La “pequeña corrupción” también está en boga

Cuello blanco

Los casos de Hugbel Roa, Joselit Ramírez y otros cuarenta individuos detenidos a partir del 17 de marzo hacen que la gente se pregunte si fue ahora que el régimen descubrió la verdadera magnitud del saqueo a las arcas públicas. En esta materia, como en otras tantas del área de seguridad, prevalece en el Gobierno el criterio de selectividad. Hay una pequeña corrupción que los órganos del Estado parecieran dispuestos a combatir. Por ejemplo, el 1 de abril la delegación municipal El Llanito de la policía judicial inició una averiguación ante la denuncia de una mujer, que señaló a empleados del Distrito Sanitario ubicado en La Urbina por haberle solicitado mil bolívares a cambio de la emisión de dos certificados de nacimiento. Eso probablemente lo investigarán. En 2022 las distintas policías iniciaron 162 expedientes por presunta corrupción. Las denuncias versan generalmente sobre cuestiones cotidianas: la presunta venta de bolsas de sangre en un hospital de Barinas, la emisión de un registro de cadáveres en el Cementerio General del Sur, la desaparición de un expediente en un juzgado civil de Caracas y, desde luego, la venta de pasaportes en oficinas del Saime. Esto solo por mencionar algunos casos. Todos ellos, sumados, no abarcan ni siquiera una pequeña fracción de los ilícitos asociados a la administración de Petróleos de Venezuela y otras dependencias como Cadivi, que han sido investigadas en el exterior, desde hace por lo menos doce años. La organización Transparencia Venezuela ha identificado 146 casos de corrupción y delitos asociados, como por ejemplo el pago de sobornos, ventilados en tribunales de 25 países. Todos ellos suman aproximadamente 64 millardos de dólares, casi seis veces el presupuesto nacional de 2023. Estos expedientes fueron el centro de numerosos trabajos periodísticos. A esta corrupción, que vino de las entrañas del propio oficialismo, solo la tocan cuando tienen el agua hasta el cuello.