El dilema de Varela

Iris Varela probablemente desconocía la magnitud del problema que debería enfrentar cuando, en julio de 2011, aceptó asumir el recién creado Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Seis meses después, y a juzgar por los números divulgados por el Observatorio Venezolano de Prisiones, es poco lo que la exparlamentaria ha logrado.
Por supuesto, podría señalarse que aún es prematuro hacer algún balance de su gestión; que la mujer comenzó a trabajar sin siquiera tener una sede (ahora ocupa cuatro pisos en un lujoso edificio «fogadeado» de El Rosal); que tenía -y tiene- conflictos diarios con sus propios empleados y, en fin, que las mafias nuevas y viejas son para ella un lastre demasiado pesado.
Todo eso podría decirse. Pero nada de eso la excusa de fracasar en medio del gobierno que más poderes ha acumulado en la historia democrática. Decir que el año pasado hubo 560 muertos en los reclusorios venezolanos podría escandalizar a más de uno. Pero este asunto hay que verlo en términos comparativos para entender su verdadera dimensión. La tasa de homicidios en las cárceles de México fue el año pasado de 21,8 por cada 100.000 presos. En ese país hay una auténtica guerra contra el crimen organizado, que ha incrementado la población penal en forma explosiva, de manera que podía esperarse un traslado a las penitenciarías del conflicto existente en las calles. En Colombia, donde el presidente Santos ha continuado con matices la política de seguridad democrática, la tasa de crímenes en prisión es de 20,8 por cada 100.000 personas. En Brasil, las principales mafias como el Primer Comando de la Capital germinaron en las cárceles. Tiene una población penal de 473.626 personas, pero la tasa de homicidios en esas instalaciones es de 21,7 por cada 100.000 detenidos. En Venezuela, la tasa de homicidios en prisiones para 2011 fue de 1142 por cada 100.000 presos. Aquí no hay guerras declaradas al hampa. No hay política de «mano dura» ni de «cero tolerancia». Por el contrario, somos los ciudadanos los que día a día ponemos la mayoría de las víctimas fatales, mientras que los delincuentes se mueven a sus anchas.
Las prisiones son, entonces, el lugar para saldar las cuentas que se arrastran desde la calle. El lugar donde el gobierno real lo ejercen los líderes de los clanes delictivos, mal llamados «pranes». Donde, como diría el académico argentino Marcelo Saín, las autoridades ejercen un papel regulador de los mercados ilícitos tras las rejas, pero no para imponer el imperio de la ley sino para prolongar el statu quo.
Este año comenzó con las cárceles más importantes del país en un estado de callada rebelión. Más de 10.000 presos en conflicto pues Varela no había cumplido la promesa de otorgar las medidas cautelares a la que muchos de ellos tenían derecho, en virtud del retardo procesal. Luego, ella aclaró que esa no era su competencia. Pero su palabra ya estaba empeñada. Lo que ha ocurrido posteriormente confirma que los reclusos ganarían otra. Según el coordinador de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto, al momento de escribir estas líneas han salido de los internados judiciales más de 2.000 personas. Quienes ven la seguridad ciudadana como un sistema con equilibrios muy difíciles de lograr entienden que una medida como esta podrá apaciguar las cárceles. Pero trasladará la sangría a las calles del país.
Breves
*En 2011 los decomisos de drogas en Venezuela disminuyeron 33,5%, pero la cifra de secuestros aumentó 31,5% con respecto a 2010, para totalizar 1180 hasta el 31 de diciembre. En enero de este año las bandas continuaron plagiando al ritmo de la creciente impunidad que dio un récord el año anterior. Entre las víctimas predilectas están miembros del cuerpo diplomático. Además del embajador mexicano y su esposa, en los últimos meses también se recibieron denuncias de los cónsules de Chile e Inglaterra así como de cuatro ministros-consejeros de distintas legaciones.
*La crisis generada por el propio Gobierno con la supresión de la Policía Metropolitana ha sido resuelta parcialmente con la sigilosa incorporación de un primer grupo de 100 agentes de ese cuerpo a la filas de Policaracas. Los funcionarios pusieron como condición para cesar el conflicto que les reconocieran sus años de servicio en la institución de Cotiza. A los que se acogieron a la jubilación les pagaron parte de sus prestaciones en especias, al darles preferencia en la «subasta» de las motos que aún quedaban operativas. *Contradicciones insalvables: mientras Chávez ordenaba en su largo discurso de memoria y cuenta la profundización del trabajo de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el colectivo La Piedrita colgaba en Facebook una foto de sus pioneritos armados con fusiles, en una sesión de entrenamiento. Curiosamente, portaban M-16 de fabricación estadounidense, y no los AK rusos o los FAL belgas. Ambos de uso corriente en la FAN. Sobre el líder de este grupo, Valentín Santana, pesan 3 órdenes de captura. Pero ninguna ha sido ejecutada.
*La fracción oficialista en el Parlamento tiene como prioridad la aprobación antes del primer trimestre de 2012 de la reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. La intención, señala el diputado Ricardo Sánchez, no es facilitar las pesquisas contra las estructuras mafiosas (cosa que bien se puede lograr con el instrumento vigente) sino sentar las bases para restringir y eventualmente criminalizar la actividad de las organizaciones no gubernamentales y en general de todas las formas de asociación que critican las acciones u omisiones del Ejecutivo. La excesiva amplitud en la definición de los actos terroristas dentro de este proyecto le confiere un garrote a los tribunales cooptados por el Gobierno.