Lo que oculta la ley para los «guardianes»

Estrategias

El Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional electa el 6-D un anteproyecto de ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana, al que la propaganda llamará Ley Guardianes de la Patria. Sus disposiciones abarcan a todos los funcionarios, tanto activos como jubilados, de los órganos de seguridad ciudadana descritos en la Constitución, e igualmente a los custodios penitenciarios y empleados del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sus familiares inmediatos y sobrevivientes. El texto consta de 110 artículos, una disposición derogatoria y cinco transitorias. Una novedad se refiere a la creación del Banco de la Seguridad Ciudadana, cuyo propósito sería la realización de “todas las operaciones de intermediación financiera y sus servicios conexos concernientes a los Bancos Universales (…) destinados a la familia policial en el marco del Sistema Integral de Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana”. También podrá intervenir en los llamados “proyectos estratégicos”, que no están definidos por ley, y que serán delineados posteriormente por el Gobierno. Esto abre una rendija para la discrecionalidad en la administración de los fondos recaudados mediante los aportes obligatorios del funcionariado. Otra disposición controversial se refiere a la instauración de una red sanitaria de la seguridad ciudadana, que abarca los hospitales, las clínicas, los ambulatorios, los núcleos médicos asistenciales y demás dependencias que actualmente están al servicio de los distintos organismos de seguridad. En otros términos, según el documento, “los bienes y activos de los Órganos de Seguridad Ciudadana, destinados para los servicios médicos y asistenciales (…) serán transferidos al Instituto de Previsión y Seguridad Social” cuya creación prevé la referida ley.