Parlamentarios curazoleños debaten el caso de los pescadores detenidos en Falcón

Conflictos

3520 personas fueron detenidas en 2020 por delitos de tráfico, posesión y consumo de drogas. Esta cifra, conocida de manera extraoficial, representa una disminución con respecto a los años anteriores. Aun así, implica una carga importante para los ya saturados centros de detención del país. Los presos por delitos de drogas, en especial los señalados de tráfico o transporte de estas sustancias, son presas permanentes de la extorsión desde todos los flancos: jueces, fiscales, custodios, abogados. Tienen que pagar hasta por el agua que van a consumir y el suelo donde van a dormir. Estos casos generalmente no trascienden al conocimiento público. Sin embargo, uno ha sido motivo de debate en el Parlamento de Curazao. La historia comenzó en marzo del año pasado cuando efectivos de Guardacostas aprehendieron a cuatro isleños y a un venezolano que iba con ellos a comprar un cargamento de pescado en Aves de Sotavento. Primero, les elaboraron un expediente por “tráfico de materiales estratégicos”, puesto que llevaban bidones de diésel para poder hacer el viaje. Pero posteriormente añadieron cargos por tráfico de drogas, en virtud de una supuesta prueba de orientación (narcotest) aplicada a las lanchas. Los detenidos se habían adaptado a la vida en una estación de la PNB en Falcon, pues tenían la esperanza de una rápida solución, hasta que se les terminó el dinero en medio de una pandemia que mantiene paralizados a los tribunales. Entonces, comenzó en Curazao una colecta para pagar la manutención de los cinco detenidos por este caso. El asunto fue motivo de debate en el parlamento de esta isla, y  llegó incluso a oídos de la embajada del Reino de los Países Bajos. En febrero enviaron a miembros del servicio consular para constatar el estado de salud de los pescadores.