Agentes de la DEA no solo vendían datos a Alex Saab

Cuello blanco

El caso de los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) enjuiciados por filtrar información privilegiada a individuos bajo investigación tiene un alcance mayor que el planteado inicialmente. Para el público venezolano, desde luego, el mayor interés tiene que ver con la relación entablada entre los principales acusados, el agente especial John Constanzo Jr. y el ex agente especial Manuel Recio, con el empresario colombiano Alex Nain Saab, procesado en EEUU por lavado de dinero producto del pago de sobornos en las contrataciones con el gobierno de Nicolás Maduro. La acusación contra Constanzo y Recio indica que los delitos fueron cometidos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, precisamente en momentos en que comenzaba a ventilarse en los juzgados de Nueva York el proceso judicial contra el empresario barranquillero, “enviado especial” del gobernante venezolano ante el régimen de la República Islámica de Irán. En esta trama aparece nuevamente el nombre de un colombiano que desarrolló parte de su carrera criminal en Venezuela, Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Hernández, nos recuerda el tanque de pensamiento InSightCrime, se refugió a principios de este siglo en el país, huyendo de los conflictos internos del cartel del Norte del Valle colombiano, la agrupación que sucedió al cartel de Medellín. Allí entabló contacto con la policía antidrogas estadounidense, y desde entonces actuó como “cuerda floja”. Boliche es uno de los personajes de la novela de Andrés López, El Cartel de los Sapos. Sirvió como delator de numerosos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2020, fue un factor de importancia para sacar de circulación a otro asesor de Alex Saab, el profesor estadounidense Bruce Bagley. En aquella oportunidad, sirvió como conducto de los pagos que Saab hacía al académico. Ahora, en el caso de Constanzo y Recio, Saab no es el único que habría pagado por datos de la DEA que aún no eran del conocimiento público. Según la acusación, hay por lo menos otros cuatro individuos pertenecientes a redes internacionales del crimen organizado beneficiados por la filtración de informaciones. En las primeras actuaciones, Recio pagaría a su asociado 2500 dólares por conocer si algún cliente había sido incorporado en la base de datos de personas investigadas, conocida como Naddis. Como la cosa funcionó, las entregas de dinero se incrementaron y diversificaron hasta involucrar a integrantes de la familia de Constanzo. Este caso es tan sensible que los propios abogados de los acusados se han quejado ante el juez de Nueva York Paul Oetken sobre las dificultades para obtener los documentos y otras evidencias que obran contra ellos.