Las bandas de la Troncal 9

Crímenes sin castigo | 9 de septiembre de 2018

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-El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los delincuentes continúan imponiendo su ley

La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.

El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.

Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector, Oswaldo Rafael Silva.

Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente. Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus empleados y gerentes por esa vía.

Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.

Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en cada ocasión.

Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido casi inalterada.

En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6% en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.

La Troncal 9, intransitable de noche y madrugada

La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.

Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.

Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces, esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita, otro sector del mismo municipio barloventeño.

El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.

Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia en la zona, al igual que el resto de las policías.

Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en 2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.

Breves

*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez, porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional, anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo delató. Poco después, tuvo que salir del país.

*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo 50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012 son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún permanecen intactos.

*El Gobierno está preparando su propia interpretación sobre la conflictividad social en el país. El 5 de septiembre, el viceministerio de Prevención y Seguridad de Relaciones Interiores ofició a todos los directores de policías municipales del país con la finalidad de que remitieran a ese despacho lo antes posible la data completa de las manifestaciones que hayan sido reportadas en cada jurisdicción a partir de 2013. Junto a esas cifras se requirió la información sobre el motivo de la acción callejera, la clasificación tomando en cuenta si era a favor o en contra del gobierno central, los reportes sobre funcionarios y civiles lesionados o muertos, número de detenciones y las denuncias que hayan sido formuladas por abusos en el control de estas manifestaciones. Ya en semanas anteriores, la Guardia Nacional y la Policía Nacional distribuyeron entre sus unidades unos formatos que serán utilizados de ahora en adelante para el monitoreo de las protestas callejeras. Se intenta de esta forma unificar criterios según la particular forma de ver las cosas que existe desde el gobierno central.

*La llamada Declaración de Quito, en la que once gobiernos americanos expresan su interés por “acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana” tendrá un efecto inmediato sobre el mercado negro de pasaportes en Venezuela. El punto VI de la referida declaración, suscrita por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, indica que estos países tomarán “los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”. Esto da a entender que los pasaportes de los emigrantes venezolanos serán tenidos como válidos por las autoridades migratorias de estas naciones aún si han caducado. Este es un golpe directo a las redes que en Venezuela han montado un mercado negro con la emisión de tales documentos. En un trabajo publicado en el Spectator de Gran Bretaña la primera semana de septiembre, titulado Venezuela’s great socialist experiment has brought a country to its knees (El gran experimento socialista venezolano ha puesto al país de rodillas) el periodista Jason Mitchell señala que los pasaportes son otorgados previo pago de sobornos por 1.500 dólares. Al dejar de ser indispensables para ir a otras latitudes, el valor del documento descenderá irremediablemente.

Bloopers del poder

En esta entrega, se hace una sección especial sobre las pifias públicas y notorias que hemos tenido que presenciar en la voz de importantes operadores del sistema de seguridad y justicia del país. Aquí van las primeras tres:

1) Barrabasada in fraganti. Luego del incidente con los drones en la avenida Bolívar, el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, intentó justificar en una entrevista televisada con Vladimir Villegas el procedimiento aplicado para detener al diputado en ejercicio Juan Requesens. Dijo: “Mira (…) recuerda que en el derecho penal existe un tipo que se llama la flagrancia. Un tipo penal. Y ese tipo penal se asocia a lo realizado por el mencionado diputado”. ¿La flagrancia es un tipo penal? Según el profesor de derecho Fernando Fernández, el fiscal incurrió en un “error inexcusable”. La flagrancia, antes que un tipo penal, es una “circunstancia en la que se puede dar un delito”. La gente suele expresar esta situación cuando dice que a alguien lo detuvieron “con las manos en la masa”. Según Fernández, esa “masa” es lo que en términos técnicos se llama el “cuerpo del delito”. “Pero la flagrancia no es ningún tipo penal”, aclaró.

El «clamor» como delito

2) ¿Preso por “clamor”? El 2 de septiembre, la prensa se hizo eco de una información publicada por el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, según la cual un detective agregado de ese mismo cuerpo, que trabajaba en el estado Zulia, fue apresado en Maracaibo “tras causarle lesiones a una víctima en la región cefálica”, presuntamente utilizando la cacha de su pistola. La información iba acompañada con la foto de reseña del mentado agente. En la parte inferior, donde se debe especificar el delito, los funcionarios colocaron “clamor público”. El clamor público, continúa explicando Fernández, no es un delito sino “una circunstancia muy débil para calificar un hecho”. Ocurre cuando la gente señala a una persona, a menudo a gritos, por la comisión de un acto al margen de la ley. Según el especialista en derecho penal, el clamor público no justifica una detención, pues “la posibilidad de error es muy alta”.

Es «coctelera»

3) Patrullas con “cautelera”. En la policía judicial son evidentes las resistencias a participar en los llamados circuitos de patrullaje, como si se tratara de un cuerpo preventivo más. Desde luego, no está entre sus funciones. La investigación criminal es una tarea lo suficientemente gruesa como para añadirle también la de las policías municipales y estatales. Quizá sea por eso que el director de ese organismo, Douglas Rico, no reparó en los términos de una orden emanada en la última semana de agosto, según la cual toda unidad de ese cuerpo que salga a las calles luego de las 6 pm “debe llevar encendida la cautelera”. No es la primera vez que usan este término para reemplazar la tradicional coctelera. El manual de estándares para patrullas del Consejo General de Policía lo describe como “luz de barra o torreta rojo, azul y blanco”, que además tiene dispositivos de perifoneo. La “cautelera” de la que habla esta orden de la dirección de Cicpc es probablemente una traslación –no traducción- directa del portugués.