Homicidio y encubrimiento

Crímenes sin castigo | 29 de marzo de 2014

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*Una sucesión de mentiras y aparentes errores policiales amenaza con dejar impune la muerte de la intérprete de señas del noticiero Venevisión

@javiermayorca

Ha pasado casi una semana desde que Adriana Grissel Urquiola murió luego de recibir un disparo en la cabeza. La sensación que priva en este momento es que este crimen quedará impune, tal y como ha ocurrido con los otros reportados desde que recrudeció la conflictividad política en el país, el 12 de febrero: en solo 6 de ellos hay algún detenido.

Hasta ahora ha sido identificado Yonny Eduardo Bolívar Jiménez como el posible homicida. Un sujeto con antecedentes por varios delitos. A los 37 años de edad, destacaba en el mundo del hampa por la suplantación de identidad de funcionarios policiales y militares. Por esta razón le decían el capitán Bolívar, aún cuando él nada tuviera que ver con la carrera de armas.

Fuentes policiales confiaron que Bolívar llegó a obtener credenciales de la antigua Disip aún estando en prisión, y que supuestamente participaba en organizaciones dedicadas a la extorsión primero en la colonia agrícola de El Dorado (Bolívar) y luego en Tocorón (Aragua). También cometió secuestros y traficó drogas.

La versión oficiosa filtrada a los medios indica que Bolívar escapó de los investigadores de CICPC que allanaron su vivienda en la urbanización El Picacho de San Antonio de Los Altos alegando que para el momento del crimen él había prestado su camioneta 4Runner negra a su hermano, un empleado de Corpoelec de 18 años de edad. Mientras tanto, los agentes hallaron en el inmueble tres armas de fuego, entre ellas la que supuestamente utilizaron para matar a Urquiola, de 28 años de edad, y herir a Rosalba Pérez Ibáñez, otra transeúnte de 32 años.

¿Es que alguien en su sano juicio puede creer que los agentes de CICPC, curtidos por la investigación de mil y un casos, ejemplos de otras policías latinoamericanas, son engañables por un hombre que como ya era sabido tenía antecedentes por estafa y suplantación de identidad?

De nuevo, mentiras mezcladas con verdades para confundir a la población y lograr el fin último que es la impunidad de quienes están cerca del mando ejecutivo.

En otra circunstancia, y a la luz de las evidencias halladas en el inmueble de San Antonio de Los Altos (la camioneta y las armas) Bolívar hubiese sido detenido para asegurar a un posible involucrado. Pero lo dejaron libre. ¿Quién abogó por él?

No fue la primera vez que en el caso Urquiola el poder se ha movilizado para confundir y encubrir. La misma noche del crimen, cuando aún no estaba del todo claro cómo habían ocurrido las cosas, el alcalde de Los Teques Francisco Garcés y el canciller Elías Jaua sugirieron que la responsabilidad en este caso recaía sobre los manifestantes que habían bloqueado la carretera Panamericana. Una maniobra destinada a desviar la atención sobre los verdaderos culpables.

Luego, se filtró también de manera oficiosa la versión de que la intérprete de señas del noticiero Venevisión fue ultimada por un “gatillo loco”, un ser que supuestamente montó en cólera y la emprendió a tiros contra la gente que impedía el paso de los conductores en el kilómetro 25 de la Panamericana, el domingo 23 de marzo a las 7 30pm. Más mentiras.

El lunes en la mañana, cuando los agentes de CICPC hacían una segunda revisión del lugar donde ocurrió el crimen, en Los Nuevos Teques estaban numerosos testigos del tiroteo en el que murió Urquiola. Dos de ellos, cuyas identidades quedan bajo reserva, indicaron que el atacante había salido del asiento trasero de la referida camioneta, estacionada en la vía Los Teques-Caracas, aunque sin apagar el motor. El hombre se bajó, descargó la cacerina de su pistola 9 mm contra los manifestantes que corrían aproximadamente a 50 metros de distancia, reingresó a la camioneta, retrocedió unos 30 metros y huyó por las callejuelas del barrio Buenos Aires.

A punto de quedar impune

Urquiola, para quienes no sepan la historia, no manifestaba. Tuvo que bajarse de un transporte público y caminaba junto a su esposo Alex Ruiz hacia su apartamento en El Encanto, cuando comenzó el ataque. Ambos llevaban bolsas con alimentos comprados en un automercado de Carrizal. Ella recibió un disparo mortal al quedar en línea de fuego. El proyectil que la hirió en la cabeza supuestamente había rebotado previamente en una superficie metálica.

Las condiciones en la que sucedió este crimen hacen pensar más bien en la acción de por lo menos tres sujetos (piloto, copiloto y tirador) con conocimiento pleno de lo que debían hacer y de los caminos que debían tomar para abandonar el sitio del suceso. No obstante, el discurso encubridor y las omisiones policiales refuerzan las sospechas de que por ahora los familiares de Urquiola no encontrarán justicia.

Al dejar a Bolívar en libertad se perdió una oportunidad de oro para realizar en su piel la prueba de análisis de trazas de disparo, clave para determinar si fue él quien accionó el gatillo. Queda sin embargo la posibilidad de que los agentes hayan recuperado en su vivienda ropajes que permitan hacer este examen.

El “capitán Bolívar”, indican fuentes policiales, no sabría moverse en terrenos distintos del venezolano. Probablemente se encuentre en alguna localidad de Lara o Bolívar, entidades que solía frecuentar. Quizá asuma otro nombre y sea capaz de continuar con su carrera delictiva.

Breves

*El informe de revisión al acta de entrega de la dirección general de la Policía Nacional, entregado este mes por oficiales de ese mismo cuerpo (una administradora y otra abogada), revela aspectos preocupantes:

1.-“El balance consolidado de los bienes púbicos no se observó dentro de los anexos, lo que dificulta la conciliación de los activos pertenecientes a la institución”. En otras palabras, la dirección de Polinacional no sabe a ciencia cierta cuáles son los bienes a su disposición. Por ejemplo, una sede en construcción en El Rosal fue entregada a la FAN, pero continúa entre los bienes bajo responsabilidad de la policía. En cuanto a los vehículos, el desorden es aún mayor, según lo reflejado por el documento.

2.-Se detectó una inconsistencia de cifras en cuanto a los recursos humanos. Según el acta de entrega suscrita por el exdirector, comisario Luis Karabín, Polinacional dispone actualmente de 18.195 funcionarios. Pero no se incluyó al personal del servicio de Vías Rápidas, así como a los que integran regiones como Lara, Zulia y Anzoátegui.

3.-No se incluyó un corte de la ejecución del Plan Operativo Anual, ni las previsiones presupuestarias para el ejercicio en curso. Según los redactores del informe, esto incrementa las debilidades en la cuanto a la “verificabilidad de la información”.

4.-Hay inconsistencia en cuanto al estimado de saldo disponible en Fundapret. Esto “dificulta sincerar la cuenta”.

5.-El documento pone de relieve las “debilidades de control interno” que caracterizan a la administración del cuerpo que ha servido como inspiración del “nuevo modelo policial”, así como las incongruencias de los soportes entregados para sustentar la ejecución presupuestaria de la anterior gestión. De allí a la corrupción rampante solo hay un paso.

* Mensaje interno en una importante unidad de la GN: “Este comando ha observado con preocupación a oficiales y guardias nacionales involucrados en hechos de corrupción y otros actos contrarios a la moral y buenas costumbres que deben caracterizar a quien decide seguir la honrosa carrera de las armas. En tal sentido, deberá desplegar todas las acciones de comando posibles para evitar futuras incidencias de esta índole con el personal bajo su mando”.