Maduro en plan de «control de daños» ante amenaza de la CPI

Conflictos

Varias acciones ha emprendido el gobierno de Maduro con el propósito de lograr un “control de daños”, que en cierta forma desvirtúe los graves señalamientos vertidos en el expediente Venezuela I, instruido por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Las ampliaciones y refacciones adelantadas en varios centros para presos de conciencia, como por ejemplo Ramo Verde y Contrainteligencia Militar de Boleíta, son quizá las más evidentes. Pero no son las únicas. Se debe recordar que en mayo Maduro decretó el desalojo de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la propia Dgcim, y asignó la vigilancia de sus detenidos al ministerio para Servicio Penitenciario. Esta orden no fue cumplida en el plazo fijado de un mes, como suele suceder, por la propia inoperancia del Ejecutivo. Pero, según fuentes ligadas a la policía política, en octubre un representante del ministerio de prisiones se acercó al Helicoide para coordinar el nuevo régimen. Además, el retén de máxima seguridad, conocido como La Tumba, fue desalojado casi por completo. De hecho, se han producido traslados desde diversos centros, para disminuir el hacinamiento. A pesar de todo, el Gobierno aún conserva tras las rejas a numerosas personas por el simple hecho de que han disentido, protestado o militado en la oposición. Un ejemplo claro es el del periodista Roland Carreño. Y son cientos más. En el plano normativo, una reforma a la ley procesal penal incorporó varias disposiciones que, por lo menos en la letra, posibilitan a los numerosos exilados cursar desde la distancia sus denuncias sobre presuntas violaciones a derechos fundamentales. Otra reforma restringió el fuero militar, para que los juzgados castrenses no puedan enjuiciar a civiles. Y ahora también se plantea eliminar la posibilidad de que los cuerpos de inteligencia actúen como auxiliares de policía judicial. Todo esto forma parte de la reacción de los operadores del oficialismo ante una amenaza real y tangible, como es un proceso ante la CPI. Por ende, no es el producto de un acto sincero de contrición o arrepentimiento.