Deportaciones bajo presión

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El 13 de julio, el Gobierno deportó a Estados Unidos a tres personas solicitadas por tráfico de drogas. Todos ellos nacieron en Colombia, pero dos obtuvieron la nacionalidad venezolana, hasta donde se sabe en forma legal.

Carlos Alberto Rentería, señalado como último jefe del cartel del Norte del Valle, tenía en Venezuela una cédula de identidad con nombre falso. Este hecho facilitaba su expulsión del país. Con respecto a él ninguna objeción puede hacerse. Beto era señalado de coordinar numerosos envíos de drogas hacia EE UU y Europa a través de Venezuela. Supuestamente, se hizo cargo de la estructura criminal en el país, luego del asesinato de su socio Wilber Alirio Varela, alias Jabón.

En cambio, Carlos Ojeda Herrera y Luis Frank Tello Candelo vivían en el territorio nacional con sus nombres verdaderos. El primero en Lecherías. Y Tello, conocido como Negro Frank, fue apresado en su apartamento de la urbanización Macaracuay.

En el caso de Ojeda, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia certificó que es venezolano desde 1975. Tello Candelo, por otro lado, fue naturalizado en 1973, cuando apenas era un adolescente, tal y como lo indican recaudos aportados por sus defensores ante el Servicio Autónomo de Inmigración, Migración y Extranjería (Saime).

Los documentos que sustentan estos señalamientos son fácilmente verificables. Es de suponer que el Gobierno los conoce. Sin embargo, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami sostuvo hasta último momento que Ojeda y Tello son colombianos como Rentería. Esto no es así.

Es posible que el Ejecutivo actuara en estos casos con la intención de lavarse la cara, y desmentir con “propaganda de hechos” (Bryan Jenkins) las conclusiones del último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas, que coloca a Venezuela como el primer país de tránsito de cocaína de todo el mundo, y emporio de numerosas organizaciones criminales.

Lo cierto es que en esta materia el Gobierno ha aplicado la norma de manera diferenciada. A unos venezolanos naturalizados los deportan con absoluta rapidez. Pero a otros, como el supuesto líder de la organización separatista vasca ETA en Venezuela, Arturo Cubillas Fontán, les dan cobijo en el país.

Cabe recordar que cuando se conoció el auto del juez Eloy Velasco, en marzo, el propio ministro el Aissami dijo que Cubillas no sería entregado a España porque “es venezolano”, y que lo apropiado sería enjuiciarlo en el país.

Cubillas, como Ojeda y Tello Candelo, nacieron en otros lugares y obtuvieron la nacionalidad venezolana. Por lo tanto, deberían ser tratados de igual forma. La Constitución vigente establece un principio de igualdad ante la ley para todos los nacionales, independientemente de si nacieron en el país o si obtuvieron el gentilicio con posterioridad.

Otro dato interesante. Cuando se debatió la extradición de Ojeda Herrera en 2006, el presidente de la Sala Penal del TSJ, coronel retirado Eladio Aponte, concluyó que este colombiano no gestionó la nacionalidad venezolana para huir de la ley en otros países. ¿Podría decirse lo mismo de Cubillas?

Cuando recorrían el trayecto hacia el avión que los llevaría a Estados Unidos, Ojeda Herrera y Tello Candelo vociferaron que eran venezolanos. Una última constancia del desacuerdo con la decisión de expulsarlos del país. Este, quizá, sea el prólogo para una demanda contra el Estado venezolano.