El informe de Telefónica retrata el uso indiscriminado de los «pinchazos»

Estrategias

El informe de transparencia de la casa matriz de Movistar (Telefónica Española) correspondiente a 2021 ha sido visto como una confirmación sobre el alcance de la vigilancia que el régimen venezolano ejerce sobre las comunicaciones de la ciudadanía. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Movistar es la empresa de telefonía que más suscriptores activos tiene en el país, con 51,2% del mercado. Su posición cimera se ha reafirmado con el retroceso de la estatal Movilnet. Por ende, cuando Telefónica afirma que solo en 2021 recibieron más de 861 mil solicitudes de “interceptación legal” de teléfonos, y 149.151 peticiones de “metadatos asociados a las comunicaciones”, con más de 1,58 millones de accesos afectados, desde luego pareciera que las preocupaciones sobre una permanente vulneración del derecho a la privacidad tienen un basamento. Supongamos solo por un momento que este es el resultado de una extraña y poco conocida voluntad para luchar contra la delincuencia organizada. Pues bien, el mismo informe nos indica que en otros países como Colombia y México, donde sí existe una lucha abierta contra las mafias, el total de solicitudes fue mucho menos. De hecho, en Colombia no registraron ninguna el año pasado, y en México solo fueron 655. En España fueron 111.910. Es decir, el total venezolano más que sextuplica el del país donde está la casa matriz de la empresa. En dos platos, Venezuela es el país donde más peticiones de interceptación fueron recibidas por la filial de Telefónica en 2021. Y no hay razones para pensar que esta práctica sea algo exclusivo de Movistar. Lo mismo debe suceder con Digitel y, por supuesto, con Movilnet. Estamos además ante una práctica que ha ido en crecimiento sostenido desde 2017. Ese año, como se recordará, hubo una importante conflictividad política, y Movistar procesó 234,9 mil peticiones, menos de un tercio de lo correspondiente a 2021. Además, el propio informe reconoce, con cierta candidez, que incluso recibieron solicitudes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), una institución educativa que carece de potestad legal para formular estas peticiones. Finalmente, el documento aclara en letras chiquitas que “las intervenciones que se realizan son las de ubicación y datos del suscriptor en tiempo real”. Esto sugiere que, además de lo relacionado con el afán de control político, podría haber un abuso de los cuerpos de investigación penal en cuanto a las peticiones de intervención, lo que además no se compagina con un incremento en las detenciones a los implicados en las distintas actividades ilegales. De hecho, podríamos estar ante una señal más de la existencia de un mercado ilegal de intervenciones telefónicas, que desde luego contaría con el concurso de funcionarios activos. Así era también en otros tiempos. Solo que ahora Telefónica lo documenta.