Irán en Cicpc

-El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad

@javiermayorca

Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada de la vieja sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha de la entrada principal del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.

No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el estado de derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la diestra, en señal de su mayor importancia. Sobre el tema, además, fue publicado un manual del Consejo General de Policía.

Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.

Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.

Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.

No había otra justificación. Irán no tiene relaciones de ningún tipo con la policía judicial. Otros países como España, Francia e incluso EEUU han aportado mucho más para el desarrollo institucional de este cuerpo. Pero su directiva nunca ordenó elevar la bandera de alguna de estas naciones, por varios días y en lugar preferente. 

En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.

“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el ex director de ese organismo, Miguel Dao.

Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.

“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.

Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.

Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aún incluso en contra de los dictados de su director.

El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.

Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope. 

Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar la aguas, Rico se radicalizó aún más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.

El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.

En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.

PS: luego de la publicación de esta entrega en Runrunes y en Tal Cual, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reportó en su cuenta Twitter la quema de la bandera iraní que había sido izada en la sede de Cicpc en San Agustín. Hasta el momento, no se ha aclarado si esto fue producto de un accidente o de la acción de funcionarios molestos. En todo caso, Simonovis lo saludó.

-Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.

-Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33% de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.

-Desde el mes de marzo, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Nils Melzer, y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Leigh Toomey, ambas entidades pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, procesan las denuncias sobre torturas contra el capitán de navío Luis de la Sotta Quiroga, los tenientes coroneles (AV) Ruperto Molina Ramírez e (Ej) Igbert Marín Chaparro, y el coronel (Ej) Johnny Mejías Laya, presuntamente llevadas a cabo por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Según el informe suscrito por Melzer y Toomey, estas serían prácticas “sistemáticas en varios centros custodiados por al Dgcim, incluso en las instalaciones de la Dgcim en Boleíta”. A De la Sotta, por ejemplo, lo torturaron con polvillo lacrimógeno y asfixia con bolsa plástica. Al comandante Molina, indica el documento, intentaron coaccionarlo “a través de varias palizas para conseguir que firmara documentos autoinculpándose, pero se negó”. Mejías Laya “de forma sistemática habría sido golpeado con barrotes de madera, obligado a beber agua del inodoro y asfixiado con bolsas de plástico”. El informe, además, indica que todos los oficiales fueron desaparecidos en las fases previas a su presentación en los tribunales, y que los juzgados, así como los representantes del Ministerio Público, no atendieron a las recurrentes denuncias sobre torturas.

Los países sudamericanos no están exentos del terrorismo.  Sus ciudadanos lo padecen de diversas formas. Quizá las más frecuentes son llevadas a cabo a través de grupos paraestatales, o por el Estado mismo, con la finalidad de oprimir o “neutralizar” a quienes sean considerados incómodos. Estas son manifestaciones del ejercicio del terror poco reportadas en foros internacionales, puesto que la calificación de un acto como terrorismo es básicamente una decisión del poder de turno. En cambio, pareciera haber un consenso mundial en cuanto a que las acciones de grupos como Estado Islámico para Irak y Siria (Isis, por sus siglas en inglés), o Boko Haram en el centro de África sí forman parte del menú del terrorismo. La tendencia en Latinoamérica es ver a estas estructuras como el producto de estados fallidos o de prolongadas disputas de raíz religiosa, que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia, y que difícilmente llegarían a estas latitudes. En este contexto surge la última obra de José Levy, Terror alerta Isis, una amenaza para toda América (Bogotá, 2019). Se trata del mismo periodista y docente, conocido por sus reportes como el jefe de la corresponsalía de la cadena CNN en Español para los países del Medio Oriente. El mensaje del autor está claro desde las primeras páginas: lo de Isis amerita atención en los países latinoamericanos, en términos similares a la que debería prestarse hacia Hezbollah y, más recientemente, Al Qaeda. Aunque se trata del resultado de conflictos distintos, con objetivos diversos, los militantes de todas estas organizaciones podrían incorporar a los territorios latinoamericanos en sus teatros de operaciones, tal y como lo hizo en su oportunidad Hezbollah, con las voladuras de la embajada de Israel y de la Amia en Buenos Aires, en la última década del siglo pasado. Desde entonces hasta el presente, podría decirse que el mundo se “achicó” gracias a la tecnología o, visto a la inversa, los intereses locales se han globalizado (efecto glocal), más aún si se toma en cuenta, como argumenta Levy, que el proyecto de Isis es de naturaleza transnacional: comienza con la constitución de un califato que puede llegar, incluso, a las tierras españolas (Levante). El libro de Levy no tiene la exhaustividad académica de otros autores, pero sí ofrece un relato comprometido y sencillo de entender para el público de habla hispana. Puede ser adquirido en formato electrónico.