El fraude al Bandes

Las pérdidas fueron al menos $ 66 milllones

Twitter @javiermayorca

La justicia estadounidense inició en mayo juicios en lo civil y penal por lo que ha calificado como un «fraude masivo» a las finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), aderezado con el delito de prácticas corruptas en el extranjero.
Han pasado más de cuatro meses desde que se conocieron detalles sobre la detención de la vicepresidenta de Finanzas del referido banco, la abogada venezolana Maria de los Angeles González, y de otras cinco personas supuestamente implicadas en esta red, y sin embargo el gobierno venezolano ni la Fiscalía General de la República han reaccionado. Un grupo de abogados acudió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para solicitar formalmente una investigación, y luego de ser recibidos por un funcionario de segunda categoría los despacharon con el argumento de que «no hubo pérdida para el Estado venezolano». Nuevamente, se ve a las instituciones venezolanas alineadas y en ejercicio de la «selectividad represiva» que ha sido característica durante los últimos años en el país, y que contribuye a cimentar la noción de que la delincuencia organizada solo será atacada en Venezuela si es de signo distinto al partido gobernante.
Para explicarlo en dos platos, y de acuerdo con documentos de los expedientes civiles y penales elaborados en EEUU, cuando González tenía apenas meses en la importante posición del Bandes, nombrada por el entonces ministro de Finanzas teniente retirado Rafael Isea, se confabuló con un grupo de corredores de bolsa (Direct Access Partners, Global Markets Group) para que el banco negociara bonos venezolanos en condiciones desventajosas para la propia institución, es decir, vendiendo barato y comprando con sobreprecio.
Los reguladores financieros estadounidenses y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) comprobaron la existencia de un patrón en estas transacciones, que se extendió durante dos años, hasta que fue detectado por la Comisión de Valores de ese país (Securities and Exchange Commission, SEC) y se ordenó su cese inmediato. En ese tiempo, las pérdidas para el Bandes, y en consecuencia las ganancias para los miembros de la red, superaron los 66 millones de dólares.
La empresa DAP también trabajaba con las cuentas de otras entidades oficiales venezolanas. Entre ellas Banfoandes, actual Banco Bicentenario, en un esquema similar que no ha sido cuantificado públicamente por las autoridades estadounidenses. Ese escándalo está por conocerse en sus detalles. Sabemos, sin embargo, que allí también participaba González.
Luego de revisar los documentos del caso, uno queda con la sensación de que una red de este tipo no pudo operar en el país sin el consentimiento de las autoridades en estratos más altos del Gobierno. ¿Es que acaso las contralorías interna y General no se percataron de los manejos que ocasionaan pérdidas multimillonarias a las arcas del país? Hasta ahora solo se sabe que el dinero del fraude y las prácticas corruptas terminó convenientemente transferido a cuentas de González y los otros miembros de la red en la banca suiza y algunos inmuebles en zonas céntricas y exclusivas de Miami. Es decir, hasta ahora, González era el tope de la pirámide. Pero sabemos que ella fue simplemente una operadora de confianza, primero de Isea y luego de su reemplazo, el teniente retirado Alejandro Andrade.
No en balde, este escándalo revienta en forma sincrónica con la desaparición de Isea de la vida pública venezolana y los insistentes rumores de que viajó a Estados Unidos, luego de un entendimiento con las policías de este país. Isea pasó por numerosas funciones en el régimen chavista. La última fue la Gobernación de Aragua. Los datos extraoficiales indican que desean vincularlo con el caso del jet Bombardier que salió del aeropuerto de Valencia con 1,4 toneladas de cocaína en febrero de 2012, y que fue hallado en Gran Canarias. Pero en el expediente judicial aún no hay indicios que permitan corroborar esta especie.
La actitud omisiva del gobierno y las demás instituciones del Estado en el caso Bandes dice mucho además del verdadero propósito que tendría el presidente Nicolás Maduro al solicitar la Ley Habilitante. Nada le impide en este momento constituirse en parte del jucio civil en EEUU e intentar recuperar parte de la millonada perdida. Pero no lo ordena. Esta es apenas una gota en el mar de la corrupción venezolana. Pero podría sentar un precedente. Ahora, el jefe del Estado cambió el discurso. Como nadie cree en su propósito de luchar contra la gente de su propio partido que se ha enriquecido a manos llenas, plantea que los poderes especiales se los otorguen para legislar en el marco de la «guerra económica». Nada de esto suscita confianza en el resto del país. La experiencia de las anteriores habilitantes, además, deja mucho que desear. La última fue solicitada por el padre político de Maduro, el finado Hugo Chávez, supuestamente para afrontar con eficacia los efectos de las lluvias de 2011. Pero lo que menos hizo fue legislar sobre la materia, y en cambio sacó nuevas normas en ámbitos tan distintos como los procesos penales y el trabajo. Las consecuencias de estas reformas ahora las padece el país.

BREVES

*La operación encubierta que permitió el decomiso de 1,38 toneladas de cocaína en París, el 11 de septiembre, tiene muy preocupado al Ejecutivo y a un sector militar. Esta semana, el presidente Maduro convocó a una reunión con el Alto Mando de la FAN y sugirió que la DEA podría estar involucrada en este caso. En realidad fueron la SOCA inglesa, la policía aduanera francesa y los carabineros italianos. Seguramente, algún dato se habrá cruzado con los estadounidenses, pues hablamos de delincuencia organizada transnacional. El apoyo abierto de Maduro a la alta oficialidad castrense en este marco tiene muchas lecturas. Una de ellas, que la investigación en Venezuela no llegará realmente hasta las últimas consecuencias. El paso de semejante cargamento en 31 maletas, llevadas a Europa en un avión comercial lleno de pasajeros que despegó desde el principal terminal aéreo venezolano, ha sido la operación más audaz de transporte de drogas que se conozca en el país. Imposible pensar que los traficantes pudieron haberla emprendido sin poseer los debidos apoyos, en lo político y en lo militar, que en Venezuela es más o menos lo mismo.

*El incidente en el que murieron tres sujetos en un ataque armado contra el presidente del Indepabis, Eduardo Samán, tiene aspectos muy extraños. Ciertamente, la avenida Libertador es una zona con alta criminalidad desde que anochece. Los alrededores del Centro Comercial Los Cedros, donde opera el despacho de protección a los consumidores, son escenario frecuente de robos y homicidios. En las partes altas de la parroquia El Recreo, además, actúan bandas de asaltaquintas y secuestradores. Todo eso es verdad. Pero las primeras descripciones del incidente indican que a Samán lo esperaban en la salida del centro comercial. El enfrentamiento entre sus escoltas y los atacantes se extendió por varias cuadras, hasta que el último de ellos fue abatido en la avenida Solano López cuando amenazaba con lanzar una granada. Los partes policiales indican que todos los antisociales portaban chaquetas del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise). Esto no sería nada novedoso. Miembros de grupos armados como La Piedrita las poseen, así como también motos con esa insignia. Lo curioso fue que cuando se esperaba el levantamiento de los cadáveres llegaron sujetos con chaquetas de ese mismo programa y removieron la granada y una de las pistolas de los atacantes, alterando así el sitio del suceso. Finalmente, el propio Samán declaró a medios regionales su creencia de que la intención de los atacantes no era el robo o el secuestro.