El ocaso del coronel

Twitter:@javiermayorca

Desde que era un oficial superior, todos en la Guardia Nacional sabían que Eladio Aponte Aponte poco o nada tenía en común con el régimen chavista, y mucho menos con la tesis del socialismo del siglo XXI. Si acaso se acercaría a esa ideología tan particular que propugna el diputado Pedro Carreño, al declarar sobre el «hombre nuevo» ataviado con Gucci y Louis Vuitton.
Esa es la misma forma de pensar del coronel, ahora retirado. Por un lado, declara su fidelidad al régimen de Hugo Chávez, aún cuando se sabe sentenciado. Por el otro, pide su jubilación del TSJ, en una evidente jugada de «reducción del daño». Quizá así salve por lo menos una pensión que le asegure tantas fiestas como las que hizo en Eurobuilding para celebrar el matrimonio de su hija.
Aponte se licenció en 1974 en la Efofac. Fue el décimosexto de su promoción. Nada notable. Según personas cercanas a él de inmediato optó por continuar sus estudios antes que desarrollar su carrera como militar, y ganar posiciones de comando. En ojos de sus compañeros, era un “oficial de escritorio”, de los que prefiere hablar en voz baja, aún si se trata de una ponencia sobre derecho penal militar, en las que se siente más cómodo.
Hasta 2003, Aponte fue un discreto oficial que había pasado su servicio en unidades del centro del país. En ese lapso, obtuvo el título de abogado en la universidad de Carabobo. Allí también cursó una maestría en Ciencias Políticas. Luego iría a la universidad de Salamanca.
Con estos pergaminos, y una capacidad muy común por estos días de apuntar hacia donde sople el viento, lo mandaron a paliar un temporal en la justicia castrense. Había que reemplazar en la Fiscalía Militar a un coronel del Ejército, denunciado por la falsificación de su título de abogado, por cierto en la misma casa de estudios de la que egresó Aponte. Aunque en ese cargo debía estar un general de brigada, Chávez optó por el coronel de la GN, pues además de tener las credenciales mínimas para el cargo le garantizaba la lealtad suficiente para continuar la purga interna de la FAN, aún con las heridas abiertas por la crisis del 11 de abril de 2002.
Ya para ese momento el oficial conocía a los Makled. A Najen el viejo, a Walid el turco. No los veía como traficantes de drogas sino como prósperos empresarios ligados a todo lo que huela a dinero en Carabobo. Además de esto, financistas del Psuv regional. Todo eso está debidamente señalado en el dictamen emitido por el Consejo Moral Republicano. Poder llama a poder. Cuando se inició la “renovación” de magistrados en el TSJ, el chavismo vio la posibilidad de trasladar a la sala de Casación Penal al leal coronel, ya en situación de retiro. En enero de 2005 asumió la magistratura y llegó a ser presidente de la sala.
La credencial que originó la denuncia contra Aponte señala a Makled como “comisario” al servicio del Poder Judicial, y expiró en julio de 2006. Pero aparentemente hay otras, de acuerdo con la averiguación administrativa que pondrá la lápida sobre la vida pública del oficial. La autenticidad de la firma que avala este documento aún no ha sido constatada, aunque para las jefas del Consejo Moral las dudas no existan. Lo más curioso del asunto es que, al momento de escribir estas líneas el caso de los Makled ni siquiera ha pasado a la fase de juicio. Esto indica que, en teoría, existe aunque sea una remota posibilidad de que sea absuelto quien para la DEA ha sido el mayor traficante de drogas venezolano de la última década, junto a sus hermanos.
En cambio, Aponte Aponte ya está virtualmente condenado. A estas alturas, nadie da un bolívar por él. Sus compañeros del TSJ ya le dieron la espalda, y su suplente se prepara para asumir funciones. Luego de destituirlo en la Asamblea Nacional, la cabeza de Aponte será exhibida por el mismo régimen que ha negado abiertamente cualquier investigación por el hallazgo de 800.000 dólares de Pdvsa en la maleta de Guido Antonini; por la detención de un exviceministro de Finanzas con 50.000 dólares no declarados al entrar en EE UU; por las toneladas de alimentos podridos cuya importación ha alimentado las cuentas de un grupete, listo para financiar la nueva campaña electoral. Y siga contando…

Breves

*Hay una estampida en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. La partidización de este grupo se tradujo en una burocracia insoportable, que sobrepasa los 200 empleados. Y no hay dinero para pagarla. Criminólogos y sociólogos, que veían la posibilidad de hacer un importante aporte al país, se dieron cuenta de que los estaban utilizando para alimentar un proyecto político, y renunciaron.
*Ahora La Piedrita se ha convertido en un lastre para el Gobierno. Recordemos: fue Freddy Bernal quien desde la alcaldía de Libertador fomentó la «logística» del colectivo para contrarrestar a los Tupamaros, más cercanos a Juan Barreto, entonces Alcalde Mayor. Al final, el grupo de Valentín Santana resultó vencedor. Pero como suele suceder, se salió de control. Ahora matan, invaden y extorsionan en nombre de la Revolución.