Celada en La Campiña

Crímenes sin castigo | 3 de diciembre de 2017

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Más que el resultado de una ardua investigación, lo de Citgo fue una emboscada. Ahora es que la realidad comenzará a salir a flote

@javiermayorca

El martes 21 de noviembre a las 9:30 am salió de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta una comisión de cinco oficiales hacia la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña.

El grupo enviado por el jefe de la Dgcim, general de división (Ejército) Iván Hernández Dala, estaba encabezado por el jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística, general de brigada (GN) Ramón Balza Liota, quien anteriormente se había desempeñado como agregado militar de ese componente en Cuba.

La presencia del alto oficial en este grupo evidenciaba de la importancia que el Gobierno daba a las acciones que serían emprendidas minutos después. Lo acompañaban el mayor Freddy Obregón y los tenientes Johann Goitia, Franklin García y Pedro Duque. La misión era ejecutar una orden tribunalicia.

Los militares interrumpieron una reunión que se desarrollaba en la sala B del complejo Simón Bolívar, en la planta baja de la torre Este de la estatal petrolera, donde seis representantes de Citgo intentaban explicar los planes para refinanciar la deuda externa de la corporación y así obtener “dinero fresco”.

El general Balza ordenó que los ejecutivos pasaran a la sala C, e inmediatamente procedió junto con los demás oficiales a despojarlos de todas sus pertenencias, sin testigos consignados en actas ni fiscal del Ministerio Público. Quedaron en custodia computadoras portátiles, unidades de memoria, teléfonos celulares y documentos de identificación. Allí estaban José Ángel Pereira, presidente de la filial inscrita en Delaware; Tomeu Vadell Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación; Alirio José Zambrano, gerente general de la refinería Corpus Christi (una de las tres propiedad de la corporación); Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización; Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones con Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos, y José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos.

Aunque el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab los describió como “altos directivos”, en realidad el único integrante de la Junta Directiva (board of directors) era Pereira. Los demás efectivamente son empleados de suma importancia para la empresa, pero no del grupo que podía comprometerla desde el punto de vista financiero.

Los otros integrantes de la Junta Directiva eran hasta la semana pasada Guillermo Blanco, Nelson Ferrer (director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco), Ysmel Serrano (antiguo Secretario de Comercio del gobierno de Aragua durante la gestión de Tareck el Aissami, nombrado en febrero vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa) y Rick Esser (vicepresidente de Cumplimiento).

Aunque los detenidos son nacidos en Venezuela, por lo menos cuatro tenían ya nacionalidad estadounidense, a juzgar por los pasaportes que quedaron en manos de los militares: Vadell, Toledo, Cárdenas y Zambrano.

Investigación…desde la víspera

La «inteligencia», una carta de intención

Pereira y el resto de los representantes de Citgo fueron recluidos desde entonces en los calabozos de la Dgcim Boleíta. Solo salieron del sótano 1 para participar en la audiencia de presentación ante la juez tercera de control del Área Metropolitana Rosvelin Gil, quien como era de esperarse ratificó las detenciones por los supuestos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Al hablar de lavado de dinero y concierto para cometer delitos se podría pensar que la irrupción militar en Pdvsa La Campiña fue la coronación de una ardua y prolongada pesquisa.

En realidad, según fuentes ligadas a este caso, las diligencias llevadas a cabo hasta el momento de escribir esta columna tan solo ocupaban media resma de papel. El expediente comenzó a formarse el lunes 20 de noviembre, apenas un día antes de las detenciones, sobre la base de lo que William Saab denominó “información de inteligencia”. Estos datos no eran otra cosa más que los documentos del preacuerdo entre la junta directiva de la filial, encabezada por Pereira, y las corporaciones Frontier Group y Apollo Global, que en junio habían mostrado su disposición de lanzarse en una aventura de altísimo riesgo: aportar hasta cuatro millardos de dólares a una empresa en default, que desde agosto es afectada por una prohibición de financiamiento impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de las sanciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Durante la audiencia de presentación, Pereira argumentó en su defensa que el financiamiento –de haberse logrado- hubiese servido para fortalecer el llamado “proyecto Aruba”, cuya refinería según sus propios cálculos hubiese levantado la producción de crudo venezolano hasta 300.000 barriles diarios. Pero nada de eso se dio, pues hasta ahora no hay evidencia de que las negociaciones con Frontier y Apollo se hubiesen concretado con las formalidades de ley.

El martes dos abogados, Aníbal Ruiz y el exfiscal Víctor Pacheco Rojas, intentaban asumir la defensa de los detenidos. Ruiz se abstuvo de declarar con el argumento de que finalizaba un escrito de apelación. Mientras tanto, el fiscal designado por la ANC amenaza con nuevas detenciones. Pero ya el resto de los directivos de la filial están advertidos.

Breves

*Durante una reunión llevada a cabo recientemente en Perú, un representante de la Policía Federal de Brasil alertó que grupos delictivos altamente organizados como el Primer Comando de la Capital (PCC) estaban extendiendo sus operaciones al norte, ocupando territorios de manera compulsiva para desde allí tender puntos de avance que permitan a sus operadores acercarse a las riquezas del Arco Minero. Un experto en seguridad venezolano que participó en esta reunión indicó que los metales preciosos no son llevados directamente a Brasil, sino que son trasladados vía aérea a Guyana, donde luego de un tiempo supuestamente son trasladados a mercados europeos, sin indicar que fueron extraídos de suelo venezolano. Esto podría explicar el súbito crecimiento del parque aéreo en el estado Bolívar.

También los pusieron en Helicoide

*Luego de la evasión del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) colocó un cepo o tobillera electrónica al comisario general Iván Simonovis, quien purga condena en su lugar de residencial. Previamente, habían puesto un dispositivo similar al ex alcalde de Chacao Leopoldo López. El uso de estos aparatos es de vieja data en países como Estados Unidos. Con el pasar de los años se han hecho más sofisticados. Actualmente están dotados con un equipo de posicionamiento satelital y un sensor, de manera que activarán una alarma si traspone ciertos límites previamente establecidos. Desde el Helicoide, sin embargo, han informado sobre la colocación de cepos a otros detenidos, que no están en sus viviendas sino en el propio retén de la policía política. Se trata del ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y el comisario Otoniel Guevara. Adentro presumen que el propósito es justificar un “negocio millonario”.

*La expansión de la migración venezolana podría ocasionar lo que Federico Varesse ha descrito como el “trasplantado” de redes de delincuencia organizada. Las señales ya están allí, para quien quiera verlas: la semana pasada la Policía Federal de México “rescató” a diez venezolanas que supuestamente eran víctimas de explotación sexual. Las redes de prostitución en las que participan venezolanas ya son famosas en las islas del Caribe, en Colombia y Panamá, donde recientemente se produjo una acción similar a la reportada en México. Aunque algunos grupos pueden trabajar de manera independiente, en estos casos hay evidencia de una división de tareas en las que unas células realizan la captación de mujeres y hombres. Otras proveen los documentos y la logística, y finalmente otras reciben a los grupos en los países de tránsito o de destino, para luego distribuir a las personas según las necesidades del contratante. La “exportación” de venezolanos para trata sexual ya llega hasta China, tal y como lo evidenció un procedimiento aplicado hace dos semanas por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Maiquetía.

*Canadá continuará aplicando sanciones contra oficialistas e importantes operadores del gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de este país, el mayor interés es señalar a quienes habrían participado en violaciones continuadas a los Derechos Humanos. Los temas de drogas y corrupción están en un plano secundario. Al igual que las sanciones estadounidenses, la incorporación de algún nombre en la lista de Canadá no quiere decir necesariamente que esa persona tenga bienes o cuentas en ese país. Las investigaciones al respecto comienzan luego de la inclusión del funcionario.

*Ahora el Carnet de la Patria está siendo utilizado como requisito indispensable para las nuevas contrataciones y ascensos en la jerarquía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Otros despachos están siguiendo esa misma línea: “Si la persona no tiene el carnet, no le dan el cargo”, indicó una fuente del organismo. La práctica no tiene asidero legal, y por ende no figura por escrito –hasta el momento- en ninguna circular o resolución interna. Pero su aplicación ha sido verificada luego de la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente.

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