Cinco víctimas, la misma violencia

Crímenes sin castigo | 4 de mayo de 2014

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*El homicidio del ahora teniente coronel Eliézer Otayza pone de relieve una realidad de hamponato sin freno que el Gobierno no quiere asumir

@javiermayorca

Los homicidios de Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry; Gustavo Giménez y su amigo Luis Daniel Gómez, y del teniente coronel (Ejército) Eliézer Reinaldo Otayza, todos reportados en 2014, tienen por lo menos un factor coincidente: fueron consecuencia de delincuentes comunes que en cada caso creyeron estar ante oportunidades de obtener ganancias con facilidad.

La “oportunidad” es un criterio que el hampón evalúa permanentemente. Puede ser definida como el conjunto de circunstancias que en un momento determinado se conjugan para hacer que el victimario considere que puede lograr su objetivo.

Spear y su esposo quedaron indefensos cuando el Corolla en que iban en la autopista Puerto Cabello-Valencia sufrió un desperfecto, la noche del 6 de enero. Quedaron varados justo en el sitio donde opera una banda de antisociales. Sus desmanes no importaron mucho a las autoridades hasta que mataron a la actriz internacional y a su compañero. El presidente Maduro cometió días después un nuevo desliz al declarar que el crimen pudo ser por la acción de sicarios.

Otro delincuente que hacía de las suyas sin ningún freno fue el que mató a los ciclistas Gómez y Giménez el sábado 5 de abril aproximadamente a las 5 pm. Desde enero alertamos a través de twitter que en ese sector del parque El Avila operaban sujetos que se hacían pasar por deportistas para vigilar a sus posibles víctimas y esperar el mejor momento para despojarlas de sus pertenencias. Las denuncias iban acumulándose sin que la “autoridad única” del parque hiciera nada.

En este caso, los deudos de Giménez y Gómez guardaron un discreto silencio. Desde la oposición sin embargo se sugirió que este doble homicidio pudo ser el desenlace de una conspiración para amedrentar a quienes adversan al Gobierno, en virtud de las relaciones que ambas víctimas guardaban respectivamente con Lorenzo Mendoza, presidente del grupo de empresas Polar, y con el líder opositor Leopoldo López. No era difícil pensarlo. De hecho, esa fue una de las variables que se investigó. Pero de nuevo la evidencia se impuso.

Ahora, le tocó a Otayza. El ex constituyentista, exjefe de la Disip, el Ince, el Inti y el terminal La Bandera. El entonces mayor del Ejército iba por una carretera oscura, el sábado 26 de abril en la madrugada, según reporte de Polibaruta. Una hora en la que no es prudente circular por allí. No sabía que El Hatillo, especialmente en las zonas rurales fronterizas con Baruta, se ha convertido en un refugio de antisociales que azotan a los residentes de Oripoto y Los Guayabitos. Algunos ya incursionan en La Lagunita. Roban viviendas y vehículos. También secuestran y siguen así, como si nada. El solitario conductor de una costosa Toyota Autana era en apariencia un objetivo fácil y apetecible. Y le cayeron en tropel. Probablemente los atacantes ni siquiera se percataron con precisión de quién se trataba. Vieron que el hombre iba armado, con porte de policía o militar activo (que lo era, además de presidente del Ayuntamiento de Libertador) y optaron por eliminarlo. Nada de dejar cabos sueltos y arriesgarse luego a la búsqueda sin cuartel de los cuerpos de seguridad. Para ganar tiempo, lanzaron el cadáver por un barranco en Turgua, luego de quitarle sus documentos.

Funeral con ascenso y honores

Hasta ahora, el único detenido y presentado ante tribunales por este homicidio es un joven de 20 años de edad, que emigró de Mérida en la década pasada, tras el divorcio de sus padres. Cuando Otayza era director de la Disip, ese muchacho tenía siete años. Su personalidad se formó viendo cómo Venezuela se convertía en un país de oportunidades, pero para quienes quebrantan las leyes.

Por eso es el territorio con la tercera tasa de homicidios más alta del mundo. Con una impunidad endémica, en la que el antisocial no se siente para nada obligado a reparar los daños que de forma consistente inflige a la sociedad.

Esto es lo que no quieren entender en el Ejecutivo. Ni ahora ni antes. Entonces, confrontados con una realidad que tarde o temprano se presentaría (la muerte de un querido militante oficialista a manos del hampa) prefieren pensar que todo eso “huele a conspiración”, tal y como escribió la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela cuando apenas comenzaban las pesquisas. La misma funcionaria que reconoce haber enviado a las calles a más de 4600 presos solo en 2013. Y el jefe del Estado, siguiendo la comparsa, ahora dice que este lamentable hecho forma parte de un complot urdido desde Miami.

Lo peor de todo esto es que mientras no se asuma el problema en toda su magnitud más tardaremos en superarlo.

Nota final: en una semblanza escrita para El Nacional esta semana, indiqué que Otayza había desertado del Ejército luego de la intentona golpista de noviembre de 1992. Algunos militares retirados gentilmente me corrigieron. El entonces teniente efectivamente fue procesado por deserción ante el Consejo de Guerra Permanente de Caracas. Pero no fue luego del segundo golpe fallido del 92, sino cuando estaba en la Escuela de Educación Física del Ejército, a la que fue transferido ante la sospecha de que apoyó el movimiento del 4 de febrero.

Breves

*Vienen noticias en el caso del secuestro de Nairobi Pinto, la jefa de corresponsalías de Globovisión que estuvo cautiva 8 días sin que sus captores pidieran rescate. La periodista de 32 años aún no se ha reincorporado a su puesto de trabajo. En los días previos a su desaparición el domingo 6 de abril la víctima recibió las llamadas de 2 desconocidos abonados Movilnet preguntándole por líderes del movimiento estudiantil. Este dato cobra valor a la luz de lo sucedido posteriormente. La dirigente estudiantil Gaby Arellano reiteró su convicción de que lo ocurrido con Pinto tuvo un fin político. «Quieren quebrar sicológicamente a quienes estamos en esta lucha», sostuvo. Durante una conversación para esta columna le salió al paso a los rumores sobre una supuesta motivación amorosa en este caso, lo que convertiría el secuestro en un rapto. Arellano negó que su relación con Pinto sea más que una amistad. «Si lo fuese no tendría ningún problema en decirlo», aseguró. Hasta el miércoles 30 de abril, Arellano no había recibido la citación anunciada por el rotativo Ultimas Noticias. Tampoco había retomado la intensa comunicación que tenía con su amiga antes del 6 de abril. «Tengo muchas preguntas», confesó.

*Cuando se iniciaron las protestas de febrero, indicamos en este mismo espacio que la Guardia Nacional vigilaba las manifestaciones estudiantiles usando funcionarios de civil. Entonces, el propósito era identificar a los líderes de las acciones callejeras y a las personas que les daban soporte logístico. Las evidencias mostraron que este primer objetivo cambió. Luego, los infiltrados pasaron a otro plano. Ya no se trataba solo de filmar las protestas sino de provocar hechos que ocasionaran el repudio general, al tiempo que pudieran servir para iniciar averiguaciones penales. Los «agentes provocadores», tal y como se les conoce, instigaron y participaron por ejemplo en la destrucción de un módulo del Metro de Caracas en plaza Altamira. Lo que fue convenientemente difundido por los medios del Sibci. En abril se pasó a una nueva fase. Según la abogada de Fundeci Elenis Rodríguez la GN ahora aplica técnicas de operaciones encubiertas para obtener evidencias que posteriormente sean usadas en juicios por delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El problema es que según esta legislación los agentes deben ser funcionarios debidamente juramentados por un juez de control antes de que se inicie la infiltración. Esto no se está cumpliendo. Por lo menos, no hay evidencia de ello. El Gobierno está acudiendo a informantes civiles, denominados «patriotas cooperantes» en la jerga oficialista, para llevar a cabo esta tarea. Los delatores son identificados en los expedientes con nombres genéricos (Agente 1, Agente 2, etc.), tal y como se hace en las pesquisas sobre terrorismo, tráfico de drogas y delincuencia organizada. Esta fue la receta aplicada para detener a un vecino de Macaracuay conocido como El Aviador, que supuestamente prestaba espacios de su vivienda para almacenar los instrumentos que luego eran usados en las manifestaciones.

*El sistema de delaciones también está siendo aplicado en lo interno de la Fuerza Armada. Hasta la segunda semana de marzo, no había ninguna evidencia concreta sobre los supuestos planes para derrocar por vía de armas al Presidente. Sí corrían muchos comentarios en los cuarteles, como en el resto del país, por el deficiente desempeño del Gobierno. Especialmente en la Aviación y la Armada (componente del que surge la actual ministra de la Defensa). Maduro aprovechó la circunstancia de la reunión de cancilleres de Unasur en la última semana de marzo para iniciar un juicio penal contra tres generales de la Aviación y dos capitanes de la GN (uno de ellos retirado), para así darle nombres y apellidos a la conspiración que él tanto anunciaba. El expediente no tiene pies ni cabeza. Todo se basa en los decires de un teniente coronel contra tres oficiales generales, dos de ellos declarados adeptos al régimen. Tras bastidores les han ofrecido eventual clemencia presidencial si se quedan callados. Ellos lo creen así. Si hablan, serán juzgados por instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. Por cierto, sin que les hagan el antejuicio de mérito previsto en la Constitución. Simultáneamente avanzan procedimientos administrativos para sacar de las filas militares a oficiales medios y subalternos. Serían aproximadamente 25 profesionales de armas, algunos de ellos primeros de sus respectivas promociones. Así comienza una nueva purga en la Fuerza Armada.