Mexicanización

¿Se está “mexicanizando” el país?

Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los distintos actores no estatales (guerrillas, colectivos, bandas armadas, grupos de “vigilantes”, etc.) llegan a ejercer control sobre parcelas de territorios dentro de ese Estado, a veces en connivencia con elementos del régimen formal, como pueden ser zonas o regiones militares, alcaldías o cuerpos policiales. En otras oportunidades, estos nuevos actores demuestran su fuerza precisamente mediante enfrentamientos violentos contra los representantes de las instituciones.

Esta situación ha sido pintada por autores como Ioan Grillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. El último gran grupo armado es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parece haber recibido la posta de los Zetas.

Otros investigadores hablan de “somalización”, en referencia a la situación del país del norte de África. La diferencia es que México posee un gobierno constituido, que ejerce -o pretende ejercer- sus funciones en ciertos lugares de su territorio, y en otros no puede. Somalia, en cambio, llegó a ser un Estado absolutamente fallido hace treinta años, donde el poder real era ejercido por los jefes de ciertos clanes, fuertemente armados. Lo que propició la intervención de una fuerza multinacional de cascos azules, con EEUU a la cabeza. Fue este escenario el que inspiró el extenso reportaje de Marc Bowden, Black Hawk Down.

En Venezuela, el ataque con fusiles a la sede de la policía del municipio Libertador, atribuido a la banda de la Cota 905 liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, que finalizó con la muerte de un agente y otros dos uniformados heridos, el 25 de agosto, no puede ser visto como un hecho aislado. Es, precisamente, una fuerte señal de lo que está ocurriendo en el país. En este mismo proceso se inscribe el incidente reportado en la Troncal 12, el martes 15 de septiembre. Frente al caserío Mazapa, un grupo armado que había bloqueado la carretera disparó a mansalva contra una patrulla debidamente identificada de la policía del municipio Pedro Gual (Cúpira). Al finalizar el tiroteo, según la minuta correspondiente, una mujer (Liliana Ortega Rangel) había muerto, y dos hombres que iban en el vehículo fueron heridos (el oficial Ronal Navas y un detenido, Luis Martínez).

Detalle del ataque a la patrulla del municipio Gual

En San Vicente de Aragua la organización de alias Flipper impone toques de queda a una población aterrorizada. Los militares y la FAES van de vez en cuando al lugar, y se retiran con algunos muertos a cuestas, como para dar la impresión de que no todo está perdido para el Gobierno. En José Félix Ribas del municipio Sucre el grupo de Wilexis Acevedo impone su yugo, mientras que en Guárico alias Malony recuperó los espacios perdidos tras la muerte de José Tovar Colina (Picure), líder fundador del Tren del Llano, según lo afirmado por el consultor Mario Mármol.

Si se tiende la mirada al sur, encontraremos una situación similar, aunque con ciertos matices.

Aquí conviene una explicación: cuando el régimen intenta recuperar los espacios que ha cedido o que le han arrebatado, por regla general hace ostentación o utiliza su fuerza armada. La amenaza suele ser suficiente. El regente de facto de las zonas de José Félix Ribas reculó cuando Maduro alzó su voz por televisión, luego de cinco noches de fiesta de plomo en el este de la capital. Así reaccionan generalmente los líderes de los grupos criminales: agachan la cabeza y esperan a que pase el vendaval.

Pero en El Callao (Bolívar), la banda dominante en los enclaves mineros divulgó un comunicado con tintes insurreccionales, el 12 de septiembre: “Nos encontramos en una guerra que no tiene sentido, por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo. Estamos capacitados para seguir la guerra. No tenemos un año ni dos en esto. Esta lucha tiene más de siete años. Ustedes ni se imaginan la capacidad que tenemos para continuar una guerra en cualquier parte de Venezuela. Tenemos aliados en todos los estados del territorio nacional”.

Frente a esta ausencia de control sobre la totalidad del territorio, el régimen se encuentra atrapado en una dinámica “pendular”, según lo describió alguna vez el criminólogo Andrés Antillano. De un lado, está la pérdida de gobernabilidad. Del otro, está la retoma violenta, aunque paradójicamente sin ánimos de permanencia. Nada de generar institucionalidad. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el caso venezolano del brasileño o el colombiano. En el fondo, es la ausencia de compromiso.

Es por esto que el régimen pareciera condenado a repetir las atrocidades descritas detalladamente en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y más recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de ese mismo cuerpo. De Maduro para abajo lo saben, y por eso no se desharán de la FAES. La pregunta es, si sería posible aplicar alguna fórmula distinta el día de mañana, si ocurriese un cambio político en el país, con instituciones destruidas y una gobernabilidad frágil o inexistente.

ZAMORA RELOADED

El régimen avanza en una nueva ejecución de la Operación Zamora, tristemente recordada por la estela de muertes que dejó su anterior puesta en práctica, durante las protestas de 2017. Tres años después, este dispositivo militar-cívico es llevado a cabo por unidades de la Fuerza Armada de manera más discreta. Empezó con el decreto de alarma nacional, que en marzo se sumó a la emergencia económica para suspender nuevas garantías constitucionales. En julio, una orden impartida en unidades castrenses reveló que también se está ejecutando uno de los catorce subplanes de Zamora. Se llama Gas-Ven, y su objetivo es regular la actuación militar en todo lo relativo a la distribución y comercialización de hidrocarburos en el país. En este plan, así como en los demás, la Guardia Nacional tiene un rol protagónico, puesto que se trata de actividades orientadas a la preservación del orden interno. Sin embargo, hay otra lectura, según la cual los demás componentes, con el Ejército y la Milicia adelante, deben ir asumiendo también las funciones tradicionales de la GN, no vaya a ser que la situación se les escape de las manos. Las rondas con blindados que hemos visto en Bolívar se inscriben dentro del desarrollo de este plan.

LOS COLECTIVOS, SEGÚN CHRISTOPHER

Dos veces fue entrevistado el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de brigada del Ejército Manuel Chistopher Figuera, por los miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, para que aportara información con miras a la elaboración del documento presentado el miércoles 16 de septiembre. Las conversaciones fueron en mayo y en junio de 2020. Los detalles más importantes de estas sesiones fueron reflejados en la versión extensa del reporte, y tienen que ver con la participación de los colectivos armados en la defensa del régimen. Los colectivos, según la ONU, están en la categoría de “grupos armados no estatales”, aunque el reporte indica que en Venezuela cuentan con el respaldo activo del Ejecutivo. Según el general, los colectivos tienen entre sus misiones la recopilación de datos de inteligencia en los ámbitos político y criminal, que luego son enviados al Sebin. Indicó además que los ministros del gabinete de Maduro fueron instruidos para “darles pautas” a representantes de estos grupos armados, y que en un momento dado él decidió alejarse de tales encuentros. Otro dato consignado en el informe de la ONU -aportado por otro oficial de la FAN- indica que los miembros de los colectivos cobran por la nómina de la Milicia Bolivariana.

LISTA SIN CAMBIOS

No hubo cambios en la lista de naciones consideradas por la Casa Blanca como las mayores productoras o territorios de tránsito para las drogas ilícitas. Los 22 países mencionados en el memo remitido por Donald Trump al canciller estadounidense Mike Pompeo, el 16 de septiembre, fueron los mismos de 2019. Vale destacar que Venezuela está en ese grupo desde 2005, cuando Chávez cesó el cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado con la oficina del Departamento de Estado para asuntos de drogas y cumplimiento de la ley (INL, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, la noticia no estaba en la lista de países sino en dos detalles incorporados en la misma declaración. En primer lugar, el señalamiento hacia Maduro como jefe criminal (kingpin) y la reiteración de que tendrá que “enfrentar a la justicia”. Y en lo estrictamente referido al tema de las drogas, un dato revelador: se ha registrado un incremento en la producción de coca tanto en Bolivia como en Perú, lo que se une a un proceso similar al reportado en Colombia. Esto quiere decir que la producción mundial de cocaína deberá subir en los próximos meses, con todo el impacto que eso tiene sobre la gobernabilidad de los países del área andina, incluida Venezuela. Ante la previsible disminución de los precios del alcaloide, con toda seguridad los grupos de traficantes intentarán potenciar la ruta hacia Europa, ya sea directamente por vía marítima o mediante envíos a los países de África Occidental, que según la investigadora Loretta Napoleoni terminan alimentando las finanzas de organizaciones terroristas. En toda esta dinámica, Venezuela juega un papel fundamental.

LARGO SILENCIO

Mucha confusión rodea el supuesto enfrentamiento entre los efectivos de una comisión combinada de la FAN e individuos que, según la primera minuta elaborada por el Grupo de Acciones de Comando de la GN, pertenecen al Frente 10 de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el grupo de los uniformados venezolanos participaban oficiales y tropas de la Aviación, el Ejército y la GN, adscritos a la 92 Brigada Caribe, con sede en el Fuerte Sorocaima de Guasdualito, estado Apure. El primer relato, filtrado de manera extraoficial, indica que el grupo de veinticuatro efectivos la FAN era encabezado por el general de división del Ejército Robinson Vera Cumare, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 31, y que la misión era capturar al jefe del Frente 10 del grupo subversivo, Ferley González, también llamado Fabián. Este individuo y sus seguidores son señalados por el secuestro de Francisco Alvarado, hermano del exgobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado. La prensa araucana ha asegurado que el cautivo fue trasladado a Apure, en julio. En este contexto ocurrió el tiroteo del sábado a las 6 am. El primer parte indica que murieron quince irregulares. Pero este dato es cuando menos impreciso. El relato ya citado y los conocidos con posterioridad, emitidos por distintos despachos, no aportan detalles sobre la identidad de los subversivos muertos. La imprecisión llegó al punto en que las primeras informaciones equivocaban los componentes a los que pertenecían los dos oficiales subalternos fallecidos. Las cosas se aclararon al final del sábado, luego del traslado de los cadáveres en helicóptero al hospital militar de San Cristóbal. Murieron el primer teniente de la Aviación Augusto David Linares Delgado, el teniente de la misma fuerza Miguel Ángel Mora García, el sargento mayor de tercera del Ejército Gabriel Alexander Pérez Silva y el sargento segundo Reiber David Chirino Reyes. Fueron heridos el sargento mayor de tercera del Ejército Franklin Enrique Ruiz Ramírez, el cabo segundo Fernando de Jesús Belisario y el cabo primero Álvaro Gilberto Gregorio. Curiosamente, todos ellos fueron impactados en extremidades superiores. Hasta el momento de la divulgación de esta nota (18 horas después del tiroteo), los voceros de la Fuerza Armada no habían divulgado una versión oficial. Un retardo mucho más prolongado que el visto en noviembre de 2018, cuando una célula del Ejército de Liberación Nacional emboscó y mató a tres efectivos de la Guardia Nacional en las afueras de Puerto Ayacucho. Por ende, se confirma el patrón de silencio oficial cuando se trata de sucesos que, en las primeras de cambio, son atribuidos a grupos irregulares cuya afinidad con el régimen es evidente. No se olvide que los líderes de las nuevas FARC, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, han sido invitados públicamente a permanecer en suelo venezolano.

Este mes salió a los anaqueles -reales y virtuales- la última obra del periodista Tom Burgis: Kleptopia, How Dirty Money is Conquering the World (New York, 2020). Podríamos traducirlo como Kleptopia, cómo el dinero sucio está conquistando al mundo. El autor de origen inglés ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la investigación de la fuente de economía y finanzas, no solo en su tierra natal sino también en EEUU y países de Africa y Suramérica, con el Financial Times como su principal tribuna. En Kleptopia, Burgis relata cómo se produjo la convergencia entre elementos de la política y la delincuencia organizada de los países del antiguo bloque soviético durante las primeras dos décadas del siglo XXI, con Kazakstán como principal centro de operaciones, gracias a la figura de quien fuera su primer gobernante de la era post soviética hasta 2019, Nursultan Nazarbayev. Hoy en día, sigue siendo considerado el hombre fuerte, al detentar la presidencia vitalicia del Consejo de Seguridad. Nazarbayev, nos relata Burgis, se erigió prácticamente en el principal magnate kazako, gracias al expolio sistémico de las mayores empresas, empezando por las estatales del área energética y continuando con las privadas, a las que cooptaba mediante la combinación de presiones a través de los órganos represivos y de supervisión fiscal, persecución física de sus representantes y, en última instancia, las ventas forzadas de sus activos a compañías dominadas por él. En las páginas de Kleptopia, el lector se pasea por Moscú, Almaty, Nueva York y, desde luego, Londres, cuya City nuevamente es señalada como la receptora de los fondos sucios de Europa, Asia y parte de Africa, antes y después de la crisis financiera de 2008.  En el caso del régimen kazako, como en otros tantos aquí y allá, se aseguraron prolongada impunidad a sus reiteradas violaciones a los derechos civiles, fronteras adentro, gracias al pleno respaldo ofrecido a los líderes de la “guerra mundial contra el terrorismo”. Mientras tanto, robaban lo que podían, mataban o enviaban al exilio a quienes representasen algún riesgo para su permanencia en el poder. Una fórmula conocida, aunque desde luego guardando las distancias. Kleptopia no es un relato optimista. No hay finales felices ni propaganda. Es, en cambio, un cuadro de crudo realismo, que nos revela cómo algunos países «democráticos» se hacen de la vista gorda para buscar en el dinero mal habido un salvavidas a sus golpeadas finanzas, a un alto costo, que termina pagando el ciudadano común. El libro está disponible en formato electrónico.