El costo de la represión

Crímenes sin castigo | 4 de junio de 2017

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Más de dos meses de protestas, cada vez más frecuentes y extendidas por el país. Los costos del conflicto político se distribuyen entre todos los participantes. Pero hasta ahora el mayor costo corre por cuenta de los manifestantes

@javiermayorca

Han transcurrido más de dos meses desde que se reactivaron las manifestaciones antigubernamentales en las principales ciudades del país. En Distrito Capital se llevan a cabo por lo menos tres grandes movilizaciones semanales. Las más grandes indefectiblemente terminan en los límites entre Chacao y Libertador, en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas.

Un aspecto que pocos toman en consideración es el costo que implica esta represión continuada. Pareciera que el punto no es importante; que los recursos sobran cuando se trata de proteger al régimen. Es posible que así sea: las lacrimógenas son usadas como si hubiesen surgido de un almacén infinito, mientras que los mercados no tienen pan y conseguir un pote de antibiótico es menos probable que ganar un Kino.

Como quiera que sea, imponer la voluntad de una minoría a bombazos y tiros de perdigón implica erogaciones. Uno pudiera asomarse a este tema tal y como han hecho criminólogos y sociólogos desde hace casi cincuenta años, cuando Gary Becker dio a conocer su ensayo Crimen y castigo: una aproximación económica.

Manifestantes corren con más costos

Básicamente, cualquier actividad criminal comporta distintos tipos de costos. Pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los tangibles y los intangibles. Los primeros son más fáciles de medir en términos monetarios, mientras que los otros llevan un trabajo más arduo pues implica ponerle cifras a tres aspectos fundamentales que son el sufrimiento, el dolor y la pérdida de calidad de vida (Cohen, 2005).

En las manifestaciones que hemos visto convergen miles de personas y cientos de guardias y policías, cuyos instrumentos de trabajo son esencialmente escopetas calibre 12 (algunas equipadas con bocachas o dispositivos para lanzar granadas) y lanzagranadas de gas CS calibres 37/38. También utilizan granadas lacrimógenas de activación manual.

Tanto las granadas lacrimógenas como los cartuchos para escopetas con perdigones plásticos son fabricados por Cavim. En el primer caso gracias a un convenio con la corporación española Falken. Aunque los precios de estos cartuchos no están disponibles en bolívares, sabemos gracias a cotizaciones aprobadas recientemente por el gobierno de Uruguay que son, respectivamente, 18 dólares y 47 centavos de dólar. Pero en este caso se trata de materiales que serían importados. Si se hace un estimado conservador, Venezuela debe ahorrarse la mitad del costo por el hecho de fabricarlos en su propio territorio.

Entonces, convengamos en que cada granada de gas costará nueve dólares y cada cartucho de perdigones plásticos 29 centavos de dólar.

Según recuentos de medios independientes, durante la represión a manifestaciones en abril fueron usadas más de 1.200 granadas lacrimógenas. Es posible que otras protestas sean aplacadas con dosis menores de gas. Si utilizan mil bombas por cada jornada de protesta en Caracas, eso costará 9.000 dólares. En cuanto a los cartuchos de escopeta, el cálculo se basa en un estimado de 400 guardias y policías, cada uno con dotación de 20 unidades. Serán en total 2.320 dólares por jornada.

Las bombas y los cartuchos para escopeta sumarán entonces 11.320 dólares, solo para contener y dispersar una marcha en Caracas.

Pero el mayor costo no está allí.

Del otro lado, hay miles de personas que han dejado de ejercer actividades productivas para exigir un cambio político. Algunas manifestaciones son los fines de semana, pero desde abril hay por lo menos dos en días laborables. Muchos de los participantes son profesionales universitarios, otros obreros, buhoneros, estudiantes y desempleados. Para simplificar, supongamos que todos ganan sueldo mínimo. Si la marcha logra reunir unas 25.000 personas, el costo en términos de tiempo productivo no aprovechado asciende a 27.780 dólares cada jornada en Caracas.

Cada día de protesta en la urbe supone entonces una pérdida mínima superior a los 49.000 dólares. Este costo lo asume no sólo el Gobierno sino toda la sociedad. Pero este cálculo no toma en cuenta la posibilidad de robos y saqueos (tomados por los teóricos como transferencias de riqueza), ni la creciente cifra de muertos y heridos, algunos de ellos con lesiones incapacitantes, lo que elevará los costos hasta niveles insospechados.

Breves

A Lugo le dispararon una metra

*Está en desarrollo una peligrosa actitud de desconocimiento de los mandatos de la Fiscalía por parte de unidades de la Guardia Nacional. En Carabobo, el comando de zona de ese componente no ha enviado las copias certificadas o los originales de los cuadernos donde conste cuáles fueron los militares enviados el 4 de mayo a reprimir la manifestación en la que falleció Hécder Vladimir Lugo Pérez, de 20 años de edad. El joven falleció luego de ser herido en la cabeza por una rolinera metálica. Su papá, Héctor Lugo, explicó además que los efectivos de la GN y de PoliCarabobo fueron grabados en videos aficionados cuando se acercaron a rematar con un tiro de escopeta al manifestante, quien se encontraba inerme en la variante San Diego-Tulipanes, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Ese segundo tiro, hecho a quemarropa, ocasionó un daño intestinal que agravó su situación durante el tratamiento hospitalario. “La Guardia Nacional no ha facilitado los cuadernos de partes y armas porque está encubriendo”, señaló el padre de la víctima. Esta omisión en el envío de datos esenciales para individualizar responsabilidades penales comenzó en Caracas con el caso de Juan Pernalete, y es por eso que aún no se sabe el nombre del responsable de su muerte. En estas pesquisas, el encubrimiento pone en entredicho a todo el contingente.

*La Fuerza Armada prevé un recrudecimiento de la violencia política en los próximos días y semanas. Para eso se prepara. Un análisis divulgado la semana pasada en unidades del centro del país establece como acciones más probables en lo inmediato la continuidad en los bloqueos de vías, ya no en las urbanizaciones o pequeñas carreteras, sino en las principales autopistas y troncales del país. También la irrupción en cuarteles militares, tal y como sucedió con un destacamento de la Guardia Nacional en Barinas. Lo más preocupante, sin embargo, es el escenario de asesinatos selectivos de líderes opositores y oficialistas (“ambas facciones”, en el documento) y linchamientos a efectivos policiales y militares. La extensión de las protestas a nuevas zonas del país, indica el texto, puede desencadenar “una reacción en cadena que incite un estallido social, cuyo efecto dominó será de carácter nacional”. El documento omite una tendencia que hay en el momento de su emisión se veía: que los organismos encargados de controlar el orden público están actuando como si los manifestantes fuesen enemigos y no ciudadanos a los que es necesario proteger.

*En la semana que transcurrió entre el 22 y el 28 de mayo fueron víctimas de homicidio doce personas en todo Barinas. De ellas ocho fueron ultimadas en el contexto de la represión política. La región que vio nacer al ex presidente Hugo Chávez acumulaba hasta el lunes 187 homicidios, 27 en el marco de supuestos enfrentamientos con policías. En Barinas, la conflictividad política adquirió de la noche a la mañana un peso importante en las estadísticas de homicidios. La Guardia Nacional activó allí el nivel II de la Operación Zamora (amarillo), y momentáneamente se calmaron los enfrentamientos. Y así poco a poco avanza la militarización del país para aplacar el descontento.

*Una banda conformada mayoritariamente por menores de edad, como la que operaba en el bulevar de Sabana Grande, se ve ahora en los pasillos del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Empleados de limpieza y vigilantes lo confirman. Un representante del condominio del centro de compras envió a los propietarios de oficinas y tiendas un audio en el que sostiene que este grupo de aproximadamente quince niños y niñas (2 embarazadas) comenzó a actuar con actos de mendicidad aparentemente inofensivos. Ahora, sin embargo, han robado y amenazado a personal de seguridad. “No es algo casual. Hay una organización que los explota”, dijo el portavoz. El liderazgo de los menores lo ejercería una mujer, que diariamente coordina el traslado de los muchachos en dos camionetas.

*El uso de metras o rolineras metálicas para alterar los cartuchos de perdigones de plástico no es nuevo en los cuerpos policiales y militares del país. En la Guardia Nacional y en la extinta Policía Metropolitana (precursora de la Policía Nacional Bolivariana) el “aliñado” de los cartuchos era una práctica conocida. No solo se hacía con metras, sino también con trozos de vidrio, tornillos, tuercas y todo lo que pudiera servir como metralla. Pero nunca se vio que estas mañas estuviesen tan difundidas hasta el punto en que han ocasionado muertos y heridos en por lo menos seis estados del país. En Anzoátegui un agente fue grabado cuando alimentaba la escopeta por la parte posterior del cañón, presumiblemente con una metra o rolinera, en lo que se denomina “avancarga”. Los oficiales saben que es muy difícil establecer plena correspondencia entre estos proyectiles y el arma de los que salieron disparados, puesto que los cañones de escopeta tienen ánima lisa, es decir, carecen de campos y estrías en su parte interna. El uso de metras es reiterado, además, puesto que si utilizaran tornillos u otros objetos metálicos estos cañones podrían quedar horadados, y esto los podría delatar.

*Mucho se ha hablado de los excesos cometidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la represión de las manifestaciones opositoras. Algunos han llegado a decir que no son venezolanos, sino cubanos en una especie de reedición de la guerra de Angola. Otros, que son malandros uniformados gracias a un acuerdo entre el componente militar y el ministerio para Servicio Penitenciario. Nada de eso consta. De lo que sí hay pruebas documentadas es que esas tropas han sido sometidas a procesos de “formación en el odio”, según los cuales se justifica prácticamente cualquier cosa (incluso la eliminación física) contra aquellas personas que van contra el “legado” del Comandante Supremo. Cuando están juntos y listos para actuar contra las masas de manifestantes, se activan todos esos mecanismos para los que han sido adoctrinados en las escuelas de formación. El video de los guardias que hacen calistenia mientras cantan su deseo de “matar a un maldito guarimbero”, resulta esclarecedor.