Insurrección civil y terrorismo de Estado

Paramilitares, instrumento del terrorismo

Desde principios de febrero, Venezuela vive en la fase previa a una insurrección civil. En ella han participado hasta el momento estudiantes (en su mayoría universitarios aunque también liceístas) miembros de la sociedad civil y representantes de partidos políticos opositores ligados a la Mesa de la Unidad Democrática, aunque cabe destacar que esta coalición no se ha incorporado como un todo.
Estas manifestaciones se han prolongado por más de un mes ya, y según las cuentas conservadoras del propio Gobierno abarcan los 18 municipios más poblados del país, sin contar Libertador, pues el propio Ejecutivo se ha planteado como punto de honor que las protestas no lleguen al corazón de la administración pública. Hasta ahora, hay un preocupante saldo de 29 muertos y más de 365 lesionados como consecuencia directa de las refriegas. La cifra crece con cada día que pasa.
La represión abierta y desproporcionada contra manifestantes desarmados ha ocasionado una ola de repudio internacional con pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es notable, sin embargo, la tibieza mostrada por las naciones latinoamericanas, las cuales salvo algunas excepciones como Panamá han preferido guardar silencio o pronunciarse en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Al momento de escribir estas líneas, más de 1.530 personas han sido aprehendidas por manifestar. Los tribunales han optado por otorgar medidas cautelares en la mayoría de los casos, aunque en 106 de ellos han confirmado las privaciones de libertad. Información directa de procesados en Caracas y Valencia indica además que los fiscales han intentado cobrar dinero a través de terceros a cambio de desechar las imputaciones o atribuir delitos más suaves que los que en principio les iban a colocar.
Los organismos del Estado se han movilizado como un todo para impedir lo que desde el discurso oficial se ha denominado «golpe blando en proceso». Cabe destacar, por ejemplo, los esfuerzos desplegados por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, para justificar en foros internacionales los excesos contra los manifestantes. Sus argumentos están alineados con los esgrimidos por los jefes del Ejecutivo y del Parlamento. Son:
1.-Las manifestaciones las protagonizan pequeños grupos;
2.-No representan el movimiento estudiantil, sino que son «disociados», es decir, gente que supuestamente ha perdido contacto con la realidad;
3.-No son personas que deseen dialogar con el Ejecutivo sino que sólo quieren violencia. En este sentido, la violencia vendría de los manifestantes y no de los cuerpos policiales;
4.-Los colectivos estarían siendo sometidos a una campaña de descrédito, especialmente los integrantes del Movimiento Revolucionario Tupamaro, quienes de acuerdo con el Presidente «han sido demonizados»;
5.-En todo momento, los cuerpos de seguridad han actuado con apego a las normas, en especial aquellas referidas al uso progresivo y diferenciado de la fuerza; y por último
6.-Todo lo que se sabe en torno a supuestos abusos de policías, militares y miembros de grupos paramilitares es producto de una supuesta «campaña mediática» en la que participarían confabulados las cadenas CNN y NTN24, además de algunos medios independientes de la prensa escrita venezolana.
En la medida en que el conflicto se prolonga, comenzamos a escuchar cada vez con más frecuencia la palabra «terrorismo», referida a las acciones de los manifestantes. Un libreto similiar al seguido por Al Assad en Siria.
El término terrorismo es ambiguo desde su propio nacimiento. Aun cuando la comunidad internacional ha llegado a cierto consenso en cuanto a la designación de algunos actos como terroristas, no se pierde de vista que ese término fue usado en muchas oportunidades de la historia reciente contra personas que hoy en día son vistas por amplios conglomerados como «luchadores por la libertad». Israel y Palestina son ejemplos. En términos generales, la calificación de terrorista la da quien está en el poder, con el solo fin de perpetuarse en él y justificar sus agresiones a quienes lo adversan. Por eso, la Organización de Naciones Unidas no ha podido lograr el consenso mínimo para aprobar una convención internacional en esta materia. Ni siquiera con el estupor mundial ocasionado por los hechos del 11 de septiembre de 2001.
Iguales complicaciones se plantean a la hora de analizar los actos ejercidos desde el Gobierno en estas crisis. Los particulares podrán señalar que tal o cual acción apunta hacia el terrorismo de Estado. Pero esa es simplemente la palabra de un individuo contra toda una maquinaria de propaganda lista para apabullar cualquiez voz disonante.
En el actual contexto, sin embargo, hay peligrosas señales. La primera es la acción combinada (a veces simultánea, otras en paralelo) de grupos paramilitares con unidades de la Guardia Nacional. Hay evidencias documentadas sobre esto en Distrito Capital, Mérida, Carabobo y Lara, por señalar algunas regiones. En otras oportunidades, estos grupos (denominados «colectivos») han operado en solitario aunque con la anuencia de las autoridades, que se niegan a reprimirlos a pesar de que contra ellos hay señalamientos muy concretos.
De los colectivos siempre se dijo que fueron potenciados por el régimen chavista ante la hipótesis de una repetición de la crisis de abril de 2002. El accionar de estos grupos era evidente en los eventos electorales. En 2013 se conocieron denuncias sobre redes de extorsión en las que participaban sus miembros. Igualmente, a propósito de un episodio en Lídice, se vio por primera vez una movilización combinada con elementos de la Guardia del Pueblo.
Ahora, el propio Presidente les encomendó la tarea de participar en la remoción de las barricadas usando una frase eufemística, que ya había usado Chávez en alguna oportunidad: «Candelita que se prenda, candelita que se apaga».
Los colectivos se han convertido en la punta de lanza del terrorismo de Estado en Venezuela. Un proceso aún incipiente. No obstante, sus miembros lucen dispuestos a usar las armas contra la población opositora, acicateados por un discurso que cosifica a quien no comparte las ideas del oficialismo.
Quien todavía tenga dudas sobre la relación entre los colectivos y el Gobierno que se asome a las redes sociales y vea los reportes sobre las protestas de muchos de sus miembros frente al Palacio de Miraflores, en reclamo por los salarios caídos.
Por otra parte, el aparato militar y de inteligencia del Estado se ha volcado por completo a la neutralización de los líderes de las manifestaciones, incurriendo en prácticas deleznables. Un primer anuncio de lo que podía venir fue la desaparición durante dos semanas del general de brigada retirado de la GN Ramón Lozada, entre noviembre y diciembre de 2013. Para el representante de Provea Marino Alvarado este caso podría ser considerado como una desaparición forzada.
El viernes 7 de marzo la historia pudo repetirse. Esta vez con dos jóvenes que fueron detenidos en condiciones similares a las de Lozada, cuando caminaban por Los Palos Grandes. Solo que los vehículos donde iban fueron interceptados por agentes de la Policía Municipal de Chacao.
El abogado Alfredo Romero reveló que mientras estaban en los vehículos (dos Toyota Corolla negros sin insignias) los detenidos fueron encapuchados por agentes no identificados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sometidos a un intenso interrogatorio que pretendía que ellos delataran a quienes supuestamente los acompañaban en las manifestaciones callejeras.
Los activistas de Derechos Humanos han documentado además 48 casos de torturas a los detenidos, que van desde la presión sicológica hasta tratamientos vejatorios y degradantes con lesiones físicas y psicológicas de difícil recuperación.
Mientras esto sucede, la impunidad gana terreno. De los 29 muertos durante las refriegas sólo se ha logrado alguna identificación de los responsables en 4 casos. Solo se han reportado detenciones en 2 de ellos.
Con esa actitud, negligente y sesgada, el Ejecutivo solo suma razones para que la protesta en el país continúe. A la paz verdadera solo se llega con justicia.