Operación Levantamiento de la Popularidad

Crímenes sin castigo | 26 de julio de 2015

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*Las incursiones militares y policiales iniciadas en todo el país para erradicar a las bandas criminales tienen muy poco de rescate de la institucionalidad y mucho de propaganda electoral

De repente, al gobierno del presidente Nicolás Maduro le preocuparon las bandas criminales. De la noche a la mañana el tema de la inseguridad ciudadana, que apenas ocupó un discreto séptimo lugar en sus prolongadas intervenciones públicas del año 2014, ahora compite en su mapa mental con la “guerra económica” y el despojo guyanés.

Un primer intento de lo que anunciaban sus palabras fue la redada en el sector San Vicente del estado Aragua, el 13 de mayo, con un saldo de tres muertos y 836 “retenidos”. Luego quedarían solamente dieciséis, al pasar por la criba del Ministerio Público. Participaron desde policías estatales hasta soldados del Ejército y la Guardia Nacional. Todo un despliegue pomposo para un saldo que terminó diluido como sal en agua. Tanto que pocos días después fue necesario reproducir la actividad en el mismo lugar, aunque sin tanta propaganda del Sibci.

La incursión en la Cota 905, llevada a cabo un mes después, tuvo más muertos (16), menos “retenidos” (134) y mucha más proyección noticiosa pues ocurrió en el corazón del municipio Libertador. De allí que algunos analistas lo llamen el “Cotazo”, en reminiscencia de la sorpresiva jugada de Maduro contra la cadena de tiendas Daka, que en 2013 le valió un importante repunte en las encuestas (cinco puntos según Datanálisis).

Durante la redada, 134 detenidos. Sólo quedarían 16

Y eso es precisamente lo que Maduro busca con la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP): recuperar aunque sea un pequeño porcentaje de aquellos seguidores que le dejó en herencia su “padre político” Hugo Chávez. Olvidémonos del rescate de la institucionalidad, del abatimiento de la impunidad y del retorno de la tranquilidad a las calles del país. Lo que vemos son acciones para mostrar “mano dura” frente al hampa, y ponerse así en sintonía con las encuestas que colocan a la delincuencia como la segunda preocupación de los venezolanos afectos a todas las corrientes políticas, sólo superada por el desabastecimiento unido a la inflación.

Para dar la impresión de “mano dura” no hace falta un plan o proyecto, no hay que explicar un antes y un después. Sólo mostrar las armas, los francotiradores con pasamontañas, las tanquetas y helicópteros, patear algunas puertas y dejar que los policías salden las cuentas pendientes.

Como los problemas económicos del país parecieran insolubles para el actual régimen, se inició una campaña de acciones relámpago tipo blitzkrieg, para dar a entender que aquí por lo menos había la intención de hacer algo, para que así los electores no se la cobren tan cara al Gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre.

Al respecto se recoge aquí parte de unas reflexiones del criminólogo Keymer Avila, ex asesor del Consejo Nacional de Policía, a propósito de lo ocurrido en la Cota 905: “El problema de la inseguridad ciudadana (,,,) sirve como receptáculo para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica (inflación y escasez), la laboral, la política, la institucional. Es más fácil ejecutar a unas cuantas personas (delincuentes o no, eso es lo de menos) que dar respuestas a través de la transformación económica y productiva del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado”.

Si este Gobierno estuviera comenzando, uno le daría por lo menos el beneficio de la duda. Pero en las actuales circunstancias a Maduro y su equipo le resultará muy difícil escurrir el bulto. La explosión de criminalidad que cruza a toda Venezuela, aparejada al surgimiento de las llamadas “megabandas”, es simplemente el producto de una cadena de desaciertos entre los que se cuentan (sin ser exhaustivos) la partidización de los cuerpos de seguridad y del sistema de justicia; el aislamiento internacional que hace del país territorio apetecido por las más variadas expresiones de la delincuencia organizada, propia y foránea; la desastrosa ejecución del “nuevo modelo policial”; el fortalecimiento político y económico de los colectivos armados aunado a la militarización del aparato de seguridad y, como guinda para el pastel, la puesta en marcha del programa de las “zonas de paz”, donde los grupos criminales han encontrado terreno fértil para operar con impunidad y diversificar sus áreas de acción.

En otras palabras, el Gobierno ahora pretende erigirse en la solución de una crisis generada por sus propias contradicciones y desaciertos acumulados en quince años.

Chávez podía despachar estos problemas echándole la culpa al ministro de turno. Su popularidad era tan grande que crecía a pesar de sus propios errores. Y en materia de seguridad ciudadana fueron recurrentes. La gente terminaba atribuyendo el auge de la criminalidad al matón de la esquina, al policía corrupto o la “falta de valores”. La responsabilidad se atomizaba. Incluso los chavistas se culpaban a ellos mismos por haber estado al lado de un hampón en mal lugar y peor hora. Pero con Maduro esta realidad ha cambiado. Ya desde mediados del año pasado las encuestas comenzaban a asomar un creciente descontento que le asigna directamente a él la culpa por el hampa sin freno.

En este contexto se desarrolla la OLP. No obstante, se debe tomar en cuenta que estas razzias, más propias de los tiempos en que estaba vigente la Ley de Vagos y Maleantes, impactan de manera negativa a las comunidades en las que se llevan a cabo. Muchas de ellas fueron consecuentes seguidoras del oficialismo. Basta con ver las manifestaciones frente a la Fiscalía de madres indignadas porque a sus hijos los tildaron de “paramilitares” pues tuvieron la mala suerte de estar en las calles de la Cota 905 cuando llegaron los policías.

El día en que ocurrió la toma de este sector los comercios de todos los alrededores cerraron, el transporte público no prestó servicio y nadie (salvo el líder de la megabanda del lugar, alias Coki) podía entrar ni salir. La gente común se preguntaba por qué tenían que pagar por los delitos de unos pocos. Igual ha ocurrido en los Altos Mirandinos, y seguramente en otros lugares donde las quejas han sido acalladas por la censura y la autocensura.

Luego, sobre la marcha, en el Ejecutivo se dieron cuenta de que había necesidad de improvisar algún plan para que la operación no se quedara en redada, para que la gente creyera que seguían algún modelo como el aplicado en las favelas de Río de Janeiro. Una semana después, el alcalde Jorge Rodríguez anunció que por órdenes presidenciales se instalaría “de manera definitiva” en la zona. Esto está por verse. Cabría preguntarse si esta orden presidencial será la misma en aquellos lugares donde los alcaldes o los gobernadores no estén alineados con el oficialismo.

Una última reflexión, pero no por eso menos importante. Creemos que estas operaciones están destinadas al fracaso, entre otras razones pues no parten de la legalidad. ¿Le mostraron a los residentes de la Cota 905 o de los Valles del Tuy aunque sea una orden de allanamiento debidamente expedida y razonada por un juez de control? Acciones en flagrancia no eran, pues al menos en el caso de la barriada caraqueña se sabe que tenían días planificándola. En este punto uno recuerda lo señalado por el ex juez español Baltazar Garzón: el Estado no se puede imponer desde la violación de las normas. Por el contrario, tiene que hacerlo reivindicando el cumplimiento riguroso de las leyes. Nada de esto vimos en la OLP. Y lo peor de todo es que una porción de la población directamente afectada por estas incursiones policiales y militares está dispuesta a avalar con su silencio la matanza. Por supuesto, siempre y cuando los cadáveres no sean los de su hermano o su hijo.

Breves

*El homicidio del ex oficial de la Policía del Municipio Sucre Gustavo Enrique Pulido se dirige a engrosar la lista de crímenes impunes. Un ataque armado efectuado a plena luz del día (era el sábado 18 de julio a eso de las 2 pm) ante por lo menos 3 testigos presenciales y una cámara de vigilancia instalada en el estacionamiento del Unicentro El Marqués probablemente será tapado por otros tantos asesinatos de más fácil resolución, que sí ocuparán las energías de los detectives de CICPC, presionados por incrementar la famosa “efectividad”. Pulido era jefe de escoltas de un empresario venezolano de origen portugués, ex concesionario del Mercado Mayor de Coche, cuya riqueza creció notablemente durante los últimos años. El comerciante, copropietario de dos restaurantes de Las Mercedes, fue detenido en abril de 2013 en La Romana, República Dominicana, cuando intentaba salir de esa isla con más de 165.000 dólares en efectivo, junto a otras cinco personas. El dinero supuestamente estaba destinado a saldar una cuantiosa deuda con un socio venezolano. Días después quedó en libertad, pero no pudo llevarse el dinero. Compromiso pendiente, conflicto en ciernes. En junio, CICPC y PoliHatillo atendieron un extraño incidente en una quinta de la calle P3 de La Lagunita. Lanzaron una granada a la fachada del inmueble y luego dejaron allí una corona de flores, similar a las usadas en los funerales, con el nombre del deudor. El mensaje estaba muy claro. Desde entonces, Pulido había contactado a varios profesionales de la seguridad para fortalecer la protección del empresario. Fue cuando lo mataron. Este contexto es bien conocido por la policía judicial. Una de las teorías de investigación es que al ex PoliSucre le dieron 10 tiros para enviar un nuevo mensaje a quien era su empleador. Esto indica, entre otras cosas, que la disputa es entre grupos que se consideran a sí mismos intocables.

*El 21 de julio, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) publicó una segunda lista de aeronaves declaradas en “abandono” tras la ejecución de la operación Cielo Soberano, motivo de profusa propaganda a través de los medios oficiales. Esta lista difiere de la primera pues aparentemente fueron liberadas cuatro avionetas. Ahora, el Estado tiene en custodia 1064 aeronaves. Para que sus legítimos dueños puedan recuperarlas deberán presentar “escritos razonados” que comprueben la propiedad. Además, tendrán que cancelar el equivalente a mil unidades tributarias “por omitir información a la autoridad aeronáutica nacional”. No está claro qué ocurrirá si el Gobierno llegase a considerar definitivo el abandono de estos vehículos. ¿Los subastarán como se hacía anteriormente o tendrán el mismo destino que otros bienes incautados, que luego son destinados al uso personal de altos y no tan altos funcionarios? Quien tenga dudas que revise las denuncias sobre la entrega subrepticia a civiles y militares de los yates decomisados en procedimientos de drogas.

*El 17 de julio comenzó a divulgarse en las grandes unidades militares del país la orden de ejecución del “Plan para el Llamado a la Reserva Activa”. Una circular anunció que en la Fuerza Armada Nacional quieren “tener localizados a todos los ciudadanos y ciudadanas que han pasado a esta situación y de esta manera ser convocados y llamados a filas ante una situación irregular que pudiera presentarse en nuestra República Bolivariana de Venezuela y por ende en su área jurisdiccional”. Las dependencias castrenses deberán efectuar “las coordinaciones necesarias a fin de que estos combatientes participen en ejercicios de entrenamiento”. La situación, por lo tanto, es más delicada de lo que públicamente se conoce. Los militares no sólo estarían previendo un rebrote de la conflictividad interna. El conflicto con Guyana, reactivado por el presidente Maduro en época preelectoral, por ahora se mantiene en el plano meramente diplomático. No obstante, es claro que esta escalada podría trasladarse a otros ámbitos. Desde el punto de vista teórico y legal, en tiempos de conflicto armado los reservistas son llamados a filas cuando se considera que deben complementar el pie de fuerza de los distintos componentes. Este principio quedó plasmado en un decreto presidencial emitido en abril de 2005, que establece que el Comando de la Reserva tiene entre sus funciones “proporcionar reemplazos entrenados y especializados a las unidades activas y de la Reserva Nacional empeñadas en operaciones de combate”.

La cabeza, tapada con una sábana

*Honda conmoción causó en el oriente del país la colocación de la cabeza de un hombre al pie del busto del prócer Francisco de Miranda en Pariaguán, estado Anzoátegui, durante la madrugada del 14 de julio. Es la primera vez que un hecho con semejante carga simbólica ocurre en el país. Sugiere un proceso de “mexicanización” de la criminalidad venezolana. En México ciertos homicidios son cometidos con la clara intención de transmitir mensajes en distintas direcciones: a las comunidades donde ocurren, a los policías y militares y especialmente a los integrantes de grupos rivales. Los cadáveres amanecen guindados de puentes, desmembrados, quemados y a menudo cubiertos con lo que se ha llamado en ese país “narcomantas” o mensajes escritos sobre telas. Más que cadáveres son advertencias. Estos casos generalmente son catalogados como “crímenes de delincuencia organizada”. Según el autor Ioan Grillo obedecen a un proceso de “insurgencia criminal”, es decir, violencia de grupos hamponiles con ribetes de terrorismo. En Pariaguán, la cabeza fue dejada al pie de la estatua precisamente cuando se iban a celebrar en esa plaza diversos actos para conmemorar los 199 años de la muerte de Miranda. La víctima de este caso fue identificada como Rosalio Gamboa, alias Roso, de 27 años de edad, señalado extraoficialmente como integrante de una banda dedicada al abigeato y el robo de vehículos. La policía judicial lo vinculó con cuatro homicidios. El último de ellos fue reportado dos días antes del hallazgo del decapitado. Hubo dos fallecidos: José Miguel Sumoza, obrero de taladros de Pdvsa de 28 años de edad, y Rafael Augusto Azócar, de 52 años. Ambos murieron luego de recibir múltiples disparos en un terreno baldío de la vía Pariaguán-Valle de la Pascua. Allí fueron quemados por los propios matones. Según CICPC este doble crimen se originó por una disputa en torno a un vehículo.

Juvenal y uno de sus botines

*Escribe un habitante de Guárico, a propósito de la situación de criminalidad que se presenta en las carreteras de ese estado y del sur de Aragua. “Da temor transitar en la carretera Chaguaramas-El Sombrero-Barbacoas-Camatagua. Allí el Estado dejó de ejercer autoridad en ese territorio inmenso, dejándolo en manos del hampa”, señala. En ese lugar se ha enseñoreado la organización de Juvenal, ya referida en otras entregas. Según el remitente, este hombre es ampliamente conocido en el sector. No se esconde. En junio fue visto junto a varios integrantes de su grupo disfrutando una jornada de toros coleados en la población de Memo, en la frontera Aragua-Guárico. Aún así las autoridades no hacen nada. “Vivimos cercenados en nuestro derecho de viajar al centro del país por la vía mas corta que tenemos y temerosos de que familiares, amigos o conocidos terminen en manos de estas bandas”, dice. Este testimonio contrasta con los discursos emitidos desde Caracas por funcionarios del Gobierno, quienes aseguran una lucha frontal contra estas bandas.

*Vienen noticias sobre el asesinato del informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y presidente de la fundación Ceotad de Carabobo Luis Rodríguez Santacruz. Este hombre de 51 años de edad fue ultimado en junio de 2007. Su cadáver fue encontrado en un costado de la autopista Valencia-Campo de Carabobo. Tenía huesos rotos y contusiones que evidenciaban una prolongada tortura, además de 15 disparos en la boca y otras partes del cuerpo, señal inequívoca de que le cobraban haber delatado alguna operación de drogas. Rodríguez Santacruz fue víctima de una celada que le tendieron personas conocidas por él, quienes lo convencieron vía telefónica para que saliera de su vivienda y se introdujera en un vehículo. Más nunca lo vieron con vida. El caso era investigado por la fiscalía 11 de Carabobo, pero desde luego los autores del crimen continúan impunes. La ex presidenta de la Conacuid Mildred Camero señaló en una entrevista hecha por el periodista Héctor Landaeta que en este crimen estaban involucrados militares y policías del aparato de inteligencia del momento.