En el caso de los drones, la Fiscalía dejó por fuera a la principal víctima

Conflictos, Militares

El juicio conocido como “magnicidio frustrado” estuvo plagado de irregularidades. Algunas de ellas son del conocimiento público, como por ejemplo la del teléfono cuya propiedad el Ministerio Público atribuyó al coronel Pedro Javier Zambrano, para involucrarlo en los actos preparatorios del ataque con drones, llevado a cabo durante el desfile por el aniversario de la Guardia Nacional, el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas. Otra irregularidad fue observada durante la intervención de cierre de la abogada Zoraida Castillo, defensora del general de brigada Héctor Hernández da Costa y del propio Zambrano. Según la litigante, el personaje de mayor prominencia en este proceso, Nicolás Maduro, nunca fue notificado formalmente sobre la instrucción del expediente en el que él aparecía en calidad de víctima. Un requisito que sí fue cumplido con los siete efectivos de la GN, lesionados como consecuencia de la explosión de una de las aeronaves manejadas a distancia. Castillo argumentó que esta omisión de la Fiscalía era discriminatoria y violatoria del debido proceso. Ante esto, la fiscal Kerly Jiménez expuso que el Presidente había afirmado en intervenciones públicas que estaba al tanto del asunto. Castillo replicó que el proceso judicial no se ventilaba ante los medios de comunicación, sino en el tribunal primero de juicio sobre terrorismo de Caracas. Este pareciera apenas un detalle, pero no lo es si se toma en cuenta que el principal delito de este juicio no fue por las lesiones a los militares, sino por un supuesto atentado contra el mandatario.