El declive del ejército profesional

-La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.

En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.

En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.

La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.

Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logó luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.

Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.

Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.

La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.

La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.

Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización. 

En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.

Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial. Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales. Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:

“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista. 

“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país. 

“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera. 

“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”

Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

-El miércoles 22 de enero comenzó el juicio oral por el caso del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, el 4 de agosto de 2018. El debate se lleva a cabo en el juzgado primero de Terrorismo de Distrito Capital, a cargo de la abogada Carolina López Mesa. En esta jornada, uno de los acusados, Brayan Oropeza, reconoció en la misma sala a uno de los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que lo torturó. Este agente, conocido como Toyota, era uno de los testigos promovidos por el Ministerio Público. El señalamiento de Oropeza, hecho de viva voz, ocasionó cierta conmoción en el recinto. La juez, sin embargo, cortó a Oropeza y lo instó a que hiciera tal comunicación a través de su defensor, el abogado Guillermo Heredia. Oropeza es señalado de haber manejado uno de los drones con un control remoto. Durante las audiencias de presentación y preliminar, este procesado había denunciado las torturas de las que fue víctima cuando lo interrogaban (extracción de las uñas y lesiones en los testículos, ambas con pinzas). Pero esta fue la primera vez en la que pudo reconocer públicamente a una de las personas que participaron en tales vejámenes. La fiscal 83 nacional Dinora Bustamante afirmó que la denuncia era impertinente, y la juez, siguiendo la misma línea, concluyó: “Eso no es materia de este juicio”. La juez que había atendido las dos audiencias previas, Carol Padilla, había instado a la Fiscalía para que iniciara la investigación pertinente, pero las diligencias para esclarecer este aspecto del caso nunca se iniciaron.

Las noticias sobre sucesos siempre concitan la atención del público. No importa dónde sea. Es como si fuesen una mirada a lo más oscuro de cada sociedad, hacia lo deformado y anormal. Muchos lo ven como la inspiración de la novela negra y, más cerca en el tiempo, de series televisivas tan exitosas como La Ley y el Orden. Pocos libros, sin embargo, han explorado el origen de esta atracción popular hacia los relatos sobre los delincuentes y sus víctimas. La periodista Paula Corroto ha dado un primer paso en esta dirección, con el titulo El crimen mediático. Por qué nos fascinan las noticias de sucesos (Madrid, 2019). Lo curioso es que la autora no ha trajinado los caminos del reporterismo en la fuente policial. Sus escritos en medios de gran prestigio en España como El País y El Confidencial han versado más bien sobre temas de cultura y entrevistas. Aun así, el resultado de su investigación permite al lector desprevenido sacar algunas conclusiones sobre la temática, y desde luego hacer comparaciones con respecto a la realidad venezolana. En primer lugar, es claro que España posee un andamiaje institucional que permite el desempeño del periodismo de sucesos, esto es, el acceso a las fuentes que le dan forma. Las paredes bloqueadas para impedir el paso de los reporteros y las amenazas veladas o abiertas, por ahora, son impensables en ese país. Hay, desde luego, la crítica y la autocrítica hacia los excesos del trabajo reporteril (el irrespeto a la vida privada, el amarillismo y las deformaciones, el énfasis en ciertos aspectos con el simple propósito de satisfacer la lectoría, etc). Pero estos son factores que están presentes en toda sociedad democrática, y que de hecho son necesarios para que los comunicadores mantengan un estándar de calidad. Otro aspecto resaltado en la investigación sobre el tratamiento dado a cuatro casos de alto perfil es que las noticias de sucesos en España dieron un vuelco con la irrupción de las redes sociales. Sobre este punto, Corroto hace observaciones que pueden alimentar futuros debates. Los efectos han sido en por lo menos dos sentidos. En primer lugar, en cuando a la rapidez de la difusión, que a veces genera dinámicas competitivas que dan prevalencia al sensacionalismo sobre la verificación de los datos. En segundo término, las redes sociales permiten a los periodistas hacerse de informaciones sobre la intimidad de víctimas y victimarios que anteriormente solo podían ser obtenidas mediante arduos y prolongados procesos. Esto da al trabajo reporteril una falsa noción de facilidad, que afecta no solo a los profesionales españoles sino en buena medida a todos los que practican el oficio. El crimen mediático puede ser visto como un trabajo inconcluso, pues difícilmente puede arrojar respuestas definitivas, pero es un importante aporte a un debate que debe darse, por lo menos, en los foros gremiales y en las escuelas de comunicación.

Para comunicarse con el autor de este espacio, transmitir denuncias, observaciones y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com