El despojo «legal» de una quinta en El Hatillo

Conflictos

Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para plantear un caso relacionado con una práctica que se hizo más frecuente a partir de la pandemia por el Covid-19. Todo empezó en marzo de 2021, cuando las víctimas iniciaron las gestiones para alquilar una quinta en el conjunto Villas de Loma Linda (El Hatillo). A través de una inmobiliaria, manejada por una vecina del sector, lo arrendaron por un año, con pagos que se harían cada trimestre. Los fondos obtenidos servirían para cumplir con el alquiler de una casa, propiedad de un familiar que había emigrado a Chile, e igualmente para costear el tratamiento de una hija de once años de edad, a quien diagnosticaron con anemia falciforme. Según el denunciante, esta enfermedad ocasiona severos dolores, que deben ser mitigados con un analgésico importado. Los inquilinos entregaron el primer trimestre de arriendo, más un depósito de tres meses. Cuando se cumplía el cuarto mes, cesaron los pagos. Lo que desde luego ocasionó sucesivas solicitudes para que los inquilinos se pusieran al día. No lo hicieron. En cambio, denunciaron a los propietarios de la casa ante la Superintendencia Nacional de Viviendas (Sunavi), con el argumento de que la forma de cobro “los perturbaba”. En las negociaciones, los propietarios ofrecieron rescindir el contrato sin costo alguno. En respuesta, los inquilinos participaron que solo pagarían 7 dólares mensuales, lo que según ellos era lo estipulado por la Sunavi. Eventualmente, el conflicto llegó a las agresiones físicas contra los propietarios, quienes interpusieron una denuncia ante la policía judicial. Los inquilinos pactaron el alquiler del inmueble a través de una empresa, cuyas acciones vendieron luego de la transacción. Con el avance del conflicto, los propietarios comenzaron a recibir informaciones y reclamos sobre la práctica de ritos de santería por los inquilinos. “Estamos en un punto en donde no tenemos nuestra propiedad, razón por la cual no podemos cumplir con nuestra obligación (con el hermano) ni podremos comprar los medicamentos de nuestra hija”, afirmaron. Según el experto en materia inmobiliaria Rafael Ángel Viso, a raíz de la pandemia, el Gobierno emitió un decreto en el que congelaba los cobros de arrendamientos. Pero ese decreto cesó su vigencia en febrero de 2022. Sin embargo, las dificultades para desalojar a los morosos continúan, pues debe mediar un reclamo ante la Sunavi, y si prospera pasa a los tribunales. “Después, te vas a encontrar con una sentencia en la que para desalojar a un inquilino de vivienda prácticamente tienes que conseguirle otra vivienda ‘digna’”, añadió. Estas situaciones se plantean con la Ley de Arrendamiento, también conocida como Ley Diosdado, que “desde el punto de vista del Gobierno buscaba resolver un problema en materia inmobiliaria, pero con las viviendas de otros”.