Lo que resta en Cúcuta

Crímenes sin castigo | 25 de agosto de 2019

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-Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

@javiermayorca

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.

Ese día, los oficiales, los efectivos de tropa profesional y alistada y los agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente, con el concurso de la autoridad migratoria del vecino país.

El desalojo del hotel Acora

La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en los diez hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.

“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander, ahora en vida civil.

Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos, en su mayoría de la Guardia Nacional. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler mensual de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.

Parte del grupo que cruzó la frontera

“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un capitán.

Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino López, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.

Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.

Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.

El recuerdo de las insignias

Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y la alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares disidentes en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Poder Legislativo trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a este movimiento castrense con ocho meses de embarazo.

Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado a la iniciativa de Guaidó. Desde Venezuela, sus amigos les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.

Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos.

Breves

-En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día.

-Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

-En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) çuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.

-El Instituto de Medicina Legal de Colombia reportó el homicidio de 233 venezolanos en ese país durante los primeros siete meses de 2019. Solamente en julio fueron ultimadas 40 personas de esta nacionalidad. La frecuencia de muertes supera un caso al día. La venezolana es, de hecho, la primera nacionalidad extranjera víctima de homicidio en Colombia. En la medida en que la diáspora se extiende, la violencia se incrementa. En 2014, cuando la migración masiva apenas asomaba, solo fueron doce casos. En 2018, 533. En lo que va de año, el 88% de estos homicidios tiene como víctimas a hombres. En cambio, cuando se habla de casos reportados de violencia sexual, la mayoría de las víctimas venezolanas son mujeres (83%).

-Debido al bloqueo de los pasos fronterizos en San Antonio y Ureña, algunos productores agropecuarios venezolanos han optado por intentar el traslado de insumos como semillas y pesticidas a través del puente que parte de Puerto Santander y atraviesa el rio Guarumito. Allí, sin embargo, se ha instaurado el cobro de lo que denominan un diezmo, es decir, el 10% del valor de la mercancía, tal y como aparece en las facturas de compra. La recaudación sería ejecutada por integrantes de la banda criminal de los Pelusos, que operan en ese sector con la anuencia de la Guardia Nacional. Un productor venezolano, que ha debido hacer estos pagos, indicó que los paramilitares detectan el paso de los vehículos desde el Táchira, y siguen a los conductores durante las compras que hacen en Puerto Santander. “Las tiendas de insumos agropecuarios están todas prácticamente en la misma calle, por lo que no les resulta muy difícil”, explicó. Los cobros de este impuesto informal se hacen en Venezuela, cuando se ha verificado el paso de la mercancía, a pocos metros del puesto militar.

Libros

Humberto de la Calle ha sido uno de esos colombianos que conoce el monstruo en sus entrañas. Este abogado ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria, Vicepresidente de la República y ministro de Interior, por citar solo algunos cargos. Pero lo que amerita su mención en este espacio es su última obra, referida a su experiencia como jefe negociador del gobierno colombiano durante las conversaciones en La Habana. Revelaciones al final de una guerra (Bogotá, 2019) es un extenso relato sobre el recorrido iniciado en agosto de 2012 para ponerle, como él mismo lo refiere, “punto final” al conflicto armado contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un momento en que muy pocos concedían alguna probabilidad de éxito inmediato a tal empresa, aunque ya se avizoraba la “derrota estratégica” del grupo guerrillero. Estas páginas fueron escritas con independencia de criterio, una actitud que según el propio autor lo explica en sus primeros capítulos, es la consecuencia de su escaso apego a un proyecto político partidista, que lo llevó en algunos momentos a manifestar diferencias con quien entonces era un recién electo Presidente de su país. Así, con la debida distancia, De la Calle lleva al lector de la mano por todo el camino de estas negociaciones, sin la pretensión de haber dicho toda la verdad sobre un tema en el que convergieron numerosas voluntades y puntos de vista. Para un lector venezolano, este libro puede ser tomado incluso como un testimonio de lo que se debe y de lo que no se puede hacer para llegar a la paz, luego de un prolongado enfrentamiento.