Juegos de guerra

Crímenes sin castigo | 16 de diciembre de 2018

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-Maduro prepara la escena para su (re) toma de posesión, atrincherado atrás de una FAN mermada y con aliados militares que vienen del otro lado del mundo. En el imaginario belicista del mandatario, los primeros tiros no serían para Estados Unidos

@javiermayorca

A menos de un mes de la retoma de posesión por parte de Nicolás Maduro, el país es utilizado como escenario de unos juegos de guerra en los que, por primera vez durante este período, participan fuerzas armadas de países abiertamente hostiles a los intereses de Estados Unidos en la región, en acción combinada con los componentes militares venezolanos.

Para la puesta en escena trajeron dos bombarderos con capacidad atómica Tupolev TU-160 BlackJack, junto a un jet de pasajeros Ilyushin Il-62 y un carguero Antonov AN-124 capaz de trasladar hasta 150 toneladas. Poco o nada se conoce sobre lo que pudo ser traído en las bodegas de esta aeronave.

La posibilidad de llevar a cabo ejercicios combinados entre fuerzas aéreas tan dispares como la rusa y la venezolana fue mencionada por primera vez en agosto. Sin embargo, fue hasta la segunda quincena de octubre cuando, según fuentes militares, comenzaron verdaderamente los preparativos de esta actividad. Todo con miras en el lapso post electoral, que ahora atravesamos.

Los llamados “Vuelos operativos Venezuela-Rusia” son en realidad un costoso mensaje, enviado a Washington y, especialmente, a los gobiernos sobre los que recaerían las primeras retaliaciones en un escenario de confrontación bélica: Colombia y Brasil, en ese orden.

Si el BlackJack es capaz de llegar a Florida en poco más de una hora, gracias a que desarrolla una velocidad máxima de 2.000 kms/hora, estaría en cielos colombianos y brasileños en menos de veinte minutos, tras un despegue desde Maiquetía. Una perspectiva que desde luego ya deben estar considerando los presidentes Duque y Bolsonaro.

Los Tu-160 han sido utilizados en por lo menos seis vuelos de provocación a fuerzas militares de occidente durante los últimos tres meses, declaró el ex funcionario del Pentágono Mark Schneider, especializado en sistemas de armas rusos, al portal freebeacon.com. El más reciente fue reportado cerca de Noruega, y ocasionó una persecución por bombarderos de ese país y Gran Bretaña sobre el Mar Báltico.

La retórica pacifista en la que los portavoces militares venezolanos intentaron envolver la llegada de estos bombarderos para nada oculta lo que verdaderamente es: una amenaza que, incluso, podría en lo inmediato ocasionar una carrera armamentista en la región, siguiendo el precepto clásico según el cual siempre es necesario “prepararse para lo peor”. No se olvide que desde el gobierno de Andrés Pastrana Colombia se transformó en el principal receptor de ayuda militar estadounidense en las américas.

Así lleva Maduro al país para el próximo 10 de enero. Los venezolanos generalmente hemos dado poco crédito a la verborragia oficialista, en especial cuando se ha tratado de amenazas proferidas a los vecinos. Veíamos como fanfarronadas cuando el diputado Carreño declaraba sin pudor alguno sobre cuánto tiempo tomaría un misil venezolano en llegar a Bogotá. Esta posición no se modificó ni siquiera cuando supimos que los ejercicios militares Independencia tenían como supuesto fundamental que los primeros teatros de operaciones durante un hipotético conflicto estarían frente a los departamentos Norte de Santander, Arauca y Roraima.

Ahora, los hechos indican que esto escaló. Con la llegada de los TU-160, lo que era visto como un escenario muy lejano, y en todo caso manejable, se ha transformado en una posibilidad cierta, que trasciende a lo meramente hipotético.

El mensaje transmitido por una comisión de 100 militares encabezada por el comandante de la Aviación Estratégica rusa, general de división Sergey Kobylash, es de abierto respaldo a un gobierno que a partir de la segunda semana de 2019 entrará en una espiral de desconocimiento internacional.

Estos ejercicios combinados entre las aviaciones de Rusia y Venezuela deben leerse también en el contexto de las alianzas que Maduro intenta forjar a paso redoblado, entregando a cambio las riquezas del subsuelo patrio. Por eso vinieron al país el presidente de la cosmética Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam, y el Primer Mandatario de Turquía Recepp Tayik Erdogan, país que de la noche a la mañana se transformó en soporte fundamental del programa Clap. Antes, un barco-hospital de la marina china hizo una simbólica parada en La Guaira, y se espera que en los próximos días se concrete el viaje a costas venezolanas de dos destructores iraníes.

Esto solo anuncia conflictos, de una magnitud que hasta ahora no conocemos. La “revolución” hace tiempo que perdió su carácter pacífico, y ahora es claramente armada.

PS: tal y como lo había anunciado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, las aeronaves que participaron en los ejercicios de acción combinada “Vuelos operativos Venezuela-Rusia” despegaron el viernes 14 de diciembre. Los primeros en abandonar el país fueron los bombarderos Tu-160. Son tan ruidosos que todos en los alrededores del aeropuerto de Maiquetía se percataron del despegue, poco después de las 7 am. A las 2 pm hicieron lo propio el carguero Antonov, con cuatro vehículos usados para el transporte de los jerarcas militares rusos y diversos artefactos que según fuentes castrenses eran equipos de navegación aeronáutica, y el jet de pasajeros Ilyushin con 65 militares. De manera que una parte de la comitiva rusa permanecería todavía en el país.

Breves

-¿Hasta qué punto contribuye la policía judicial en las dinámicas de impunidad? Dos circulares internas arrojan luces al respecto. La primera fue distribuida entre las unidades de ese cuerpo el 30 de noviembre. Allí dice textualmente que los funcionarios receptores de las denuncias de la ciudadanía anteponen “requisitos innecesarios” e igualmente no cumplen con el deber de entregar la constancia de la información aportada por las víctimas o sus allegados sobre la comisión de un delito. De la misma forma, dice el documento, los agentes simulan que levantan el acta de la denuncia, pero en realidad solo hacen garabatos en un cuaderno, con lo cual las averiguaciones no son iniciadas formalmente. La segunda circular fue distribuida en los despachos de Cicpc el 10 de diciembre, con la reiteración de un mensaje del Director que ya había sido enviado el mes anterior. Allí se reconoce que es común la práctica de los agentes de no comparecer a los juicios. Cuando esta conducta se vuelve crónica, el riesgo de que las acusaciones sean desestimadas se incrementa, aun cuando existan fundados indicios de culpabilidad. Se reitera que estas dos circulares fueron divulgadas en las filas de una institución que se dice fundamental en las labores de represión al delito.

-¿Falló el periodismo independiente del país en la denuncia de la creciente corrupción del régimen durante 2018? El director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, cree que no. En su criterio, gracias a reporteros e investigadores hemos podido enterarnos de las irregularidades que signan la adquisición de alimentos para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), e igualmente de cómo Venezuela fue, luego de Brasil, el principal país receptor de los sobornos entregados por la Constructora Odebrecht, con 98 millones de dólares. La falla, según Correa, está en el tejido institucional que, en otros contextos, ha logrado incluso la destitución de jefes de Estado y sus posteriores enjuiciamientos, a propósito de las averiguaciones relacionadas con el segundo caso. «En Venezuela, en cambio, no pasó nada», sentenció. Para este periodista, 2019 será todavía más desafiante para los medios independientes, que se han visto obligados a depender de manera casi exclusiva de plataformas digitales. En este ámbito, el régimen se ha preparado en forma sistemática. Los bloqueos permanentes a Armando.info y El Pitazo, así como las denegaciones de servicio a runrun.es, y las presiones a las operadoras telefónicas para que se plieguen a las tácticas de censura, aplicadas en el año que finaliza, son apenas unas señales de lo que harán con mucho más encono en apenas unos días.

-El comandante de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), teniente coronel (GN) Rafael Bastardo envió una comunicación a todos los jefes de ese grupo élite con la finalidad de prohibir el uso de uniformes de la PNB o de la propia FAES, así como armas de fuego a personal ajeno a la institución. De igual forma, se prohibió la participación de civiles en las operaciones de campo de la FAES. Este mensaje fue distribuido el lunes 10 de diciembre, al conocerse detalles sobre el secuestro del comerciante Emilio D´Andrea en un local de Los Caobos. El grupo que se lo llevó vestía uniformes de la FAES e irrumpió en el local simulando un allanamiento. Por este caso, hasta el momento de la redacción de esta nota han sido detenidos un funcionario activo y otro retirado del Sebin, y quedan por lo menos otros dos individuos por capturar. En octubre, fue apresado un hombre que fabricaba credenciales de esta organización policial, con una máquina tan sofisticada que de acuerdo con fuentes de la propia PNB pudo ser utilizada en algún momento para expedir las chapas legales.

Tres preguntas para… el diputado Américo de Grazia (Causa R-Bolívar)

-Han pasado varios días desde el incidente en el que murió un miembro de la comunidad pemona, y aún la situación no está clara. ¿Puede narrar en detalle lo ocurrido e indicar por qué este desenlace violento?

-El evento ocurrió así: unas 34 personas, todas miembros oficiales de la Fuerza Armada, dirigidas por la Dgcim, tomaron el campamento de Canaima simulando ser turistas. Eso fue a partir del 4 de diciembre. El 8, cuatro días después, habían escondido armas en un campamento de Corpoelec, y salieron con guías turísticos indígenas para conocer el Salto Ángel. En el trayecto se desviaron, amarraron a los indígenas, tomaron el control de tres lanchas y se desviaron al sector El Arenal, donde funcionan unas minas dirigidas por los pemones. En el trayecto comenzaron a disparar e hirieron a dos indígenas, Carlos Peñaloza Rivas y Charlis Peñaloza Rivas, ambos hermanos y ambos con disparos en las piernas y la cadera. Estos se dan a la fuga y llegan al sector turístico de Canaima, donde está la comunidad indígena. Son auxiliados y llevados en un avión de turismo hacia el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, donde horas después falleció Charlis Peñaloza, de 21 años de edad. Mientras que el resto de los funcionarios atacaba en Los Arenales a los indígenas que operaban en ese sector. Fue capturado uno de los funcionarios de la Dgcim, luego dos trabajadores de Corpoelec que guardaron las armas y otros dos Dgcim. En total cinco retenidos que aún hoy sábado (15-12) permanecen en manos de los pemones. Estos hechos fueron negados inmediatamente por la Guardia Nacional acantonada en Canaima. Posteriormente el jefe de la Redi Guayana, mayor general Jesús Mantilla, fue a Canaima y negó que la operación tuviera que ver con la FAN. Todo el Gobierno lo negó y manifestaron en un comunicado los Tupamaros, que la operación fue financiada por el diputado Américo de Grazia y por la Causa R, para sembrar de pánico al sector y responsabilizar al Gobierno de estas acciones, y apoderarnos de la minería. Esa fue la versión que comenzó a rodar el propio 8 de diciembre, hasta que finalmente el ministro Padrino López asumió la responsabilidad, no sin antes responsabilizar a supuestas mafias del oro de la actividad que allí se desarrollaba. La frontera con Brasil fue cerrada por los pemones, fueron boicoteadas las elecciones en Gran Sabana por decisión de los pueblos indígenas. El viernes, a las 12 m, se canceló el cierre de la troncal 10 que va a Brasil y fue abierto el paso a Brasil.

-Desde hace por lo menos tres años, la FAN viene advirtiendo sobre la posibilidad de una espiral de violencia en torno a la extracción de minerales. ¿Podría identificar a los actores/grupos en pugna por el control de esta actividad en Bolívar?

-Toda la violencia que se ha presentado en el sector minero de Bolívar, en Delta Amacuro y Amazonas ha sido promovida, inducida, provocada, dirigida y patrocinada por el Estado venezolano. La violencia fue sembrada por prames, delincuentes salidos de la cárcel, con ánimo de tener el control de las minas, cobrar diezmos a los mineros y por supuesto reportar parte de las ganancias a los enchufados y al Banco Central de Venezuela. Esa es una modalidad de violencia. Otra la ejerce directamente la FAN o el Estado a través de cualquiera de sus componentes, desde el Ejército hasta el Sebin, Dgcim, Cicpc o policía del estado Bolívar. Hemos denunciado que las armas fueron entregadas a los prames de la zona por el general Julio César Fuentes Manzuli (secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar durante el gobierno de Fancisco Rangel). De eso tenemos dos informes hechos por un funcionario del Sebin, que hoy está preso, y otro por el primer teniente del Ejército José Leonardo Curbello, que hoy está exiliado en Lisboa. Ambos afirman esta versión de que el general Fuentes Manzulli, bajo el gobierno de Francisco Rangel suministró todos los armamentos que necesitaban los prames. De manera que la violencia no comenzó hace tres años. Las masacres comenzaron el 26 de septiembre de 2006 en La Paragua, y aún continúan. El tercer elemento es la operación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Pero de manera concreta las minas de Parguaza, donde se explota el coltán, están controladas por el ELN. Las minas donde se explota diamantes en San Vicente de Paúl, están siendo controladas por el ELN, y las minas donde se explota el oro en Sifontes, concretamente en Anacoco, San Martín de Turumbán, Bochinche, El Manteco y La Paragua están siendo controladas también por el ELN.

-El presidente Maduro ha insistido nuevamente en la que Ud. y Andrés Velásquez forman parte de una de esas “mafias” de la minería. ¿Qué lectura da a este reiterado señalamiento, en el actual contexto político y de seguridad?

-Maduro pretende responsabilizar a Andrés Velásquez y a Américo de Grazia como una huida hacia adelante, una vez que quedó en evidencia que hasta su propio hijo, Nicolás Maduro Guerra, opera minas de coltán en el sur de Caicara, en el sector llamado Parguaza. Y por supuesto nos tienen de chivos expiatorios por los crímenes que ellos cometen, y nos señalan de tener el control de las minas. Pero no se atreven a decir cuáles minas, dónde operan, cómo lo hacen como decimos nosotros con lujo de detalle, porque nosotros sí tenemos un mapa suficientemente detallado de quién opera en cada sector, cómo lo hacen, cuándo y para quién. Tenemos un conocimiento sobre el tema, y eso pretende invisibilizarlo Maduro, criminalizándonos con ánimos de desaparecernos, extinguirnos, neutralizarnos, que son las palabras que ellos mismos han usado. No solo Maduro sino también el Dgcim, el ministerio de la Defensa y Diosdado Cabello. Tenemos que insistir en la misión de poner al descubierto toda esta operación criminal que no solo ha traído como consecuencia un desastre ecológico, sino que también afecta a la hidrológica más importante del país y las fuentes de agua. En defensa de nuestros pueblos indígenas, no se trata de decir si son inocentes o culpables, sino que sus operaciones en minería fueron inducidas por el Estado venezolano. Una vez que se metieron en ese círculo vicioso, colonizando su forma de vida, enfermándolos con males que nunca habían conocido como el VIH, la diabetes y cardiopatías, la difteria, el sarampión y la malaria, que es el foco epidemiológico más importante del planeta. Y eso fue provocado por todo este desastre. Maduro pretende cobrarnos el haber expuesto todo esto.

Libros

Los Zetas Inc (México DF, 2018) es la última novedad en los anaqueles de las librerías mexicanas. Es el producto de una investigación que se prolongó por seis años. La autora, Guadalupe Correa-Cabrera, es si se quiere una víctima colateral de este grupo criminal, pues su papá se vio obligado a abandonar sus tierras luego de negarse a pagar derecho de piso –vacuna, diríamos en Venezuela- a los enviados de la organización en el estado de Tamaulipas, fronterizo con EEUU. Con esta motivación personal, y gracias al respaldo institucional de la universidad de Texas Rio Grande Valley, pudo desarrollar un proyecto que ha desembocado en esta obra. Aunque los Zetas son el producto de un especial proceso, referido a la “paramilitarización” del crimen organizado, promovida por el entonces líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, con la finalidad de desplazar a otras organizaciones delictivas y afrontar la oposición del estado mexicano en los puntos clave de las rutas de la cocaína, hay una importante reflexión sobre las dinámicas que adquiere la violencia en lugares donde las estructuras delictivas deciden ejercer control territorial para asegurar la continuidad de sus negocios. Un lector venezolano se pasea por las páginas de Los Zetas Inc y le resultará inevitable pensar en lo que podría ocurrir, por ejemplo, con las encarnizadas disputas que actualmente se desarrollan en el estado Bolívar por el dominio de los territorios mineros. En México, sostiene Correa-Cabrera, los Zetas sentaron un nuevo modelo de estructura criminal, que le plantó cara al Estado gracias a un flujo ininterrumpido de armas y dinero, al punto de constituir una insurgencia criminal. Otras organizaciones como los Caballeros Templarios han seguido su ejemplo, incorporando a sus filas a militares y policías, atraídos por los irresistibles “cañonazos de plata”. Una situación que ella define como un nuevo tipo de guerra civil. ¿Falta alguno de estos ingredientes en Venezuela?