El precio de un viaje clandestino

Cuello blanco

$300 es la tarifa que, en promedio, cobran los lancheros de Güiria por el traslado de una persona hasta las playas de San Fernando, en Trinidad, según la información suministrada por tres fuentes distintas. Este precio, desde luego, solo si la embarcación va repleta de viajeros. Para llegar a esta ciudad, al sur de Puerto España, es necesario navegar durante aproximadamente tres horas, de acuerdo con un mapa divulgado en primera instancia por el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, y recogido por la Organización Nacional de Salvamento. Es el mismo tiempo que toma el recorrido desde Pedernales, en Delta Amacuro. Desde Tucupita, más al sur, los navegantes cobran alrededor de 500 dólares por persona, según lo establecido en expedientes de tráfico de emigrantes instruidos por la Guardia Nacional. En Güiria, los lancheros deben pagar un tercio de sus ganancias a los militares, es decir, cien de cada trescientos dólares quedan en poder de “los verdes”, como les dicen allá. Hasta ahora, hay siete efectivos del comando de Vigilancia Costera bajo investigación por extorsión, a propósito de la tragedia con los peñeros Mi Refugio y Mi Recuerdo, que zarparon desde la ciudad sucrense el domingo 6 de diciembre. Cuando detuvieron a los organizadores de la red de transporte, ellos señalaron que el grupo comandado por un capitán de la GN les exigió el pago de 4.500 dólares. Esta información, dada a conocer por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, no aclara si esta cantidad fue un “extra” para garantizar la impunidad, o si era por la deuda adquirida a propósito de los viajes fallidos. Es imposible pensar que esta corrupción solo ocurre en el punto de zarpe. En la llegada, también deben existir autoridades y organizaciones que se hagan de la vista gorda, o que incluso participen en la acogida, el ocultamiento y la explotación de los venezolanos que desean emigrar. Sobre este punto, todavía no ha salido una sola información en la prensa trinitaria, que durante toda esta situación ha sido complaciente con las versiones aportadas por los voceros gubernamentales de ese país. Por cierto que, a propósito de un viaje efectuado a esa isla en 2017, quedan claras dos cuestiones: 1) en Trinidad y Tobago, como en otras partes, es subestimada la magnitud de la emigración venezolana. Hace tres años, representantes de Acnur calculaban que permanecían allí unos 40.000 connacionales. Pero la cifra dada a conocer por las voces oficiales, entonces y ahora, la ubica en 16.000 personas; 2) la afinidad del gobierno trinitario con el régimen de Maduro tiene su explicación en la entrega de recursos de la industria petrolera, en planes que no han sido del todo interrumpidos por las sanciones de EEUU. Esto explica el intempestivo viaje a Puerto España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en mayo de este año.