Los presos verdes del presidente Maduro

Crímenes sin castigo | 25 de marzo de 2018

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-Los militares, y especialmente los civiles, deben entender que el futuro de todos los oficiales detenidos por participar en conspiraciones, reales o ficticias, está exclusivamente en manos del Presidente

@javiermayorca

La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.

Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe del Estado.

La promoción 1999 de la Academia Militar

Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.

El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.

De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.

Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.

Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.

Lo que sucede actualmente dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002. Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestó abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.

Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

Breves

*El contrabando de extracción de combustible no cesa en la frontera del estado Apure. Fuentes de la zona indica que esta actividad se ha organizado de tal forma que prácticamente involucra a funcionarios de todos los organismos del Estado, en especial a los militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, capaces de reconocer a simple vista cuáles automóviles, camionetas y camiones están “alineados”, como se le dice en el argot local. Los vehículos, convenientemente adaptados, están en capacidad de trasladar desde 210 litros hasta 600 litros. La carga de gasolina suele llevarse a cabo en Mantecal o Elorza. Para evitar confusiones, se establecen palabras que son utilizadas como “santo y seña” para cada jornada en la que está abierta la ruta. Un vehículo con 200 litros de combustible puede generar 180.000 pesos colombianos, cancelados en efectivo apenas al pasar al departamento de Arauca. Saquen cuentas.

*Entre los grandes beneficiarios del contrabando de combustible en Apure también figuran los individuos que anteriormente lideraban los frentes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área limítrofe, ahora dedicados exclusivamente a actividades ilegales, aquí y allá. El nombre que más suena es el de Noé Sánchez, alias Grannobles, hermano del extinto Germán Briceño, mejor conocido como Mono Jojoy, quien fue el jefe militar del grupo guerrillero. Hay viejos informes de la policía judicial que advierten que algunos centros de acopio de combustible, establecidos en fincas del municipio Rómulo Gallegos, son también utilizados como puntos para la carga de alijos de drogas en avionetas. En esto jugaría un papel fundamental Germán Arturo Rodríguez Ataya, conocido como el piloto de las FARC. Este hombre, de unos 48 años de edad, fue detenido por agentes de la policía judicial en el hato San Rafael de Apure, pero una decisión de la Sala Penal del TSJ ordenó liberarlo en junio de 2015.

El caso de las residencias Metro traerá cola

*Está en desarrollo un enfrentamiento entre la policía judicial y la Policía Nacional. Luego del incidente del 12 de marzo en las residencias Metro de la avenida Sucre, cuando agentes de la División contra Homicidios intentaron de manera infructuosa la detención de un grupo de oficiales adscrito a la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), hay en ambas instituciones una expectativa de ver quién del otro cuerpo comete un desliz. En unidades de la PNB han recibido la orden de vigilar las actividades de Cicpc. Los de este organismo, mientras tanto, adelantan diversas pesquisas sobre el involucramiento en delitos de oficiales del “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial. En el último caso conocido, agentes de la División contra Robos detuvieron a 3 PNB por estar supuestamente implicados en el asalto a viajeros que llegan por el aeropuerto de Maiquetía. Más de esto se verá en los próximos días. Es posible que estemos ante una secuela de la masacre de El Junquito, en la que elementos de la FAES actuaron sin contemplaciones contra el grupo liderado por el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, cuando éste ya había manifestado su intención de rendirse.

*Las últimas informaciones conocidas públicamente indican la existencia de un acelerado proceso de incorporación de policías y militares a actividades delictivas. Este punto ha sido tocado en este mismo espacio, pero la cosa pareciera agravarse cada día que pasa. El fin de semana, un sargento de la Guardia Nacional casi fue linchado cuando intentó asaltar a residentes de los edificios Rio Arriba en Mérida. La comunidad enardecida finalmente lo entregó, ensangrentado y semidesnudo, a una comisión de la zona de defensa integral. En ese momento, solo vestía un pantalón corto con el logo de la Fuerza Armada. El día anterior, cinco detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un oficial de la Policía Nacional fueron apresados luego de perpetrar un robo masivo a un centro de juegos en Acarigua, estado Portuguesa. En Anzoátegui, cinco guardias nacionales y dos civiles fueron apresados por conformar una banda de asaltantes de fincas y vehículos en las carreteras. En Yaracuy, dos oficiales de la policía regional fueron detenidos pues hurtaron la pistola reglamentaria Beretta 9 mm a un compañero de trabajo, aprovechando que se encontraba ebrio, y la negociaron con delincuentes. En Vargas, son consistentes las denuncias sobre extorsión a los viajeros por oficiales que instalan puntos de control en la entrada al aeropuerto, mientras que adentro los guardias nacionales son fotografiados por cuando supuestamente reciben coimas de viajeros que intentan llevar todo tipo de mercancías en vuelos a La Habana. Cicpc tampoco se salva. El hacinamiento de detenidos en oficinas administrativas no aptas para esta función ha generado un pequeño mercado de paso de teléfonos. Tres agentes han sido detectados en ese plan, y uno se pregunta cuántos más continúan haciéndolo. Esto por referir solamente lo conocido desde la segunda quincena de febrero hasta ahora. Tantos casos y tan seguidos dicen mucho de lo deficiente del proceso de reclutamiento y selección, y de los peores procesos de supervisión, que no permiten la detección temprana de los agentes corruptos, de manera que los correctivos se imponen generalmente por vía jurisdiccional, cuando la sangre ya llegó al rio. Desde luego, un proceso como este merma la confianza en los cuerpos policiales, y hace que la gente desista de denunciar los hechos en los que ha sido víctima. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Interiores dice satisfecho que el delito está bajando, lo que sucede en realidad es que cada día los organismos de seguridad conocen menos denuncias. Y ahora andan a ciegas.

*La Fuerza Armada todavía no ha comenzado los eventos preparatorios para la Operación República correspondiente a la elección presidencial, fijada para el domingo 20 de mayo. Cuando la fecha de los comicios era en abril, lo primero que hicieron fue instruir a la tropa sobre los distintos delitos electorales. Eso, desde luego, tiene un efecto residual con miras en este evento. Sin embargo, fuentes militares aseguran que en esta oportunidad habrá un despliegue castrense masivo, cuyo propósito esencial será disuadir cualquier tipo de manifestación contra la jornada de votación, cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por la mayoría de los sectores políticos del país y la comunidad internacional. En la FAN, al parecer, manejan escenarios de protestas callejeras, tanto en los días previos a los comicios como durante la propia jornada.

*El 19 de marzo el Departamento de Estado divulgó el último informe de “estrategia internacional para el control de narcóticos”. Como es tradicional, el extenso documento consta de dos partes. La primera se refiere a los controles aplicados por los distintos países en cuanto al flujo de drogas ilícitas y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlas. El segundo tomo tiene que ver con la cooperación para investigar, prevenir y reprimir el lavado de dinero. Según este informe, las regulaciones establecidas por el Gobierno a los distintos mercados del país ocasionan que “muchos comerciantes legítimos contacten a actores ilegales para obtener acceso a dólares estadounidenses, facilitando así el lavado de dinero”. El mercado negro del dólar fue calificado de “robusto”, y de acuerdo con el documento se nutre de divisas obtenidas del tráfico de drogas y de manipulaciones cambiarias. Se hace referencia a una variación del método conocido como el “mercado negro del peso colombiano”. Consiste en que los traficantes de drogas entregan el producto de sus ventas a contrabandistas, agentes de viajes e inversionistas, a cambio de pesos colombianos, que luego son transformados en bolívares en la frontera, a la tasa de cambio paralela, y utilizados posteriormente para comprar dólares a través de los esquemas establecidos por el Gobierno, como son las subastas y las ventas de bonos. En resumen, se usa al aparato estatal para la legitimación de capitales. El capítulo referido a Venezuela reitera que desde 2006 no hay intercambio de información entre los órganos de EEUU y este país encargados de regular e investigar la legitimación de capitales, presumiblemente debido a una infidencia de las autoridades nacionales.

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