Cárceles en «violación sistemática» de DDHH

Conflictos

En los próximos días, será presentado un extenso informe sobre la situación de los sistemas penitenciarios de varios países latinoamericanos. Este documento es producto de una iniciativa conjunta del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la fundación Konrad Adenauer, que contó con la dirección de Marie-Christine Fuchs y Leonel González Postigo. En términos generales, el panorama de derechos humanos en las distintas naciones no es nada alentador, aunque desde luego presenta importantes matices. El capítulo correspondiente a Venezuela fue elaborado por Carolina Jirón y Emil José Niño, ambos integrantes del Observatorio Venezolano de Prisiones. Según los autores, los centros de reclusión del país, desde los internados judiciales hasta los retenes policiales, son escenario de una “violación sistemática” de los derechos fundamentales. Un indicador tomado en cuenta fue el hacinamiento. Indicaron que para 2019 había 44041 reclusos, pero solo hay capacidad instalada para 20746, lo que ya da una idea del hacinamiento general. Los centros con mayor sobrepoblación son la Mínima de Tocuyito en Carabobo (466%), Puente Ayala en Anzoátegui (395%) y el Centro Penitenciario de los Llanos (230%). En Venezuela se instauró un sistema de administración de los centros penitenciarios que depende del Ejecutivo, y que se caracteriza por su alta discrecionalidad. En consecuencia, los traslados y reubicaciones, tanto de procesados como penados, son ejecutados sin protocolos claros, a pesar de que se cuenta con un código específico para regular la materia penitenciaria. De allí que, según Jirón y Niño, el 30% de los presos del país esté concentrado en apenas cinco establecimientos. El informe, además, da cuenta del incumplimiento por parte del ministerio penitenciario en el plan de “humanización” que planteaba, entre otras cosas, la construcción de quince nuevos centros para reclusos. En la actualidad, solo han erigido dos. Los autores recomendaron cumplir con la norma constitucional, y asignar el manejo de los centros penitenciarios a una entidad autónoma e independiente del Ejecutivo. Igualmente, restaurar todas las instalaciones que fueron clausuradas (El Junquito, La Planta, PGV, San Fernando), y llevar a cabo reformas legales que faciliten el otorgamiento de medidas cautelares, con lo cual se lograría disminuir la sobrepoblación penitenciaria.