La «nueva doctrina» del orden interno

Crímenes sin castigo | 7 de mayo de 2017

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Directrices nunca vistas, impartidas desde el MRI, se unen a las viejas mañas para potenciar las acciones de los cuerpos represivos contra una ciudadanía que sale a las calles cada día de manera más multitudinaria

@javiermayorca

El sábado 29 de abril, jefes policiales y militares de Caracas y Vargas fueron convocados a una reunión en la sede de la Región de Defensa Integral Capital en Fuerte Tiuna, donde el titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, les informaría sobre los principios que rigen la “nueva doctrina del empleo de las unidades para el orden interno”.

Aunque no se dispone aún de un documento que explique las características de esa “nueva doctrina”, durante los últimos días se han dado cambios importantes en el accionar de los principales cuerpos de seguridad encargados de aplicarla. Además, se han difundido en esas instituciones una serie de instrucciones que anteriormente no se impartían. Sobre la base de esta información se puede delinear algunos aspectos relativos a la táctica aplicada por el Ejecutivo contra los manifestantes que se mantienen en las calles del país desde la primera semana de abril.

1) La sospecha como justificativo de la acción punitiva: en Venezuela la acción represiva o punitiva se justifica cuando el individuo despliega una conducta típica y antijurídica, es decir, está descrita como delito en una ley penal. Llevar un arma no es delito por sí mismo. Pero sí lo es cuando no se posee una licencia legítimamente expedida. Llevar un frasco de colonia junto a una máscara en un bolso no es delito bajo ninguna circunstancia. Pero han sido reportadas detenciones de jóvenes a los que bajan de transportes públicos y ponen a las órdenes de Cicpc por el solo hecho de poseer estos objetos. El militar o policía sospecha que serán utilizados para manifestar. Tales acciones cuentan con el aval de gobernadores oficialistas como los de Yaracuy, Táchira y Vargas, que han criminalizado la posesión de tales objetos al asociarla con supuestos ánimos de desestabilizar al régimen o cometer actos que califican de “terrorismo”.

2) Reducción de oportunidades: en criminología la oportunidad para el delito ocurre cuando coinciden en los mismos tiempo y espacio las víctimas y los victimarios, en una condición en la que no existe la vigilancia de terceros. En el caso de las manifestaciones, los cuerpos de orden público restringen la oportunidad al impedir la reunión en los espacios que consideren desventajosos. De allí la represión contra civiles inermes en El Paraíso, por el solo hecho de que se congregaban para marchar. En septiembre de 2002, además, se emitió un decreto que impide protestas antigubernamentales en las llamadas “zonas de seguridad”, que son precisamente aquellas donde tienen su asiento los poderes públicos. Igualmente, se han tomado decisiones para restar medios o herramientas a la protesta. Por ejemplo, el 25 de abril fue prohibida la fabricación y uso de fuegos artificiales. La GN también emprendió una operación denominada “Humo negro”, en la que son retirados todos los cauchos de las vías públicas, para impedir así que los usen para las guarimbas. Finalmente, se restringe la circulación por las vías de acceso a Distrito Capital los días de marchas, en lo que se conoce como plan “retardatriz”.

3) Alianza cívico-militar: la Guardia Nacional ha actuado en forma combinada con grupos civiles armados en Caracas, Miranda, Carabobo y Mérida, por citar algunos casos. Los civiles llevan a cabo el “trabajo sucio” de arremeter contra los manifestantes. Los militares actúan mediante dos patrones. En ocasiones generan “pasillos o anillos de seguridad” de los que se sirven los civiles armados para cumplir su cometido. Así sucedió el martes 4 de abril en La Urbina. En otras oportunidades la GN (en complicidad con policías afines) se ausenta por completo en áreas de su competencia y deja el terreno libre para que las bandas operen a gusto. Esto lo vimos en El Paraíso y Montalbán. Esta alianza se fundamenta en un supuesto de corresponsabilidad en materia de defensa del régimen, establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, uno de los primeros textos invocados para elaborar el controversial Plan Estratégico Zamora.

Una metra letal

Una pregunta que quizá se hagan los lectores tiene que ver con prácticas que en las últimas semanas se han visto por parte de los efectivos de la GN y de la PNB, y que quizá podrían formar parte de un patrón de conducta. Dos de las más frecuentes han sido el uso de las bombas y granadas lacrimógenas como proyectiles para ocasionar doble daño (exposición al contenido químico y traumatismo por golpe de objeto contundente), y la alteración de los cartuchos de escopetas para incorporar elementos letales, como metras o esquirla de vidrio. Ambas son viejas mañas que han sido heredadas y potenciadas. Esto sucede por una razón básica: cuando una metra o bomba ocasiona lesiones graves o la muerte a un manifestante, la mayor probabilidad es que ese crimen quede sin castigo. Establecer una correspondencia entre el objeto que ocasionó la muerte y el arma que lo propulsó es muy complicado. Por este camino van los homicidios de los jóvenes Juan Pernalete (Altamira) y Armando Cañizález (Las Mercedes). Solo un trabajo diligente de la Fiscalía, operando sobre la base de una delación o una confesión, permitiría individualizar responsabilidades.

Breves

La maleza tapó los restos del aparato

La «caja negra»

*El helicóptero del Ejército siglas EJB 0796 no fue secuestrado ni fue derribado. Las primeras investigaciones a los restos hallados el 29 de abril (cuando casi se cumplían cuatro meses desde la desaparición del aparato) indican que la aeronave simplemente se fue a pique luego de sufrir una “falla en vuelo” de la que no pudo recuperarse. Los restos fueron encontrados en el medio de una densa vegetación que impidió su avistamiento con anterioridad. “Todo está agrupado como si hubiese caído sin velocidad horizontal”, afirmó una fuente castrense. Además, no estaban quemados ni había indicios de que haya sufrido algún ataque. Esto apunta hacia la incidencia de una falla en el propio aparato, que difícilmente será admitida puesto que se trata de compras hechas con poca transparencia, sin controles externos. Desde luego, hay una «junta de investigación» designada para determinar con precisión las causas del siniestro. Pero en Venezuela ni siquiera se conocen las resultas de las pesquisas a los siniestros de vuelos civiles. Para el momento de la redacción de esta nota la comisión integrada por funcionarios del Ministerio Público, la policía judicial y la Fuerza Armada había levantado siete cadáveres, entre ellos los que estaban en los puestos del piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Las condiciones del clima han retardado el trabajo, en el que también participa un grupo multidisciplinario del Senamecf. Las autopsias serán efectuadas en un puesto especial habilitado por las autoridades en el aeropuerto de Puerto Ayacucho. Debido al interés suscitado por este incidente, se colocan en esta entrega varias fotografías del proceso de remoción así como los restos de la aeronave siniestrada.

Parte de la cola

*El 2 de mayo el nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada (GN) Carlos Pérez Ampueda, ordenó la supresión de las direcciones de Inteligencia y Estrategia, Antidrogas, Contra la Economía Criminal, Antiextorsión y Secuestros y Contra la Delincuencia Organizada, pues todos ellos serán adscritos a una fuerza de Acciones Especiales (FAES). Desde 2014, la PNB evaluaba una reestructuración de sus cuadros. Las mencionadas direcciones habían sido creadas en función de las atribuciones establecidas por ley para este cuerpo. Ahora, son eliminadas “a fin de cumplir con los lineamientos del Gobierno Revolucionario, que tiene la meta de frenar y erradicar los índices delictivos que afectan la paz social y la seguridad ciudadana”. Ahora, la línea de Pérez Ampueda será “enfrentar y desmantelar bandas”.

*El mismo 2 de mayo, un grupo de encapuchados emboscó a una comisión de la Policía Nacional que iba en moto por la avenida Miguel Ángel de Bello Monte. A uno de los agentes le falló el vehículo y se le apagó. Fue rescatado por efectivos de PoliMiranda que estaban en el lugar. La moto Suzuki DR650 quedó en la vía y fue quemada por los iracundos. El oficial que la manejaba era parte del grupo de escoltas del embajador de China en Venezuela Zhao Bentang, quien había solicitado un reforzamiento de su seguridad, porque en los últimos días supuestamente se recibieron amenazas contra el personal diplomático de esa delegación, así como también contra la sede de la embajada, ubicada en la calle Orinoco de Las Mercedes.

*Escribe el abogado David Terán para alertar sobre el verdadero sentido de la aplicación del fuero militar a los civiles que han sido detenidos una vez activada la Operación Zamora en el estado Carabobo: “El alto gobierno dio la orden de encarcelar a todos los disidentes, instruyendo a la PNB y la GNB. Para tal fin han detenido a más de 1.500 manifestantes. Sin embargo, la actuación policial deficiente y arbitraria hace inviable los casos, y el Ministerio Público no puede pedir privación de libertad ilegítimamente. La Fiscalía ha manifestado públicamente que las detenciones son ilegítimas, arbitrarias y violatorias de la Constitución (…) Ante esto, el Gobierno activó a los tribunales militares. Quieren usar la justicia militar ejemplarizante, donde el juez sigue órdenes y no la Constitución. En conclusión, ya no confían en la Fiscal Luisa Ortega”.

*La conflictividad política aparentemente tuvo escaso impacto en la industria del secuestro durante el mes de abril. Así puede concluirse al analizar las cifras de casos procesados en Distrito Capital y Miranda. En Libertador fueron secuestradas diez personas el mes pasado y en Miranda otras 17. Chacao, que ha sido el principal escenario de las protestas, tuvo la mayor cifra de secuestros (3). También hubo denuncias en el municipio Sucre, Rio Chico y los Valles del Tuy. Un video hecho por una cámara de vigilancia en Lomas del Tamanaco sugiere además que policías, militares o integrantes de colectivos pudieran estar incurriendo nuevamente en este delito. Las imágenes muestran a una camioneta pick-up doble cabina (similar a las de uso oficial) que intercepta a un vehículo sedán, el 27 de abril en la noche. Del primero se bajaron cuatro hombres, algunos con chalecos antibalas, para tratar de someter a los ocupantes del otro auto. Pero una rápida reacción de manejo defensivo se los impidió. El video, sin embargo, es revelador.

*Un muro de impunidad impide el avance de las pesquisas sobre los homicidios del criminólogo Jesús Sulbarán, encargado de Política Integral de la gobernación de Mérida, de 41 años de edad, y del obrero de 52 años Luis Alberto Márquez. Ambas muertes fueron reportadas el 24 de abril como consecuencia de un tiroteo en el que también fueron heridos el estudiante de la ULA Daniel Infante, la instructora de Defensa Progresiva Yuleska Hernández, Daniel Escalona y Luis Hernández, en el cruce entre el viaducto Campo Elías con la avenida Las Américas de Mérida. Hasta ahora, ha sido el ataque más letal llevado a cabo durante el recrudecimiento de las manifestaciones de calle que comenzaron en abril. En este caso, las víctimas participaban en una actividad proselitista del oficialismo. Inicialmente, se creía que los disparos fueron hechos desde las alturas del conjunto residencial El Viaducto. Pero los allanamientos efectuados por la policía judicial no arrojaron resultados. En el área del tiroteo, además, fueron encontradas evidencias tales como proyectiles y conchas que sugieren que los atacantes estaban alrededor o entre los propios participantes de la marcha. Hubo por lo menos tres tiradores, que usaron pistolas calibres 9 mm, 380 y .38. Con esta última mataron a Luis Márquez. Los investigadores, además, hicieron levantamientos planimétricos en compañía de dos de las víctimas y analizaron diversos videos tomados por transeúntes al momento del tiroteo. Uno de ellos supuestamente permitió identificar a un hombre conocido como Ruso, captado mientras disparaba en un extremo del viaducto hacia el lugar donde se encontraba Sulbarán. La lista de sospechosos abarca tanto a elementos de agrupaciones opositoras, como el llamado Movimiento 13, hasta militantes armados del propio Psuv, como el caso de un hombre de apellido Uzcátegui a quien le decomisaron una pistola Jericho calibre 9 mm para someterla a experticia de comparación balística. Esto explica por qué luego de las primeras horas, cuando el gobernador Alexis Ramírez culpó en forma apresurada a “terroristas” opositores, lo que ha seguido es un profundo silencio.