La voz del fiscal no llega a Apure

Militares

El martes de esta semana se cumplieron dos meses desde la muerte de cinco personas en el sector La Trilla del estado Apure. Aunque el titular del Ministerio Público designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de este hecho, desde las organizaciones de defensa de Derechos Humanos no han dudado en señalar que se trató de una “masacre”. Estos cinco individuos (cuatro de ellos integrantes de una misma familia) figuran en las estadísticas gubernamentales como presuntos irregulares fallecidos por “resistencia a la autoridad”, a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Luego de este incidente, verificado el 25 de marzo, los efectivos del grupo élite fueron enviados calladamente de regreso a sus unidades de origen. Y los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Arauquita, en Colombia. Las consecuencias de esta acción se han extendido hasta el presente, puesto que los pobladores de la zona todavía señalan a las fuerzas gubernamentales (sin distingo) como corresponsables de su situación. Esta es una de las razones por las que todavía se registran altas cifras de desplazados hacia la población colombiana de La Victoria, y hacia otras partes del territorio venezolano. Algo que no se pueden permitir en un esquema de conflicto irregular, donde cobra vital importancia contar con la simpatía y cooperación de los pobladores en los lugares donde se ejecutan las acciones militares. No en balde, el comunicado suscrito por las ONGs al cumplirse dos meses de la matanza exige que el fiscal extienda las averiguaciones a toda la cadena de mando, que debía coordinar y supervisar esa operación. Eso incluye al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; al jefe del Ceofanb Remigio Ceballos, y los generales José Rojas Abreu, Tito Gómez Ávila, José Rafael Silva Aponte y Robinson Vera Cumare.