roto la normalidad institucional. Los cuerpos militares están llenos de rituales y rutinas. En Venezuela se mantuvo la tradición de los ascensos y cambios de mando de las grandes unidades en julio, a pesar de algunos esfuerzos de Chávez en sentido contrario. Estos movimientos en la tercera semana de mayo son por lo menos anormales.
Chávez conocía la vida militar e intentó «normalizar» la ruptura de las prácticas tradicionales, afectando a veces los ciclos de ascensos y retiros. La oficialidad en su mayoría lo aceptó pues veía al teniente coronel como un poderoso caudillo, surgido de sus propias filas. Maduro, en cambio, siempre fue ajeno a los cuarteles. Esta diferencia es clave para entender las reacciones que en un futuro puedan asumir los profesionales de armas.

Breves

*Un factor en común tienen todos los venezolanos considerados como sancionables según las legislaciones que preparan las cámaras del Senado y de Representantes de Estados Unidos: todos son «personas expuestas políticamente» o PEPs de acuerdo con la jerga difundida desde hace más de veinte años por los investigadores sobre lavado de dinero. Inicialmente los PEPs eran solo los funcionarios designados para determinados cargos gubernamentales. Debido al poder que acumularon en determinados momentos (y las permanentes tentaciones que llegan con él), se estableció que debían ser objeto de especial vigilancia en cuanto a la riqueza que podían amasar. Pero la experiencia de los años ochentas y noventas del siglo XX en la pesquisa sobre testaferros hizo que esa vigilancia se ampliara a los círculos íntimos de los PEPs, ya sea por lazos de consanguinidad, afinidad o simplemente por tener una comprobada coincidencia de intereses financieros. Por lo tanto, es de esperarse que la lista inicial de funcionarios sea ampliada con los respectivos entornos. Son ellos los que han manejado desde las sombras el dinero. Esto ha ocasionado mucha preocupación en las filas de un régimen enriquecido a costa de los dineros públicos. En otros términos EEUU golpeará en el bolsillo a los represores del chavismo-madurismo y sus cómplices. Al respecto, el presidente Maduro afirmó que ninguna ley estadounidense podría tener efectos extraterritoriales. Una vez más, se equivoca. Los casos de Pinochet, Ferdinand Marcos y su esposa, y últimamente del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo y su círculo de seguridad revelan que cuando hay voluntad política se puede perseguir el dinero de corruptos y violadores de los derechos humanos hasta los confines más alejados del planeta, en virtud de la globalización de su banca y de los acuerdos de cooperación judicial entablados con numerosas naciones en el mundo. Por eso es que ya comenzaron a lanzar puentes a Washington, en una estrategia de reducción de daños. Las sanciones contra altos miembros del Ejecutivo y el resto de los poderes son, simplemente, cuestión de tiempo.

*El año pasado, la Unión Europea entregó a la Oficina Nacional Antidrogas 3 scanners de última generación para detectar si algún pasajero del aeropuerto internacional de Maiquetía lleva psicotrópicos o explosivos. La tecnología, tuvo un costo aproximado de 135.000 euros. En aquel momento, el compromiso del gobierno venezolano fue activarlos y darles mantenimiento con recursos del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) en un plazo que finalizaba en enero de 2014. El FONA, como se sabe, nutre sus arcas con los aportes obligatorios de la empresa privada. Una millonada sobre la que se ejercen escasos controles. Recientemente una misión del organismo europeo constató que los detectores aún están en sus cajas, en un despacho de la Guardia Nacional en el referido terminal aéreo. Las revisiones a las maletas se hacen con perros y aparatos de rayos X. Pero siempre queda abierta la posibilidad de que un pasajero aproveche la ausencia de estos aparatos para llevar sus equipajes cargados con cocaína, tal y como hizo Federica Gagliardi, la exsecretaria del mandatario italiano Silvio Berlusconi. Por casos como éste Venezuela ha sido reprobada por ocho años consecutivos en materia de cooperación internacional contra el tráfico de drogas.

*Un comisario ya jubilado de la policía judicial me llamó la atención con respecto al homicidio de dos liceístas de 14 años y 15 años de edad, respectivamente, a manos de un compañero de estudios de la Unidad Educativa Iberoamericano de El Junquito, el19 de mayo. Este exfuncionario observó preocupado que el homicida (también de 14 años) no estará más de un lustro en prisión, en virtud de su edad, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de Protección del Niño, la Niña y el Adolescente. El joven que con total alevosía y consciente de sus actos disparó contra sus compañeros estará en las calles otra vez al cumplir 20 años, en el peor de los casos. Como es menor, además, las autoridades no podrán registrar sus antecedentes. De manera que salvo alguna referencia tardía de los medios de comunicación (una vez cumplidos los 18 años de edad) su historial estará totalmente limpio. Algo similar sucederá con los homicidas del teniente coronel Eliécer Otayza y de cinco habitantes un barrio de Los Teques, por mencionar algunos recientes. Las normas venezolanas a veces parecen hechas pensando en el victimario, y no en la mayoría de la población que vive aislada y temerosa debido al permanente estado de indefensión. Mayor impunidad, imposible.

*De acuerdo con la Memoria y Cuenta del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en 2013 fueron detectados y destruidos 43 laboratorios destinados a la fabricación de clorhidrato de cocaína. Todos ellos en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, una zona profundamente influida por la actividad de los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en Norte de Santander. Supongamos por un momento que esas instalaciones fueron eliminadas cuando apenas tenían dos meses de operaciones. Si cada una producía media tonelada de droga mensual (un estimado conservador) esto pemite concluir que en territorio venezolano se produjeron el año pasado al menos 43 toneladas de cocaína de alta pureza. La sustancia además era cargada en las aeronaves que llegaban a pistas clandestinas detectadas cerca de los laboratorios. Servicio completo. Menos mal que Venezuela es sólo un «país de tránsito» en la industria mundial de las drogas.

*El 22 de mayo el director de Seguridad de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, coronel Luis Fernández Reverol envió una carta al director de la Policía Nacional, general retirado Manuel Pérez Urdaneta para solicitarle la revisión de las credenciales entregadas a los funcionarios que custodian esa institución y sus magistrados. La petición fue hecha al detectarse que un hombre de apellido Flores se hacía pasar por integrante del cuerpo de escoltas utilizando una credencial falsa, con vencimiento en mayo de 2016.