La pandemia también retarda las pruebas forenses

El suceso del día

Especial Crímenes sin Castigo.-

Más de cuatro meses deben esperar las víctimas de agresión sexual y física, por una cita con especialistas en el área de psiquiatría en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bello Monte, según revelaron mujeres que a diario acuden al área de medicina legal, con órdenes emitidas por los tribunales que rigen la materia de violencia de género.
El mismo retardo sucede con las pruebas ordenadas en casos de presuntas agresiones sexuales.
Desde el 20 de septiembre del año pasado, Oriana Benítez espera por el informe de su evaluación psicológica, solicitado por la fiscalía 135 para darle continuidad a un caso de agresión física continuada.
En esta parálisis, su antigua pareja ha seguido con las amenazas, a pesar de tener tres órdenes que le impiden acercarse a ella.
Como Benítez, otras tres víctimas se encuentran en la misma situación.
Una adolescente de 16 años de edad aún espera por el resultado de los exámenes ginecológicos, tras sufrir una agresión sexual en marzo de este año. “Como esos resultados no llegan, el joven sigue en libertad por falta de pruebas”, sostuvo la madre.
Una fuente interna al organismo forense reveló que, a diario, acuden de 10 a 15 mujeres, todas con órdenes emitidas por las fiscalías. Indicó que el servicio médico legal solo cuenta con dos profesionales de la psiquiatría y dos forenses quienes trabajan un solo día a la semana, debido a las restricciones implantadas a propósito de la pandemia por Covid_19.
A juicio de la doctora Antonietta de Dominicis – ex jefa de patólogos en el Senamecf , “el organismo está fallando en los aspectos que conciernen a los protocolos sustentados en el manual de cadena y custodia, centrados específicamente en el tema de agresiones y/o presuntas violaciones. Es negligencia en los procedimientos”.
“Una persona no puede esperar más de 45 días por unos resultados”, advirtió.
Apuntó que toda experticia de reconocimiento médico legal queda plasmada en un manuscrito, que luego debe ser transcrito y digitalizado, para su remisión al organismo que solicitó la prueba.
“Sin eso, no habrá nunca justicia”, alegó.